Tribunal = Constitucional

From: Subject: Tribunal Constitucional Date: Sat, 29 Dec 2007 02:35:57 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C849C3.8A96D410" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C849C3.8A96D410 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2007/STC2007-236.html Tribunal = Constitucional

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STC 236/2007, de 7 de noviembre de = 2007

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por = do=F1a Mar=EDa=20 Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jim=E9nez = S=E1nchez,=20 don Vicente Conde Mart=EDn de Hijas, don Javier Delgado = Barrio, do=F1a=20 Elisa P=E9rez Vera, don Roberto Garc=EDa-Calvo y Montiel, = don Eugenio=20 Gay Montalvo, don Jorge Rodr=EDguez-Zapata P=E9rez, don = Ram=F3n Rodr=EDguez=20 Arribas, don Pascual Sala S=E1nchez, don Manuel Arag=F3n = Reyes y don=20 Pablo P=E9rez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de inconstitucionalidad n=FAm. 1707-2001, = interpuesto=20 por la Letrada del Parlamento de Navarra do=F1a Nekane = Iriarte Amigot,=20 contra diversos preceptos de la Ley Org=E1nica 8/2000, de 22 = de=20 diciembre, de reforma de la Ley Org=E1nica 4/2000, de 11 de = enero,=20 sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa=F1a y = su=20 integraci=F3n social. Ha comparecido el Abogado del Estado. = Ha sido=20 Ponente la Presidenta do=F1a Mar=EDa Emilia Casas Baamonde, = quien=20 expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1.Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de = marzo de=20 2001, la Letrada del Parlamento de Navarra, actuando en = nombre y=20 representaci=F3n de la C=E1mara, en virtud de los Acuerdos = del Pleno y=20 de la Mesa de 23 y 22 de marzo, respectivamente, interpuso = recurso=20 de inconstitucionalidad contra los puntos 5, 6, 7, 9, 12, = 13, 14,=20 16, 20, 50, 53 y 56 del art=EDculo primero de la Ley = Org=E1nica 8/2000,=20 de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Org=E1nica 4/2000, = de 11 de=20 enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en = Espa=F1a y su=20 integraci=F3n social.

En el escrito rector de este proceso constitucional la=20 impugnaci=F3n de la referida Ley Org=E1nica se fundamenta en = las razones=20 que a continuaci=F3n se exponen sucintamente:

a) Una vez desarrollados los fundamentos de Derecho de = orden=20 procesal, en los que se afirma la legitimidad del Parlamento = de=20 Navarra para interponer el presente recurso, y el = cumplimiento del=20 plazo para presentarlo, se inician los fundamentos de orden=20 sustantivo con el examen de los distintos preceptos = impugnados,=20 todos contenidos en el art=EDculo primero de la Ley = Org=E1nica 8/2000,=20 de 22 de diciembre.

El primer precepto recurrido es el punto 5 de dicho = art=EDculo, que=20 da una nueva redacci=F3n al apartado 1 del art. 7 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, en el que se reconoce a los extranjeros el derecho = de=20 reuni=F3n pero somete su ejercicio a la circunstancia de = haber=20 obtenido autorizaci=F3n de estancia o residencia en = Espa=F1a. Seg=FAn la=20 representaci=F3n del Parlamento de Navarra el precepto es = contrario al=20 art. 21 CE en conexi=F3n con la Declaraci=F3n universal de = los derechos=20 humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y = pol=EDticos=20 (1966), y los arts. 9, 11 y 14 del Convenio europeo para la=20 protecci=F3n de los derechos humanos y libertades = fundamentales=20 (CEDH). Seg=FAn la clasificaci=F3n que realiz=F3 la STC = 107/1984, el=20 derecho de reuni=F3n se configura como un derecho de la = persona en=20 cuanto tal, derivado de la dignidad humana (art. 10 CE), y = por tanto=20 no admite distinci=F3n en su ejercicio entre espa=F1oles y = extranjeros.=20 Al limitar su ejercicio efectivo a quienes hayan obtenido=20 autorizaci=F3n de estancia y residencia en Espa=F1a, el = precepto=20 impugnado establece una diferencia esencial de trato que = carece de=20 cobertura constitucional por ser incompatible con la = configuraci=F3n=20 del derecho como manifestaci=F3n colectiva de la libertad de = expresi=F3n=20 ejercitada a trav=E9s de una asociaci=F3n transitoria (STC = 85/1988).

b) El punto 6 del art=EDculo primero da nueva redacci=F3n = al art. 8=20 de la Ley Org=E1nica 4/2000, reconociendo a todos los = extranjeros el=20 derecho de asociaci=F3n, si bien restringe su ejercicio a la = obtenci=F3n=20 de la autorizaci=F3n de estancia y residencia en Espa=F1a. = La parte=20 recurrente denuncia la inconstitucionalidad del precepto = bas=E1ndose=20 en fundamentos id=E9nticos a los establecidos en el punto = anterior,=20 invocando la STC 115/1987 que se=F1ala los l=EDmites del = legislador para=20 establecer condicionamientos adicionales al ejercicio de = derechos=20 por parte de los extranjeros de acuerdo con el art. 13.1 = CE.

c) El punto 7 del art=EDculo primero da nueva redacci=F3n = al apartado=20 3 del art. 9 de la Ley Org=E1nica 4/2000, estableciendo el = derecho a=20 la educaci=F3n de naturaleza no obligatoria s=F3lo para los = extranjeros=20 residentes. El precepto vulnerar=EDa el art. 27.1 CE en = relaci=F3n con=20 el art. 39.4 CE, el art. 28 de la Convenci=F3n de las = Naciones Unidas=20 sobre derechos del ni=F1o, y el art. 26 de la Declaraci=F3n = universal de=20 los derechos humanos al impedir de facto el acceso a la = ense=F1anza no=20 b=E1sica a los extranjeros menores de dieciocho = a=F1osdieciocho a=F1os que=20 no tengan residencia legal en Espa=F1a. El art. 27.1 CE = consagra el=20 derecho del ni=F1o a ser escolarizado, lo que comprende = tanto la=20 ense=F1anza b=E1sica como la no b=E1sica (art. 1 Ley = Org=E1nica del derecho=20 a la educaci=F3n), que forma parte del contenido esencial de = este=20 derecho.

d) El punto 9 del art=EDculo primero da nueva redacci=F3n = al art.=20 11.1 de la Ley Org=E1nica 4/2000, que reconoce la libertad = sindical de=20 los extranjeros en las mismas condiciones que los = espa=F1oles, la cual=20 podr=E1n ejercer cuando obtengan autorizaci=F3n de estancia = o residencia=20 en Espa=F1a. A juicio de la entidad recurrente el precepto = vulnera el=20 contenido esencial del derecho reconocido en el art. 28.1 = CE, y es=20 contrario a lo establecido en el art. 23.4 de la = Declaraci=F3n=20 universal de los derechos humanos, al art. 22 del Pacto=20 internacional de derechos civiles y pol=EDticos, y al art. = 11 CEDH. El=20 art. 28.1 CE consagra el derecho a afiliarse al sindicato de = su=20 elecci=F3n tanto a espa=F1oles como a extranjeros, y por = ello ser=EDa=20 contrario a la Constituci=F3n que se prohibiera su ejercicio = a quienes=20 no obtuvieran autorizaci=F3n de estancia o residencia en = Espa=F1a. Por=20 otra parte, al contrario de lo que ocurre con el derecho de = huelga,=20 el ejercicio del derecho a la libertad sindical no requiere = la=20 condici=F3n laboral de su titular. No cabe argumentar, pues, = que los=20 titulares del derecho a la libertad sindical sean s=F3lo los = trabajadores, y que s=F3lo a estos alcanzan los beneficios = derivados=20 de su afiliaci=F3n.

e) Los puntos 12 y 13 del art=EDculo primero de la Ley = impugnada=20 dan nueva redacci=F3n a los arts. 16.2, 17.2 y 18.4 de la = Ley Org=E1nica=20 4/2000, relativos a la intimidad familiar y al = reagrupamiento=20 familiar, remitiendo a su posterior desarrollo = reglamentario. Dicha=20 remisi=F3n =93en blanco=94 se reputa inconstitucional por = ser contraria a=20 los arts. 18 y 81.1 CE, ya que los preceptos reformados = tienen rango=20 de Ley Org=E1nica (seg=FAn la disposici=F3n final primera de = la Ley=20 Org=E1nica 4/2000), y sin embargo las condiciones de = ejercicio del=20 derecho que regulan se remite a la v=EDa reglamentaria, = vulnerando la=20 reserva de Ley Org=E1nica establecida en la misma = Constituci=F3n. La=20 remisi=F3n reglamentaria de las condiciones de ejercicio del = derecho=20 afecta a su contenido y l=EDmites, y no a aspectos = secundarios del=20 mismo, incumpliendo as=ED las exigencias sobre el alcance de = dichas=20 remisiones, tal como han sido interpretadas por el Tribunal=20 Constitucional (STC 83/1984).

f) El punto 14 del art=EDculo primero da nueva = redacci=F3n al inciso=20 final del apartado 2 del art. 20 (antes 18) y al apartado 5 = del art.=20 27 (antes 25) de la Ley Org=E1nica 4/2000, preceptos que = permiten en=20 algunos supuestos (cuando no se refieran a reagrupaci=F3n = familiar o=20 solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena) que no se = motive=20 el acuerdo de denegaci=F3n de visado. Se denuncia que tales = preceptos=20 son contrarios a los arts. 24.1 en relaci=F3n con el art. = 9.3 y 106.1=20 CE por cuanto no se exige la motivaci=F3n de una = resoluci=F3n=20 administrativa, impidiendo su control jurisdiccional, = menoscabando=20 el derecho de defensa y alentando el car=E1cter arbitrario = de las=20 decisiones de la Administraci=F3n.

g) El punto 16 del art=EDculo primero de la Ley impugnada = da nueva=20 redacci=F3n al apartado 2 del art. 22 (antes 20) de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, regulando la asistencia jur=EDdica gratuita. El = precepto, que=20 limita la asistencia jur=EDdica gratuita para todos los = procedimientos=20 y jurisdicciones a los extranjeros residentes, se reputa = contrario=20 al art. 119 en relaci=F3n con el art. 24.1 CE, as=ED como a = los arts. 2=20 y 10.1 CE, al art. 10 de la Declaraci=F3n universal de los = derechos=20 humanos, al art. 14.1 del Pacto internacional de derechos = civiles y=20 pol=EDticos, y al art. 6.1 CEDH. La nueva redacci=F3n = introduce una=20 limitaci=F3n a un derecho prestacional y de configuraci=F3n = legal que=20 forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela = judicial=20 efectiva consagrado en el art. 24 CE, y que supone de facto = impedir=20 el acceso a la jurisdicci=F3n y el derecho a la tutela = judicial=20 efectiva de aquellos extranjeros no residentes que carezcan = de=20 recursos para litigar. A pesar de que el legislador puede = determinar=20 los casos y la forma en que se puede ejercer este derecho = (art. 119=20 CE), no goza de libertad absoluta sino que debe respetar el=20 contenido constitucional indisponible, seg=FAn declar=F3 la = STC=20 16/1994.

h) El punto 50 del art=EDculo primero da nueva = redacci=F3n a los=20 apartados 2 y 8 del art. 57 (antes 53) de la Ley Org=E1nica = 4/2000,=20 autorizando la expulsi=F3n de los extranjeros condenados por = conducta=20 dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa = de=20 libertad superior a un a=F1o. El precepto se juzga = inconstitucional=20 por ser contrario al art. 25.1 CE ya que supone una = infracci=F3n de=20 los principios de reeducaci=F3n y reinserci=F3n social, = as=ED como del=20 principio non bis in idem, conectado con los principios de = legalidad=20 y tipicidad de las infracciones y sanciones, al establecer = que la=20 causa de la sanci=F3n administrativa es la misma que la de = la sanci=F3n=20 penal. Se aduce, adem=E1s, que debe considerarse contraria a = la=20 Constituci=F3n una sanci=F3n penal o administrativa que = viene=20 fundamentada en una cierta =93tipolog=EDa de autor=94 y no = en la=20 realizaci=F3n de una determinada conducta prohibida.

i) El punto 53 del art=EDculo primero da nueva = redacci=F3n al art. 60=20 (antes 56) de la Ley Org=E1nica 4/2000, que regula el = internamiento de=20 los extranjeros en los supuestos de retorno. El precepto = vulnerar=EDa=20 el art. 17.1 y 2 CE, seg=FAn la interpretaci=F3n realizada = por el=20 Tribunal Constitucional (STC 115/1987), pues no garantiza = que m=E1s=20 all=E1 de las setenta y dos horas corresponda a un =F3rgano = judicial la=20 decisi=F3n sobre el mantenimiento o no de la limitaci=F3n de = libertad ya=20 que de su redacci=F3n se desprende que el Juez no tendr=E1 = posibilidad=20 de decidir otra cosa distinta al internamiento.

j) El punto 56 del art=EDculo primero a=F1ade el art. 63 = de la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, en cuyo apartado 2 se establece un plazo = de=20 alegaciones de 48 horas en el procedimiento preferente de = expulsi=F3n=20 tras la incoaci=F3n del procedimiento sancionador. A juicio = de la=20 entidad recurrente el precepto ser=EDa inconstitucional por = vulnerar=20 el art. 24 CE en relaci=F3n con el art. 6 del CEDH al = producir=20 indefensi=F3n, como se desprender=EDa de la jurisprudencia = del Tribunal=20 Europeo de Derechos Humanos que se cita al efecto.

Con base en los fundamentos transcritos, la = representaci=F3n del=20 Parlamento de Navarra solicita que se dicte Sentencia = declarando la=20 inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.

2. Mediante providencia de 22 de mayo de 2001, la = Secci=F3n Segunda=20 del Tribunal acord=F3 admitir a tr=E1mite el presente = recurso de=20 inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los = documentos=20 presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso = de los=20 Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes y al=20 Gobierno, a trav=E9s del Ministerio de Justicia, al objeto = de que en=20 el plazo de quince d=EDas pudieran personarse en el proceso = y formular=20 alegaciones que estimasen pertinentes y, finalmente, = publicar la=20 incoaci=F3n del recurso en el =93Bolet=EDn Oficial del = Estado=94. Dicha=20 publicaci=F3n se llev=F3 a efecto en el =93Bolet=EDn Oficial = del Estado=94=20 n=FAm. 131, de 1 de junio de 2001.

3. Por escrito registrado el 31 de mayo de 2001, el = Abogado del=20 Estado, en la representaci=F3n que ostenta, compareci=F3 en = el proceso y=20 solicit=F3 una pr=F3rroga del plazo para alegaciones por = ocho d=EDas m=E1s,=20 que le fue concedida por providencia de la Secci=F3n Segunda = del=20 Tribunal, de 5 de junio de 2001.

4. Por escrito registrado el 8 de junio de 2001, la = Presidenta=20 del Congreso de los Diputados comunic=F3 que la Mesa de la = C=E1mara=20 hab=EDa acordado, en la reuni=F3n celebrada el 5 de junio, = no personarse=20 ni formular alegaciones en el presente proceso = constitucional,=20 poniendo a disposici=F3n del Tribunal las actuaciones de la = C=E1mara que=20 pueda precisar.

5. Mediante escrito presentado el 15 de junio de 2001, la = Presidenta del Senado comunic=F3 que la Mesa de la C=E1mara, = en su=20 reuni=F3n del d=EDa 5 de junio, hab=EDa acordado dar por = personada a la=20 C=E1mara en este procedimiento y por ofrecida su = colaboraci=F3n a los=20 efectos del art. 88.1 LOTC.

6. El Abogado del Estado cumpliment=F3 el tr=E1mite = conferido=20 mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal = el 26 de=20 junio de 2001, en el que suplica que, previos los tr=E1mites = legales,=20 se dicte Sentencia por la que se desestime el recurso de=20 inconstitucionalidad contra la Ley Org=E1nica = 8/2000.

a) El=20 escrito se inicia con una consideraci=F3n previa se=F1alando = que nuestra=20 Constituci=F3n no establece una equiparaci=F3n absoluta en = materia de=20 derechos fundamentales entre extranjeros y nacionales, ya = que el=20 art. 13.1 CE prev=E9 la posibilidad de establecer un = r=E9gimen especial,=20 y por otro lado, ello no puede deducirse de las expresiones=20 utilizadas en los preceptos constitucionales, ni siquiera=20 poni=E9ndolos en conexi=F3n con los arts. 53.1 y 10 CE. En = relaci=F3n con=20 el primero, porque del mismo no se infiere el =E1mbito = subjetivo de=20 los derechos fundamentales, ya definidos en los textos=20 correspondientes, sino unas medidas de garant=EDa de un = derecho=20 preexistente. En relaci=F3n con el segundo, porque a pesar = de que la=20 jurisprudencia constitucional ha aplicado el art. 10 CE para = se=F1alar=20 aquellos derechos que son imprescindibles para garantizar la = dignidad humana, nunca ha afirmado que todos los derechos=20 fundamentales se hayan de aplicar con igual extensi=F3n a = todos, al=20 margen de su nacionalidad. La generalizaci=F3n de la = equiparaci=F3n=20 entre espa=F1oles y extranjeros hace quebrar la = argumentaci=F3n de la=20 demanda, que va en contra del criterio sostenido por el = Tribunal=20 Constitucional (STC 107/1984), y de ah=ED que no pueda = aceptarse la=20 afirmaci=F3n de que los derechos de reuni=F3n, asociaci=F3n, = sindicaci=F3n y=20 huelga son derechos propios de la dignidad humana.

b) A continuaci=F3n, el Abogado del Estado se=F1ala que = al plantear=20 el principal problema constitucional que suscita el presente = recurso, a saber, si el legislador org=E1nico ha excedido su = capacidad=20 al establecer restricciones a los derechos de los = extranjeros, la=20 parte recurrente ha olvidado tener en cuenta la virtualidad = del=20 ordenamiento jur=EDdico al configurar la situaci=F3n = jur=EDdica de=20 aqu=E9llos cuando se encuentran en territorio espa=F1ol. Las = impugnaciones formuladas, a su juicio, habr=EDan atendido = escasamente=20 al presupuesto general de aplicaci=F3n de la legislaci=F3n = espa=F1ola (el=20 derecho de permanencia en el territorio espa=F1ol), = abordando los=20 derechos fundamentales como derechos extraterritoriales con = vigencia=20 universal independientemente de cualquier conexi=F3n = territorial. De=20 este modo, se habr=EDa olvidado que el derecho a residir y = circular=20 dentro de las fronteras del Estado no son derechos = imprescindibles=20 para la dignidad humana, y por tanto, no pertenecen a todas = las=20 personas en cuanto tales al margen de su condici=F3n de = ciudadano=20 (SSTC 107/1984; 94/1993).

Los preceptos impugnados, reguladores de los derechos de = reuni=F3n,=20 manifestaci=F3n y asociaci=F3n, no niegan a los extranjeros = el disfrute=20 de las libertades p=FAblicas que corresponden a los = espa=F1oles sino que=20 condicionan su ejercicio a la obtenci=F3n de la = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a. Ello no implica que el = ejercicio de=20 estos derechos supuestamente preexistentes se vea supeditado = a una=20 ocasional autorizaci=F3n administrativa, sino que la = autorizaci=F3n=20 tiene un significado constitutivo de un derecho de = configuraci=F3n=20 legal, que nace con la propia autorizaci=F3n, dado que = ning=FAn=20 extranjero tiene un derecho propio a residir o circular en = Espa=F1a.=20 En el presente recurso no se ha impugnado ninguno de los = preceptos=20 de la Ley que condicionan la estancia o residencia en = Espa=F1a al=20 cumplimiento de los requisitos legales (art. 25), ni se ha=20 cuestionado el reverso de estas normas, es decir, la = irregularidad o=20 ilicitud de las situaciones que por falta de autorizaci=F3n = determinan=20 el deber de abandonar el territorio. Y si el presupuesto del = ejercicio de los derechos fundamentales es la estancia o = residencia=20 en Espa=F1a, resulta dif=EDcil reconocer estos derechos en = quienes no=20 deben estar en territorio espa=F1ol. Los preceptos = impugnados vienen a=20 expresar una incompatibilidad material entre la situaci=F3n = legal de=20 los extranjeros no autorizados a estar o residir y el = presupuesto=20 pr=E1ctico de estos derechos, que es la residencia en = Espa=F1a. El=20 legislador, haciendo uso de las facultades de = configuraci=F3n legal=20 (art. 13.1 CE) habr=EDa optado por una alternativa = plenamente ajustada=20 a la Constituci=F3n: definir los t=E9rminos en que los = extranjeros=20 pueden ejercitar determinados derechos fundamentales, = excluyendo a=20 quienes con su presencia en Espa=F1a empiezan por vulnerar = la propia=20 ley espa=F1ola. No resulta pues consecuente admitir como = leg=EDtima la=20 expulsi=F3n del territorio, y al mismo tiempo combatir una = restricci=F3n=20 de derechos cuyo ejercicio y efectividad s=F3lo es = concebible en una=20 situaci=F3n normal y regular de residencia en Espa=F1a.

c) Las anteriores consideraciones ser=EDan aplicables a = los=20 derechos de reuni=F3n y asociaci=F3n, de cuyo ejercicio se = excluye a=20 quienes se hallen en Espa=F1a en situaci=F3n ilegal e = irregular. La=20 invocaci=F3n de la STC 115/1987 por la parte recurrente no = ser=EDa=20 pertinente para el enjuiciamiento de la Ley impugnada, ya = que en la=20 propia Sentencia se establec=EDa una distinci=F3n entre la = competencia=20 para la suspensi=F3n de las asociaciones y la legitimidad de = las=20 diferencias de tratamiento entre espa=F1oles y = extranjeros.

d) En relaci=F3n con la impugnaci=F3n de la nueva = redacci=F3n del art.=20 9 de la Ley Org=E1nica 4/2000, que reserva la educaci=F3n no = obligatoria=20 a los extranjeros =93residentes=94, el Abogado del Estado = alega que nos=20 hallamos en presencia de un derecho que presupone un cierto = grado de=20 vinculaci=F3n personal o territorial del beneficiario con = Espa=F1a y un=20 grado de justificaci=F3n presupuestaria, y por ello la = supresi=F3n de=20 aquella palabra implicar=EDa un r=E9gimen de absoluta = indiferenciaci=F3n=20 respecto de la legalidad de la situaci=F3n y del lugar de = residencia=20 f=EDsica. La expresi=F3n =93todos=94 del art. 27 CE, = prescindiendo de=20 cualquier restricci=F3n subjetiva, comprender=EDa a los = extranjeros que=20 estuviesen de hecho en territorio espa=F1ol, pero no se = sabr=EDa c=F3mo=20 podr=EDan excluirse a los que sin estarlo, pudiesen y = deseasen ser=20 beneficiarios del derecho. La pretensi=F3n de = inconstitucionalidad=20 llevar=EDa a una soluci=F3n discriminatoria en perjuicio de = los=20 extranjeros respetuosos con las leyes, que beneficiar=EDa = s=F3lo a sus=20 infractores. Por otra parte, ni la Convenci=F3n de las = Naciones Unidas=20 de 1989, ni la Declaraci=F3n universal de derechos humanos = pueden=20 interpretarse en el sentido de que haya un derecho a la = =93prosecuci=F3n=20 de la escolarizaci=F3n=94 hasta los dieciocho a=F1os puesto = que se=20 refieren a la ense=F1anza b=E1sica, primaria o elemental y = no a estudios=20 ulteriores.

e) Por lo que hace a la limitaci=F3n de los derechos de = sindicaci=F3n=20 y huelga (nueva redacci=F3n del art. 11 de la Ley Org=E1nica = 4/2000), la=20 parte demandante los sit=FAa en el =E1mbito de las = relaciones de trabajo=20 partiendo de que el trabajador extranjero, aun ilegalmente = en=20 Espa=F1a, puede ser sujeto de un contrato v=E1lido de = trabajo (art. 38.3=20 de la Ley). Para el Abogado del Estado, sin embargo, los = extranjeros=20 no autorizados para estar o residir en Espa=F1a no est=E1n = autorizados=20 tampoco para trabajar v=E1lidamente. Y ello porque = constituir=EDa un=20 absurdo irreconciliable con el sentido com=FAn permitir que = quien no=20 est=E1 autorizado a trabajar pudiera ejercer el medio de = presi=F3n sobre=20 el empresario que le otorga el derecho fundamental a la = huelga.

f) El Abogado del Estado responde a la impugnaci=F3n de = los arts.=20 16.2, 17.2 y 18.4 de la Ley Org=E1nica 4/2000, en la = redacci=F3n dada=20 por la Ley recurrida en este proceso, basada en la = violaci=F3n de la=20 reserva de Ley Org=E1nica del art. 81.1 CE, o = alternativamente, en el=20 art. 53.1 CE en relaci=F3n con el art. 18 CE. Al respecto = se=F1ala que=20 la pretendida inconstitucionalidad podr=EDa ser congruente = con la=20 impugnaci=F3n de los citados arts. 17.2 y 18.4, pero no en = relaci=F3n=20 con el art. 16.2 pues =E9ste no contiene remisi=F3n alguna = al=20 reglamento.

La disposici=F3n final primera de la Ley Org=E1nica = 8/2000, apartado=20 1, atribuye =93rango=94 de Ley Org=E1nica a los arts. 16, 17 = y 18, al=20 concebir la reagrupaci=F3n familiar como una suerte de = desarrollo del=20 derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE. A = juicio del=20 Abogado del Estado, se trata de una concepci=F3n desacertada = del=20 derecho a la intimidad, tal como ha sido concebido por la=20 jurisprudencia constitucional, ya que nuestra Constituci=F3n = no=20 reconoce un derecho fundamental a la vida familiar, en los = t=E9rminos=20 del art. 8.1 CEDH tal como ha sido interpretado por el = Tribunal=20 Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, =E9ste tampoco ha = proclamado una suerte de derecho ilimitado a la = reagrupaci=F3n=20 familiar, si no que su doctrina ha sido establecida = solamente en=20 relaci=F3n con casos de expulsi=F3n, y siempre que = entra=F1ara un riesgo=20 cierto de quebrar la vida familiar preexistente. Por otra = parte, una=20 reagrupaci=F3n familiar entendida como derecho fundamental = del=20 extranjero residente ser=EDa incompatible con el Tratado = constitutivo=20 de la Comunidad Europea [art. 63.3 a)].

Partiendo de que el derecho a la intimidad familiar no = comprende=20 el derecho del extranjero a la vida en familia, y el = consiguiente=20 derecho a la reagrupaci=F3n familiar, que son derechos de = creaci=F3n=20 legal, el =FAnico precepto que podr=EDa revestir car=E1cter = org=E1nico es el=20 art. 16.1 de la Ley. La regulaci=F3n legal de la = reagrupaci=F3n familiar=20 contenida en los dem=E1s preceptos debe concebirse como una = modalidad=20 de protecci=F3n jur=EDdica de la familia establecida en el = art. 39.1 CE,=20 en coherencia con el art. 16.3 de la Declaraci=F3n universal = de=20 derechos humanos, y el art. 23.1 del Pacto internacional de = derechos=20 civiles y pol=EDticos. Otros instrumentos internacionales, = como la=20 Carta social europea (art. 19.6), no pasan de invitar a los = Estados=20 a facilitar la reagrupaci=F3n familiar de los trabajadores=20 inmigrantes, limit=E1ndose a establecer una directriz o = principio=20 rector para los Estados contratantes. Trat=E1ndose pues del=20 cumplimiento de un mandato contenido en el art. 39.1 CE, y = no del=20 desarrollo o regulaci=F3n del ejercicio de un derecho = fundamental, no=20 opera ninguna de las dos reservas constitucionales = invocadas. La=20 err=F3nea caracterizaci=F3n como org=E1nicos de los citados = arts. 17, 18 y=20 19 no determina su invalidez sino s=F3lo la carencia de = fuerza pasiva=20 de las Leyes org=E1nicas y, por tanto, su modificabilidad = por ley=20 ordinaria.

El Abogado del Estado se=F1ala que aun suponiendo que la=20 reagrupaci=F3n familiar de los extranjeros residentes = hubiera de=20 estimarse reservada a la Ley, las llamadas al reglamento = contenidas=20 en los arts. 16.3, 17.2 y 18.4 no contradicen la doctrina = sobre la=20 colaboraci=F3n del reglamento con la Ley, contenida en = diversas=20 resoluciones de este Tribunal, puesto que con ellas no se = trata de=20 desarrollar un derecho fundamental sino de regular las = condiciones=20 accesorias para su ejercicio. En el art. 16.3 II porque = reconoce al=20 c=F3nyuge (y familiares) el derecho a conservar la = residencia que=20 hayan adquirido por =93causa familiar=94, aunque se rompa el = v=EDnculo=20 matrimonial que dio lugar a la adquisici=F3n, remitiendo al = reglamento=20 la fijaci=F3n del tiempo previo de convivencia en Espa=F1a = que se tenga=20 que acreditar en estos supuestos. En el art. 17.2 porque = dispone que=20 reglamentariamente se determinar=E1n las condiciones para el = ejercicio=20 del derecho de reagrupaci=F3n, si bien los arts. 16, 17, 18 = y 19=20 contienen una amplia regulaci=F3n legislativa del derecho de = reagrupaci=F3n familiar, que deja al reglamento una tarea de = estricto=20 complemento de la regulaci=F3n legal. Y los arts. 17.2 y = 18.4 remiten=20 al reglamento la regulaci=F3n de la reagrupaci=F3n de = segundo o ulterior=20 grado, diferenci=E1ndola de la originaria, pero es el propio = legislador quien ordena un r=E9gimen jur=EDdico diferenciado = entre ambos=20 tipos de reagrupaciones.

g) El Parlamento de Navarra impugna la nueva redacci=F3n = del art.=20 27.5 de la Ley de extranjer=EDa por vulnerar los arts. 24.1, = 9.3 y=20 106.1 CE al exigir motivaci=F3n s=F3lo para la denegaci=F3n = de visados de=20 residencia para reagrupaci=F3n familiar o para trabajo por = cuenta=20 ajena. El Abogado del Estado replica que de tal regulaci=F3n = no se=20 desprende que el precepto imponga la no motivaci=F3n en el = resto de=20 casos, y que los preceptos constitucionales invocados no = imponen=20 motivaci=F3n en todo caso de las decisiones administrativas=20 denegatorias de visados por cuanto su obtenci=F3n no es un = derecho=20 reglado del extranjero (ATC 55/1996; STC 94/1993) sino un=20 instrumento de la pol=EDtica de inmigraci=F3n que ejerce el = Estado=20 soberanamente de acuerdo con sus propios intereses y = tambi=E9n en base=20 a compromisos internacionales o de las propias pol=EDticas = de la Uni=F3n=20 Europea.

h) En relaci=F3n con la nueva redacci=F3n del art. 20 de = la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, que pasa a ser el art. 22, entiende el = Abogado del=20 Estado que el reproche se reduce a la inclusi=F3n de la = condici=F3n de=20 =93residentes=94 para obtener la asistencia jur=EDdica = gratuita (art.=20 22.2), partiendo de la doctrina constitucional sentada, = entre otras,=20 en las SSTC 16/1994; 97/2001. Al respecto, sostiene que el = art. 1.2=20 de la Ley Org=E1nica 4/2000 (en la nueva redacci=F3n dada = por el art.=20 1.1 de la Ley Org=E1nica 8/2000) establece que =93lo = dispuesto en esta=20 Ley se entender=E1 sin perjuicio de lo establecido en leyes = especiales=20 y en los tratados internacionales en que Espa=F1a sea = parte=94. Dicha=20 cl=E1usula obliga a entender que el nuevo art. 22.2 de la = Ley Org=E1nica=20 4/2000 deja a salvo las normas m=E1s beneficiosas que en = materia de=20 asistencia jur=EDdica gratuita pudieran contener los = tratados o las=20 leyes especiales, entre =E9stas el art. 2 de la Ley 1/1996, = de 10 de=20 enero, de asistencia jur=EDdica gratuita (LAJG), y por ello = no debe=20 atribuirse a aquel precepto eficacia derogatoria de las = normas=20 internas o internacionales m=E1s favorables en materia de = asistencia=20 jur=EDdica gratuita a extranjeros.

En este punto, el Abogado del Estado se remite a las = alegaciones=20 vertidas en su d=EDa en el recurso de inconstitucionalidad = 1555-1996,=20 interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el art. 2 = LAJG, en su=20 inciso =93que residan legalmente en Espa=F1a=94, planteando = si el=20 legislador espa=F1ol est=E1 constitucionalmente obligado a = asegurar la=20 asistencia jur=EDdica gratuita a los extranjeros en los = supuestos no=20 comprendidos en el art. 22 de la Ley Org=E1nica 4/2000 en su = nueva=20 redacci=F3n, o en el art. 2 LAJG. De acuerdo con los = convenios=20 internacionales, especialmente el Convenio europeo de = derechos=20 humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos = Humanos, la respuesta a tal cuesti=F3n es que salvo el = supuesto del=20 inculpado en un proceso penal, la denegaci=F3n del derecho a = la=20 justicia gratuita supondr=E1 infracci=F3n del derecho a la = tutela=20 judicial efectiva, del que son titulares los extranjeros, = s=F3lo=20 cuando en el caso sea indispensable para lograr un acceso = efectivo a=20 la justicia, para ejercer con efectividad el derecho al = recurso o,=20 en general, para evitar indefensiones materiales o = padecimientos de=20 la igualdad procesal de armas.

Despu=E9s de realizar un repaso a las leyes espa=F1olas = que regulan=20 la asistencia jur=EDdica gratuita, el Abogado del Estado = se=F1ala que la=20 funci=F3n tanto del art. 22 de la Ley Org=E1nica 4/2000 en = su nueva=20 redacci=F3n, como del art. 2 LAJG, es se=F1alar el campo = propio de la=20 ley espa=F1ola en el reconocimiento del derecho de justicia = gratuita a=20 los extranjeros, quedando fuera del mismo los tratados y = convenios=20 internacionales de los que Espa=F1a es parte. Los numerosos = convenios=20 internacionales podr=EDan ser invocados como fundamento para = que se=20 prestara asistencia jur=EDdica gratuita a extranjeros m=E1s = all=E1 de lo=20 dispuesto en las normas de Derecho interno, y en = consecuencia la=20 falta de reconocimiento del derecho en la legislaci=F3n = interna=20 respecto de los extranjeros que no residan en Espa=F1a no = significa=20 que aqu=E9llos queden privados del derecho a la asistencia = jur=EDdica=20 gratuita, sino que deben buscar el fundamento de su derecho = en una=20 norma convencional internacional. Ser=EDa por ello = constitucionalmente=20 l=EDcito que el legislador se limitara a reconocer el = derecho de los=20 extranjeros residentes en Espa=F1a, y quedasen = impl=EDcitamente=20 confiadas a la norma internacional las ulteriores = extensiones de=20 este derecho a los dem=E1s extranjeros, tal como se hace en = el art.=20 22.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000. Tal precepto, sin embargo, = no tiene=20 por qu=E9 ser interpretado en sentido excluyente o = prohibitivo, de=20 manera que la palabra =93residente=94 no proh=EDbe = reconocer, en esos=20 supuestos extremos, el derecho a la justicia gratuita en = aplicaci=F3n=20 directa de los arts. 24.1 y 119 CE.

i) El Abogado del Estado rechaza la impugnaci=F3n de la = nueva=20 redacci=F3n a los apartados 2 y 8 del art. 57 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, autorizando la expulsi=F3n de los extranjeros = condenados por=20 conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena = privativa=20 de libertad superior a un a=F1o. A su juicio, resulta dudoso = que la=20 expulsi=F3n constituya una sanci=F3n en sentido estricto, = desde la=20 perspectiva de la doctrina constitucional (STC 24/2000), y = de ah=ED=20 que no se produzca la denunciada vulneraci=F3n del principio = non bis=20 in idem, pues los hechos y los fundamentos de la sanci=F3n = penal y los=20 de la expulsi=F3n, que constituyen la base para determinar = la=20 existencia de aquella vulneraci=F3n (STC 204/1996), son = completamente=20 distintos.

j) Se rechaza asimismo la inconstitucionalidad de la = nueva=20 redacci=F3n dada al art. 56 de la Ley Org=E1nica 4/2000 (que = pasa a ser=20 art. 60), que regula el internamiento de los extranjeros en = los=20 supuestos de retorno. Para el Abogado del Estado, la = fundamentaci=F3n=20 contenida en la invocada STC 115/1987 avala la = constitucionalidad=20 del precepto al establecer que sea la autoridad judicial la = que=20 decida sobre la situaci=F3n personal del extranjero obligado = a=20 retornar, y determine el lugar donde deba ser internado.

k) Seg=FAn el Abogado del Estado, el nuevo art. 63 de la = Ley=20 Org=E1nica 4/2000, cuyo apartado 2 establece un plazo de = alegaciones=20 de 48 horas en el procedimiento preferente de expulsi=F3n = tras la=20 incoaci=F3n del procedimiento sancionador, no vulnera el = art. 24 CE.=20 La entidad recurrente no cuestiona las causas de expulsi=F3n = que=20 motivan el procedimiento preferente sino la brevedad del = plazo, que=20 se reputa insuficiente para una defensa eficaz. Sin embargo, = las=20 objeciones a la longitud del plazo no quedar=EDan = justificadas dado=20 que el legislador ha instituido un procedimiento m=E1s = abreviado de=20 expulsi=F3n para causas de muy sencilla apreciaci=F3n o de = especial=20 gravedad, pero ha previsto tr=E1mites suficientes y un = derecho a la=20 resoluci=F3n motivada, observando as=ED las garant=EDas = esenciales de=20 cualquier procedimiento administrativo sin limitar las = formas de=20 control y tutela judicial previstas en el ordenamiento = jur=EDdico.

l) Finalmente, el Abogado del Estado rechaza la = pretensi=F3n de la=20 parte recurrente de fundamentar la inconstitucionalidad de = los=20 preceptos impugnados en su contradicci=F3n con los tratados=20 internacionales ratificados por Espa=F1a en materia de = derechos=20 fundamentales. Y ello porque de acuerdo con lo previsto en = el art.=20 10.2 CE, la configuraci=F3n de los derechos fundamentales en = los=20 tratados internacionales no es un par=E1metro de = constitucionalidad de=20 las leyes espa=F1olas, pues la citada disposici=F3n = constitucional est=E1=20 destinada a la interpretaci=F3n de aqu=E9llos (ATC = 195/1991). La=20 constitucionalidad de los preceptos recurridos debe = enjuiciarse=20 utilizando como par=E1metro, en primer lugar, los = art=EDculos de la=20 Constituci=F3n pero no comparando directamente los = t=E9rminos de los=20 preceptos recurridos con las expresiones contenidas en los = tratados=20 internacionales. En la demanda se reconoce que los derechos=20 regulados pueden ser restringidos para los extranjeros, de = acuerdo=20 con lo previsto en el art. 13.1 CE y la STC 115/1987, pero = se afirma=20 que la restricci=F3n contenida en los preceptos recurridos = vulnera la=20 Constituci=F3n de acuerdo con el alcance que tiene de = conformidad con=20 los tratados internacionales ratificados por Espa=F1a. Tal=20 planteamiento no puede prosperar porque los tratados = invocados no=20 contienen una previsi=F3n expresa sobre el alcance subjetivo = que han=20 de tener esos derechos en relaci=F3n con los extranjeros, ni = es=20 posible deducirla de las expresiones que contienen. Por el=20 contrario, en esos tratados s=ED es posible encontrar el = =93orden=20 p=FAblico=94 como motivo de limitaci=F3n al ejercicio de los = derechos que=20 se regulan en la Ley impugnada.

A lo anterior se a=F1ade que los tratados tienen una = virtualidad=20 propia que se desenvuelve a trav=E9s de sus propios = mecanismos de=20 defensa, y desde este punto de vista ninguna objeci=F3n = puede hacerse=20 a los preceptos impugnados pues la Ley Org=E1nica recurrida = dispone en=20 su art. 1 que =93Lo dispuesto en esta Ley se entender=E1, en = todo caso,=20 sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los = Tratados internacionales en los que Espa=F1a sea parte=94, = de modo que=20 los preceptos impugnados no pueden haberlos infringido.

7. Por providencia de 6 de noviembre de 2007 se = se=F1al=F3 para la=20 deliberaci=F3n y votaci=F3n de la presente sentencia el = d=EDa 7 del mismo=20 mes y a=F1o.

II. Fundamentos jur=EDdicos

1. El Parlamento de Navarra impugna a trav=E9s del = presente recurso=20 de inconstitucionalidad doce puntos del art=EDculo primero = de la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los=20 extranjeros en Espa=F1a y su integraci=F3n social.

Antes de entrar en el examen de las cuestiones = sustantivas que se=20 plantean en el presente recurso, debemos examinar la primera = cuesti=F3n de orden procesal que suscita la entidad actora, = referida a=20 su propia legitimaci=F3n para interponer el presente = recurso, extremo=20 sobre el cual no se pronuncia el Abogado del Estado. El = Parlamento=20 de Navarra basa su legitimaci=F3n en el art. 162.1 a) CE, en = el art.=20 32 LOTC, y en el art. 205 del Reglamento del Parlamento de = Navarra.=20 Se invocan asimismo dos argumentos de nuestra jurisprudencia = que=20 avalar=EDan tal legitimaci=F3n. El primero, seg=FAn el cual = las Asambleas=20 Legislativas de las Comunidades Aut=F3nomas pueden = interponer recurso=20 de inconstitucionalidad siempre que exista una norma = atributiva de=20 competencia que les permita actuar en determinada materia = que forme=20 parte del contenido de la regulaci=F3n que se pretenda = impugnar,=20 condici=F3n que se dar=EDa en el presente caso pues la Ley = Org=E1nica=20 8/2000 regula aspectos relacionados con los extranjeros que = afectan=20 al =E1mbito de autonom=EDa de la Comunidad Foral de Navarra = como la=20 ense=F1anza, la vivienda, la polic=EDa, los menores, la = asistencia=20 social o la sanidad, adem=E1s de que los derechos afectados = por la Ley=20 impugnada pueden ejercerse frente a todos los poderes, = incluidos los=20 auton=F3micos. El segundo argumento se basa en la = interpretaci=F3n no=20 restrictiva que nuestra jurisprudencia ha realizado de la = exigencia=20 espec=EDfica del art. 32.2 LOTC =93para ejercicio del = recurso de=20 inconstitucionalidad=94 por parte de las Asambleas de las = Comunidades=20 Aut=F3nomas contra leyes estatales =93que puedan afectar a = su propio=20 =E1mbito de autonom=EDa=94.

Debe coincidirse con el Parlamento de Navarra que la=20 interpretaci=F3n que hemos venido realizando de los = preceptos citados=20 impide negarle la legitimaci=F3n para recurrir la Ley = Org=E1nica 8/2000.=20 En efecto, en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 1, = recordamos=20 nuestra reiterada doctrina, seg=FAn la cual:

=93El art. 162.1 a) de la Constituci=F3n legitima a = =91los =F3rganos=20 colegiados ejecutivos de las Comunidades Aut=F3nomas=92 para = interponer=20 el recurso de inconstitucionalidad. Esa legitimaci=F3n se = ver=E1=20 delimitada por la Ley Org=E1nica del Tribunal, cuyo art. = 32.2 la=20 limita materialmente para el supuesto de leyes estatales que = =91puedan=20 afectar [al] propio =E1mbito de autonom=EDa=92 de la = Comunidad Aut=F3noma.=20 En un principio, =85 este Tribunal interpret=F3 la = restricci=F3n del art.=20 32.2 LOTC en un sentido estrictamente competencial (as=ED, = STC=20 25/1981, de 14 de julio), si bien muy pronto =97ya con la = STC 84/1982,=20 de 23 de diciembre=97 se inici=F3 una l=EDnea = jurisprudencial de=20 progresiva flexibilizaci=F3n de ese criterio, hasta el = extremo de que,=20 al d=EDa de hoy, puede afirmarse que los condicionamientos = materiales=20 a la legitimaci=F3n de las Comunidades Aut=F3nomas para = impugnar leyes=20 del Estado constituyen una verdadera excepci=F3n. En = palabras de la=20 STC 199/1987, de 16 de diciembre, =91la legitimaci=F3n de = las=20 Comunidades Aut=F3nomas para interponer el recurso de=20 inconstitucionalidad no est=E1 al servicio de la = reivindicaci=F3n de una=20 competencia violada, sino de la depuraci=F3n del = ordenamiento jur=EDdico=20 y, en este sentido, ... se extiende a todos aquellos = supuestos en=20 que exista un punto de conexi=F3n material entre la ley = estatal y el=20 =E1mbito competencial auton=F3mico, lo cual, a su vez, no = puede ser=20 interpretado restrictivamente=92 (FJ 1)=94.

La aplicaci=F3n de esta doctrina al presente proceso = conduce a=20 afirmar la inequ=EDvoca legitimaci=F3n del Parlamento de = Navarra para=20 interponer recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley = Org=E1nica=20 8/2000, dado que el ejercicio de las funciones que = corresponden a la=20 Comunidad Foral puede verse =93afectado=94 por la norma = estatal=20 recurrida. Y ello porque existe una estrecha conexi=F3n = entre las=20 disposiciones de aquella Ley Org=E1nica, sobre derechos y = libertades=20 de los extranjeros en Espa=F1a, y las aducidas materias = comprendidas=20 en los campos de actuaci=F3n auton=F3mica de la Comunidad = Foral de=20 Navarra, lo que permite deducir un inter=E9s espec=EDfico de = su=20 Parlamento para recurrir dicha Ley.

En conclusi=F3n, el =F3rgano promotor del presente = recurso de=20 inconstitucionalidad est=E1 legitimado para recurrir los = doce puntos=20 del art=EDculo primero de la Ley Org=E1nica 8/2000, de 22 de = diciembre,=20 de reforma de la Ley Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, = sobre derechos=20 y libertades de los extranjeros en Espa=F1a y su = integraci=F3n=20 social.

2. Afirmada la legitimaci=F3n del Parlamento de Navarra = para=20 entablar este proceso, debemos examinar las cuestiones de = fondo en=20 =E9l planteadas. Adem=E1s de los concretos motivos de=20 inconstitucionalidad aducidos respecto de cada precepto = impugnado,=20 los cuales ser=E1n objeto de estudio en los siguientes = fundamentos=20 jur=EDdicos, el conjunto del recurso se sostiene sobre dos = argumentos=20 de car=E1cter general que deben ser abordados previamente. =

El primero se refiere a la libertad que el art. 13.1 CE = concede=20 al legislador para regular el ejercicio de las libertades = p=FAblicas=20 que el t=EDtulo I garantiza a los extranjeros en Espa=F1a, y = los l=EDmites=20 a los que se ve sometido en el establecimiento de = diferencias=20 respecto de los nacionales. Como se=F1ala el Abogado del = Estado, el=20 presente recurso cuestiona la legitimidad constitucional de = algunos=20 de los preceptos impugnados, porque condicionan el ejercicio = de=20 determinados derechos constitucionales por parte de los = extranjeros=20 a la obtenci=F3n de la autorizaci=F3n de estancia o = residencia en Espa=F1a=20 y, por tanto, circunscriben su disfrute exclusivamente a las = personas que se encuentren en una situaci=F3n de regularidad = dentro=20 del pa=EDs. Seg=FAn la entidad recurrente, el legislador = establece una=20 diferencia de trato basada en dicha situaci=F3n jur=EDdica = que carecer=EDa=20 de cobertura constitucional. Se plantea as=ED por primera = vez ante=20 este Tribunal la posible inconstitucionalidad de una ley que = niega=20 el ejercicio de determinados derechos no a los extranjeros = en=20 general, sino a aqu=E9llos que no dispongan de la = correspondiente=20 autorizaci=F3n de estancia o residencia en Espa=F1a. Este = dato ha de=20 resultar decisivo para el enjuiciamiento que debemos = efectuar, ya=20 que si bien la Constituci=F3n no distingue entre los = extranjeros en=20 funci=F3n de la regularidad de su estancia o residencia en = Espa=F1a, s=ED=20 puede resultar constitucional que el legislador atienda a = esa=20 diferencia para configurar la situaci=F3n jur=EDdica de los = extranjeros=20 siempre que al hacerlo no vulnere preceptos o principios=20 constitucionales.

El segundo argumento general en el que se fundamenta el = recurso,=20 aunque no se formula expl=EDcitamente, sostiene la=20 inconstitucionalidad de la mayor=EDa de los preceptos = impugnados por=20 su presunta contradicci=F3n con los tratados internacionales = ratificados por Espa=F1a en materia de derechos y = libertades,=20 atribuyendo as=ED a estos =FAltimos la condici=F3n de = par=E1metro de la=20 constitucionalidad de las leyes espa=F1olas con base en la = disposici=F3n=20 prevista en el art. 10.2 CE, lo cual es rechazado por el = Abogado del=20 Estado.

Los referidos argumentos plantean dos cuestiones que, a = pesar de=20 su conexi=F3n, deben ser examinadas separadamente teniendo = en cuenta=20 la doctrina jurisprudencial sentada por este Tribunal.

3. En relaci=F3n con la primera cuesti=F3n, debemos = partir del dato=20 de que nuestro ordenamiento no desconstitucionaliza el = r=E9gimen=20 jur=EDdico de los extranjeros, el cual tiene su fuente = primera en el=20 conjunto del texto constitucional. En concreto, la = titularidad y el=20 ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros = en Espa=F1a=20 deben deducirse de los preceptos que integran el t=EDtulo I, = interpretados sistem=E1ticamente. Para su determinaci=F3n = debe acudirse=20 en primer lugar a cada uno de los preceptos reconocedores de = derechos que se incluyen en dicho t=EDtulo, dado que el = problema de su=20 titularidad y ejercicio =93depende del derecho afectado=94 = (STC=20 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 4). Y en segundo lugar, a = la regla=20 contenida en el art. 13 CE, cuyo primer apartado dispone: = =93Los=20 extranjeros gozar=E1n en Espa=F1a de las libertades = p=FAblicas que=20 garantiza el presente t=EDtulo en los t=E9rminos que = establezcan los=20 tratados y la ley=94, mientras el segundo apartado establece = que:=20 =93Solamente los espa=F1oles ser=E1n titulares de los = derechos reconocidos=20 en el art=EDculo 23, salvo que, atendiendo a criterios de=20 reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el = derecho=20 de sufragio activo y pasivo en las elecciones = municipales=94.

El art. 13 CE se refiere a los derechos y libertades del = t=EDtulo=20 I, consagrando un estatuto constitucional de los extranjeros = en=20 Espa=F1a. De una parte, como se=F1alamos en la Sentencia = citada, la=20 expresi=F3n =93libertades p=FAblicas=94 utilizada en el = precepto no debe ser=20 interpretada en sentido restrictivo, de manera que los = extranjeros=20 disfrutar=E1n =93no s=F3lo de las libertades sino tambi=E9n = de los derechos=20 reconocidos en el t=EDtulo I de la Constituci=F3n=94. Por = otra parte, como=20 se deduce de su dicci=F3n y de su ubicaci=F3n en el = cap=EDtulo primero=20 (=93De los espa=F1oles y los extranjeros=94) del t=EDtulo I, = este precepto=20 constitucional se refiere a todos los extranjeros, por=20 contraposici=F3n a las personas de nacionalidad espa=F1ola, = a pesar de=20 que aqu=E9llos puedan encontrarse en Espa=F1a en situaciones = jur=EDdicas=20 diversas. La remisi=F3n a la ley que contiene el art. 13.1 = no supone=20 pues una desconstitucionalizaci=F3n de la posici=F3n = jur=EDdica de los=20 extranjeros puesto que el legislador, aun disponiendo de un = amplio=20 margen de libertad para concretar los =93t=E9rminos=94 en = los que aqu=E9llos=20 gozar=E1n de los derechos y libertades en Espa=F1a, se = encuentra=20 sometido a l=EDmites derivados del conjunto del t=EDtulo I = de la=20 Constituci=F3n, y especialmente los contenidos en los = apartados=20 primero y segundo del art. 10 CE en los t=E9rminos que = seguidamente se=20 expondr=E1n.

En efecto, el legislador al que remite el art. 13.1 CE no = goza de=20 igual libertad para regular la titularidad y el ejercicio de = los=20 distintos derechos del t=EDtulo I, pues aqu=E9lla depende = del concreto=20 derecho afectado. Como ha quedado dicho, una = interpretaci=F3n=20 sistem=E1tica del repetido precepto constitucional impide = sostener que=20 los extranjeros gozar=E1n en Espa=F1a s=F3lo de los derechos = y libertades=20 que establezcan los tratados y el legislador (SSTC 107/1984, = de 23=20 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2), = dejando en=20 manos de =E9ste la potestad de decidir qu=E9 derechos del = t=EDtulo I les=20 pueden corresponder y cu=E1les no. Por otra parte, existen = en ese=20 t=EDtulo derechos cuya titularidad se reserva en exclusiva a = los=20 espa=F1oles (los reconocidos en el art. 23 CE, con la = salvedad que=20 contiene), prohibiendo la misma Constituci=F3n (art. 13.2 = CE) que el=20 legislador los extienda a los extranjeros.

En cuanto a lo primero, nuestra jurisprudencia ha = reiterado que=20 existen derechos del t=EDtulo I que =93corresponden a los = extranjeros=20 por propio mandato constitucional, y no resulta posible un=20 tratamiento desigual respecto de los espa=F1oles=94 (STC = 107/1984, FJ 3)=20 puesto que gozan de ellos =93en condiciones plenamente = equiparables [a=20 los espa=F1oles]=94 (STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 3). = Estos derechos=20 son los que =93pertenecen a la persona en cuanto tal y no = como=20 ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que = son=20 imprescindibles para la garant=EDa de la dignidad humana que = conforme=20 al art. 10.1 de nuestra Constituci=F3n es el fundamento del = orden=20 pol=EDtico espa=F1ol=94 (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, = FJ 3; 99/1985,=20 de 30 de septiembre, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, = FJ 2).=20 Tambi=E9n nos hemos referido a ellos como derechos = =93inherentes a la=20 dignidad de la persona humana=94 (STC 91/2000, de 30 de = marzo, FJ 7).=20 En esta situaci=F3n se encontrar=EDan el derecho a la vida, = a la=20 integridad f=EDsica y moral, a la intimidad, la libertad = ideol=F3gica=20 (STC 107/1984, FJ 3), pero tambi=E9n el derecho a la tutela = judicial=20 efectiva (STC 99/1985, FJ 2) y el derecho instrumental a la=20 asistencia jur=EDdica gratuita (STC 95/2003, de 22 de mayo, = FJ 4), el=20 derecho a la libertad y a la seguridad (STC 144/1990, de 26 = de=20 septiembre, FJ 5), y el derecho a no ser discriminado por = raz=F3n de=20 nacimiento, raza, sexo, religi=F3n o cualquier otra = condici=F3n o=20 circunstancia personal o social (STC 137/2000, de 29 de = mayo, FJ 1).=20 Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este = Tribunal como=20 pertenecientes a las personas en cuanto tal, pero no = constituyen una=20 lista cerrada y exhaustiva.

La aplicaci=F3n del criterio fijado en su d=EDa por este = Tribunal=20 para determinar si un concreto derecho pertenece o no a este = grupo=20 ofrece algunas dificultades por cuanto todos los derechos=20 fundamentales, por su misma naturaleza, est=E1n vinculados a = la=20 dignidad humana. Pero como se dir=E1 seguidamente, la = dignidad de la=20 persona, como =93fundamento del orden pol=EDtico y la paz = social=94 (art.=20 10.1 CE), obliga a reconocer a cualquier persona, = independientemente=20 de la situaci=F3n en que se encuentre, aquellos derechos o = contenidos=20 de los mismos imprescindibles para garantizarla, = erigi=E9ndose as=ED la=20 dignidad en un m=EDnimo invulnerable que por imperativo = constitucional=20 se impone a todos los poderes, incluido el legislador. Ello = no=20 implica cerrar el paso a las diversas opciones o variantes = pol=EDticas=20 que caben dentro de la Constituci=F3n, entendida como = =93marco de=20 coincidencias=94 (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7) que = permite=20 distintas legislaciones en materia de extranjer=EDa. Ahora = bien, el=20 juicio de constitucionalidad que debemos realizar en el = presente=20 proceso no consiste en examinar si en el marco = constitucional=20 cabr=EDan otras opciones en materia de extranjer=EDa = distintas a la=20 adoptada por la Ley Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, = sino en=20 determinar si los preceptos de esa Ley sometidos a nuestro=20 enjuiciamiento han excedido o no los l=EDmites impuestos por = la=20 Constituci=F3n.

A tales efectos, resulta decisivo el grado de conexi=F3n = con la=20 dignidad humana que mantiene un concreto derecho dado que el = legislador goza de una limitada libertad de configuraci=F3n = al regular=20 los derechos =93imprescindibles para la garant=EDa de la = dignidad=20 humana=94. Y ello porque al legislar sobre ellos no podr=E1 = modular o=20 atemperar su contenido (STC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ = 2) ni=20 por supuesto negar su ejercicio a los extranjeros, = cualquiera que=20 sea su situaci=F3n, ya que se trata de derechos =93que = pertenecen a la=20 persona en cuanto tal y no como ciudadano=94.

Dada su trascendencia para el presente recurso, debemos=20 detenernos en estos derechos, pues el Parlamento de Navarra = alega=20 que algunos de los regulados en los preceptos impugnados = derivan=20 directamente de la garant=EDa de la dignidad humana, = fundamento del=20 orden pol=EDtico y la paz social (art. 10.1 CE). En este = punto cabe=20 recordar lo declarado en la ya citada STC 91/2000, de 30 de = marzo:=20 =93proyectada sobre los derechos individuales, la regla del = art. 10.1=20 CE implica que, en cuanto =91valor espiritual y moral = inherente a la=20 persona=92 (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) la dignidad = ha de=20 permanecer inalterada cualquiera que sea la situaci=F3n en = que la=20 persona se encuentre ... constituyendo, en consecuencia un = minimum=20 invulnerable que todo estatuto jur=EDdico debe asegurar=94 = [STC=20 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; tambi=E9n STC 57/1994, de 28 = de=20 febrero, FJ 3 a)]. De modo que la Constituci=F3n espa=F1ola = salvaguarda=20 absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los = derechos =91que pertenecen a la persona en cuanto tal y no = como=20 ciudadano o, dicho de otro modo ... aqu=E9llos que son = imprescindibles=20 para la garant=EDa de la dignidad humana=92 (STC 242/1994, = de 20 de=20 julio, FJ 4; en el mismo sentido, SSTC 107/1984, de 23 de = noviembre,=20 FJ 2, y 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2)=94 (FJ 7).

En esa misma resoluci=F3n, el Tribunal indic=F3 algunas = pautas para=20 identificar cu=E1les son esos derechos y esos contenidos de = derecho=20 que la Constituci=F3n =93proyecta universalmente=94, = se=F1alando que =93hemos=20 de partir, en cada caso, del tipo abstracto de derecho y de = los=20 intereses que b=E1sicamente protege (es decir, de su = contenido=20 esencial, tal y como lo definimos en las SSTC 11/1981, de 8 = de=20 abril, 101/1991, de 13 de mayo y ATC 334/1991, de 29 de = octubre)=20 para precisar si, y en qu=E9 medida, son inherentes a la = dignidad de=20 la persona humana concebida como un sujeto de derecho, es = decir,=20 como miembro libre y responsable de una comunidad jur=EDdica = que=20 merezca ese nombre y no como mero objeto del ejercicio de = los=20 poderes p=FAblicos=94 (FJ 7).

Y precisando a=FAn m=E1s, el Tribunal declar=F3 que en = este proceso de=20 determinaci=F3n de tales derechos revisten especial = relevancia =93la=20 Declaraci=F3n universal de derechos humanos y los dem=E1s = tratados y=20 acuerdos internacionales sobre las mismas materias = ratificados por=20 Espa=F1a, a los que el art. 10.2 CE remite como criterio=20 interpretativo de los derechos fundamentales. Esa decisi=F3n = del=20 constituyente expresa el reconocimiento de nuestra = coincidencia con=20 el =E1mbito de valores e intereses que dichos instrumentos = protegen,=20 as=ED como nuestra voluntad como Naci=F3n de incorporarnos a = un orden=20 jur=EDdico internacional que propugna la defensa y = protecci=F3n de los=20 derechos humanos como base fundamental de la organizaci=F3n = del=20 Estado=94 (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7).

De lo expuesto hasta aqu=ED se concluye que la dignidad = de la=20 persona, que encabeza el t=EDtulo I de la Constituci=F3n = (art. 10.1 CE),=20 constituye un primer l=EDmite a la libertad del legislador a = la hora=20 de regular ex art. 13 CE los derechos y libertades de los=20 extranjeros en Espa=F1a. El grado de conexi=F3n de un = concreto derecho=20 con la dignidad debe determinarse a partir de su contenido y = naturaleza, los cuales permiten a su vez precisar en qu=E9 = medida es=20 imprescindible para la dignidad de la persona concebida como = un=20 sujeto de derecho, siguiendo para ello la Declaraci=F3n = universal de=20 derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales a = los que=20 remite el art. 10.2 CE.

4. El legislador contemplado en el art. 13 CE se = encuentra=20 asimismo limitado al regular aquellos derechos que, seg=FAn = hemos=20 declarado, =93la Constituci=F3n reconoce directamente a los = extranjeros=94=20 (STC 115/1987, de 7 de julio, FJ 2), refiri=E9ndonos en = concreto a los=20 derechos de reuni=F3n y asociaci=F3n. Ello implica, de = entrada, que el=20 legislador no puede negar tales derechos a los extranjeros, = aunque=20 s=ED puede establecer =93condicionamientos adicionales=94 = respecto a su=20 ejercicio por parte de aqu=E9llos, si bien =93ha de = respetar, en todo=20 caso, las prescripciones constitucionales, pues no puede = estimarse=20 aquel precepto [art. 13.1 CE] permitiendo que el legislador=20 configure libremente el contenido mismo del derecho, cuando = =E9ste=20 haya venido reconocido por la Constituci=F3n directamente a = los=20 extranjeros ... Una cosa es, en efecto, autorizar = diferencias de=20 tratamiento entre espa=F1oles y extranjeros, y otra entender = esa=20 autorizaci=F3n como una posibilidad de legislar al respecto = sin tener=20 en cuenta los mandatos constitucionales=94 (STC 115/1987, FJ = 3). En=20 tales casos, como se dice en la misma resoluci=F3n, el = mandato=20 contenido en el precepto constitucional =93constituye en = puridad un=20 contenido preceptivo del derecho [de asociaci=F3n] que se = impone al=20 legislador en el momento de regular su ejercicio=94 por = parte de los=20 extranjeros. Para la identificaci=F3n de estos derechos = reconocidos ex=20 constitutione a los extranjeros debe tenerse especialmente = en=20 cuenta, entre otros criterios, la dicci=F3n de los preceptos = del=20 t=EDtulo I reconocedores de derechos, a los que remite el = art. 13.1=20 CE, pues en ellos se hace normalmente referencia a sus = titulares=20 utilizando distintas expresiones (=93todos, =93todas las = personas=94, =93los=20 espa=F1oles=94, =93nadie=94, =93los ciudadanos=94) o = tambi=E9n f=F3rmulas=20 impersonales (=93se reconoce=94, =93se garantiza=94).

El legislador goza, en cambio, de mayor libertad al = regular los=20 =93derechos de los que ser=E1n titulares los extranjeros en = la medida y=20 condiciones que se establezcan en los Tratados y las = Leyes=94 (STC=20 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 4), o dicho de otro modo, = de=20 aquellos derechos que no son atribuidos directamente por la=20 Constituci=F3n a los extranjeros pero que el legislador = puede extender=20 a los no nacionales =93aunque no sea necesariamente en = id=E9nticos=20 t=E9rminos que los espa=F1oles=94 (STC 94/1993, de 22 de = marzo, FJ 3). El=20 art. 13.1 CE no dice, en efecto, que los extranjeros = dispongan de=20 los mismos derechos que los espa=F1oles, siendo precisamente = ese=20 precepto el que =93en nuestra Constituci=F3n establece los = l=EDmites=20 subjetivos determinantes de la extensi=F3n de la titularidad = de los=20 derechos fundamentales a los no nacionales=94 [Declaraci=F3n = del=20 Tribunal Constitucional 1/1992, de 1 de julio, FJ 3 b)]. Se = trata de=20 derechos de los cuales los extranjeros gozar=E1n =93en = Espa=F1a=94,=20 =93presupuesto de la extensi=F3n de derechos que lleva a = cabo [el art.=20 13.1 CE]=94 (STC 72/2005, de 4 de abril, FJ 6). Al regular = tales=20 derechos la libertad del legislador es m=E1s amplia ya que = puede=20 modular las condiciones de ejercicio =93en funci=F3n de la = nacionalidad=20 de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre = espa=F1oles y extranjeros=94, si bien aquella libertad =93no = es en modo=20 alguno absoluta=94 (STC 94/1993, de 22 de marzo, FJ 3).

Efectivamente, el art. 13 CE autoriza al legislador a = establecer=20 =93restricciones y limitaciones=94 a tales derechos, pero = esta=20 posibilidad no es incondicionada por cuanto no podr=E1 = afectar a=20 aquellos derechos que =93son imprescindibles para la = garant=EDa de la=20 dignidad de la humana que, conforme al art. 10.1 CE, = constituye=20 fundamento del orden pol=EDtico espa=F1ol=94, ni = =93adicionalmente, al=20 contenido delimitado para el derecho por la Constituci=F3n o = los=20 tratados internacionales suscritos por Espa=F1a=94 (STC = 242/1994, de 20=20 de julio, FJ 4). De nuestra jurisprudencia se deduce que = =E9ste ser=EDa=20 el r=E9gimen jur=EDdico de derechos tales como el derecho al = trabajo=20 (STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 4), el derecho a la = salud (STC=20 95/2000, de 10 de abril, FJ 3), el derecho a percibir una = prestaci=F3n=20 de desempleo (STC 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2), y = tambi=E9n=20 con matizaciones el derecho de residencia y desplazamiento = en Espa=F1a=20 (SSTC 94/1993, de 22 de marzo, FJ 3; 242/1994, de 20 de = julio, FJ 4;=20 24/2000, de 31 de enero, FJ 4).

A lo anterior deber=EDa a=FAn a=F1adirse que la libertad = del legislador=20 se ve asimismo restringida por cuanto las condiciones de = ejercicio=20 que establezca respecto de los derechos y libertades de los=20 extranjeros en Espa=F1a s=F3lo ser=E1n constitucionalmente = v=E1lidas si,=20 respetando su contenido esencial (art. 53.1 CE), se dirigen = a=20 preservar otros derechos, bienes o intereses = constitucionalmente=20 protegidos y guardan adecuada proporcionalidad con la = finalidad=20 perseguida.

De todo ello no se concluye que el legislador no est=E9 = facultado=20 ex art. 13.1 CE para configurar las condiciones de ejercicio = de=20 determinados derechos por parte de los extranjeros, teniendo = en=20 cuenta la diversidad de estatus jur=EDdico que existe entre = los que no=20 gozan de la condici=F3n de espa=F1oles, como ha hecho la Ley = Org=E1nica=20 14/2003, de 20 de noviembre, en relaci=F3n con los = nacionales de los=20 Estados miembros de la Uni=F3n Europea (a=F1adiendo un nuevo = apartado al=20 art. 1 de la Ley Org=E1nica 4/2000). En concreto, como ya se = ha=20 avanzado, el legislador puede tomar en consideraci=F3n el = dato de su=20 situaci=F3n legal y administrativa en Espa=F1a, y exigir a = los=20 extranjeros la autorizaci=F3n de su estancia o residencia = como=20 presupuesto para el ejercicio de algunos derechos = constitucionales=20 que por su propia naturaleza hacen imprescindible el = cumplimiento de=20 los requisitos que la misma ley establece para entrar y = permanecer=20 en territorio espa=F1ol. Esta opci=F3n no es = constitucionalmente=20 ileg=EDtima, como ya ha sido puesto de manifiesto por = diversas=20 decisiones de este Tribunal. As=ED, en la repetida STC = 107/1984, de 23=20 de noviembre, admitimos que =93una legislaci=F3n que exige = el requisito=20 administrativo de la autorizaci=F3n de residencia para = reconocer la=20 capacidad de celebrar v=E1lidamente un contrato de trabajo = no se opone=20 a la Constituci=F3n=94 (FJ 4). Y en la STC 242/1994, de 20 = de julio,=20 consideramos que la expulsi=F3n pod=EDa llegar a ser =93una = medida=20 restrictiva de los derechos de los extranjeros que se = encuentran=20 residiendo leg=EDtimamente en Espa=F1a=94 (FJ 4). Por otra = parte, la STC=20 94/1993, de 22 de marzo, se=F1al=F3 que el art. 19 CE = reconoce la=20 libertad de circulaci=F3n =93a los extranjeros que se hallan = legalmente=20 en nuestro territorio=94 (FJ 4), invocando los arts. 12 y 13 = del Pacto=20 internacional de derechos civiles y pol=EDticos de 1966. = Finalmente,=20 en la STC 95/2000, de 10 de abril, se debati=F3 si la = demandante=20 cumpl=EDa la condici=F3n exigida a los extranjeros por el = art. 1.2 de la=20 Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad para poder = acceder=20 al derecho a la protecci=F3n de la salud y a la atenci=F3n = sanitaria, a=20 saber, =93que tengan establecida su residencia en el = territorio=20 nacional=94, sin discutir la constitucionalidad de tal = requisito.

Ahora bien, dicha opci=F3n est=E1 sometida a los = l=EDmites=20 constitucionales se=F1alados puesto que el incumplimiento de = los=20 requisitos de estancia o residencia en Espa=F1a por parte de = los=20 extranjeros no permite al legislador privarles de los = derechos que=20 les corresponden constitucionalmente en su condici=F3n de = persona, con=20 independencia de su situaci=F3n administrativa. El = incumplimiento de=20 aquellos requisitos legales impide a los extranjeros el = ejercicio de=20 determinados derechos o contenidos de los mismos que por su = propia=20 naturaleza son incompatibles con la situaci=F3n de = irregularidad, pero=20 no por ello los extranjeros que carecen de la = correspondiente=20 autorizaci=F3n de estancia o residencia en Espa=F1a est=E1n = despose=EDdos de=20 cualquier derecho mientras se hallan en dicha situaci=F3n en = Espa=F1a.

As=ED pues, en relaci=F3n con el primer argumento general = del=20 presente recurso debemos afirmar que el art. 13.1 CE concede = al=20 legislador una notable libertad para regular los derechos de = los=20 extranjeros en Espa=F1a, pudiendo establecer determinadas = condiciones=20 para su ejercicio. Sin embargo, una regulaci=F3n de este = tenor deber=E1=20 tener en cuenta, en primer lugar, el grado de conexi=F3n de = los=20 concretos derechos con la garant=EDa de la dignidad humana, = seg=FAn los=20 criterios expuestos; en segundo lugar, el contenido = preceptivo del=20 derecho, cuando =E9ste venga reconocido a los extranjeros = directamente=20 por la Constituci=F3n; en tercer lugar, y en todo caso, el = contenido=20 delimitado para el derecho por la Constituci=F3n y los = tratados=20 internacionales. Por =FAltimo, las condiciones de ejercicio=20 establecidas por la Ley deber=E1n dirigirse a preservar = otros=20 derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, = y=20 guardar adecuada proporcionalidad con la finalidad = perseguida.

5. Relacionado con el anterior, el segundo argumento = general en=20 el que se basa el recurso de inconstitucionalidad = interpuesto por el=20 Parlamento de Navarra sostiene que la mayor=EDa de los = preceptos=20 legales impugnados son inconstitucionales por entrar en=20 contradicci=F3n con los tratados internacionales ratificados = por=20 Espa=F1a en materia de derechos y libertades, los cuales en = virtud del=20 art. 10.2 CE se convertir=EDan en canon de la = constitucionalidad de=20 las leyes espa=F1olas. Dicho argumento se encuentra = impl=EDcito en buena=20 parte de los motivos de impugnaci=F3n, pues el Parlamento de = Navarra=20 no invoca expl=EDcitamente el art. 10.2 CE si bien se = sobreentiende=20 que tal precepto es la base para fundar la = inconstitucionalidad de=20 los preceptos impugnados, a los que se reprocha su = contradicci=F3n con=20 los correspondientes art=EDculos del t=EDtulo I de nuestra = Constituci=F3n=20 y con determinados art=EDculos de la Declaraci=F3n universal = de los=20 derechos humanos, del Pacto internacional de derechos = civiles y=20 pol=EDticos, y del Convenio europeo para la protecci=F3n de = los derechos=20 humanos y libertades fundamentales. Ello es rechazado por el = Abogado=20 del Estado en el entendimiento de que aquel precepto = constitucional=20 s=F3lo obliga a interpretar los derechos fundamentales de = acuerdo con=20 tales normas internacionales.

Nuestra jurisprudencia ha afirmado en reiteradas = ocasiones la=20 utilidad de los textos internacionales ratificados por = Espa=F1a =93para=20 configurar el sentido y alcance de de los derechos = fundamentales, de=20 conformidad con lo establecido en el art. 10.2 CE=94 (SSTC = 38/1981, de=20 23 de noviembre, FJ 4; 84/1989, de 10 de mayo, FJ 5). En = concreto,=20 hemos explicado el significado de la =93interpretaci=F3n=94 = a la que alude=20 el art. 10.2 CE se=F1alando que =93no convierte a tales = tratados y=20 acuerdos internacionales en canon aut=F3nomo de validez de = las normas=20 y actos de los poderes p=FAblicos desde la perspectiva de = los derechos=20 fundamentales. Si as=ED fuera, sobrar=EDa la proclamaci=F3n = constitucional=20 de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera = efectuado una remisi=F3n a las Declaraciones internacionales = de=20 derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba = al=20 Estado espa=F1ol sobre derechos fundamentales y libertades = p=FAblicas.=20 Por el contrario, realizada la mencionada proclamaci=F3n, no = puede=20 haber duda de que la validez de las disposiciones y actos = impugnados=20 en amparo debe medirse s=F3lo por referencia a los preceptos = constitucionales que reconocen los derechos y libertades=20 susceptibles de protecci=F3n en esta clase de litigios, = siendo los=20 textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 una fuente=20 interpretativa que contribuye a la mejor identificaci=F3n = del=20 contenido de los derechos cuya tutela se pide a este = Tribunal=20 Constitucional=94 [STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 = a)].

Por otra parte, en nuestra jurisprudencia nos hemos = pronunciado=20 sobre la vinculaci=F3n del legislador al art. 10.2 CE y su = posible=20 control a trav=E9s de los procedimientos de declaraci=F3n de = inconstitucionalidad. As=ED hemos negado la posibilidad de = que un=20 precepto legal pueda infringir aut=F3nomamente el art. 10.2 = CE. La STC=20 36/1991, de 14 de febrero, declar=F3 que =93esta norma se = limita a=20 establecer una conexi=F3n entre nuestro propio sistema de = derechos=20 fundamentales y libertades, de un lado, y los convenios y = tratados=20 internacionales sobre las mismas materias en los que sea = parte=20 Espa=F1a, de otro. No da rango constitucional a los derechos = y=20 libertades internacionalmente proclamados en cuanto no = est=E9n tambi=E9n=20 consagrados por nuestra propia Constituci=F3n, pero obliga a = interpretar los correspondientes preceptos de =E9sta de = acuerdo con el=20 contenido de dichos tratados o convenios, de modo que en la = pr=E1ctica=20 este contenido se convierte en cierto modo en el contenido=20 constitucionalmente declarado de los derechos y libertades = que=20 enuncia el cap=EDtulo segundo del t=EDtulo I de nuestra = Constituci=F3n. Es=20 evidente, no obstante, que cuando el legislador o cualquier = otro=20 poder p=FAblico adopta decisiones que, en relaci=F3n con uno = de los=20 derechos fundamentales o las libertades que la = Constituci=F3n enmarca,=20 limita o reduce el contenido que al mismo atribuyen los = citados=20 tratados o convenios, el precepto constitucional = directamente=20 infringido ser=E1 el que enuncia ese derecho o libertad, sin = que a=20 ello a=F1ada nada la violaci=F3n indirecta y mediata del = art. 10.2 CE,=20 que por definici=F3n no puede ser nunca aut=F3noma, sino = dependiente de=20 otra, que es la que este Tribunal habr=E1 de apreciar en su = caso=94 (FJ=20 5).

Es de se=F1alar asimismo que una eventual contradicci=F3n = de los=20 tratados por las leyes o por otras disposiciones normativas = tampoco=20 puede fundamentar la pretensi=F3n de inconstitucionalidad de = una ley=20 por oposici=F3n a un derecho fundamental, =93puesto que las = normas=20 constitucionales que reconocen los derechos y libertades han = de=20 interpretarse =91de conformidad con la Declaraci=F3n = universal de=20 derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales = sobre las=20 mismas materias ratificados por Espa=F1a=92 (art. 10.2 CE). = Sin embargo,=20 tampoco en un supuesto de esta naturaleza se convertir=EDa = per se el=20 tratado en medida de la constitucionalidad de la ley = examinada, pues=20 tal medida seguir=EDa estando integrada por el precepto = constitucional=20 definidor del derecho o libertad, si bien interpretado, en = cuanto a=20 los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con el = tratado=20 o acuerdo internacional=94 (STC 28/1991, de 14 de febrero, = FJ 5).

De los anteriores pronunciamientos no podr=EDa concluirse = que el=20 legislador espa=F1ol, al regular los derechos de los = extranjeros, no=20 resulte limitado ex art. 10.2 CE por los tratados = internacionales=20 ratificados por Espa=F1a. Como hemos dicho, el art. 13 CE = autoriza al=20 legislador a establecer restricciones y limitaciones a los = derechos=20 de los extranjeros en Espa=F1a, pero sin afectar =93al = contenido=20 delimitado para el derecho por ... los tratados = internacionales=94=20 (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4), que debe observar para = configurar el sentido y alcance de los derechos = fundamentales. Como=20 cualquier otro poder p=FAblico, tambi=E9n el legislador = est=E1 obligado a=20 interpretar los correspondientes preceptos constitucionales = de=20 acuerdo con el contenido de dichos tratados o convenios, que = se=20 convierte as=ED en el =93contenido constitucionalmente = declarado=94 de los=20 derechos y libertades que enuncia el cap=EDtulo segundo del = t=EDtulo I=20 de nuestra Constituci=F3n. As=ED lo ha reconocido el = Tribunal, en=20 concreto respecto del derecho de entrada y permanencia en = Espa=F1a, al=20 declarar que la libertad del legislador al configurar esos = derechos=20 =93no es en modo alguna absoluta=94 (STC 94/1993, de 22 de = marzo, FJ 3),=20 pues del Pacto internacional de derechos civiles y = pol=EDticos de 1966=20 =93se derivan l=EDmites a las posibilidades abiertas al = legislador=94=20 (SSTC 242/1994, de 20 de julio, FJ 5; 24/2000, de 31 de = enero, FJ=20 4).

En suma, al enjuiciar la Ley impugnada en este proceso, = nos=20 corresponde determinar si el legislador ha respetado los = l=EDmites=20 impuestos ex art. 10.2 CE por las normas internacionales, = que le=20 obligan a interpretar de acuerdo con ellas los derechos y = libertades=20 consagrados en nuestra Constituci=F3n. Pero el tratado o = convenio=20 internacional invocado no se convierten en s=ED mismos en = canon de=20 constitucionalidad de los concretos preceptos recurridos, = como=20 pretende el Parlamento recurrente. Las normas legales = impugnadas=20 deben ser contrastadas con los correspondientes preceptos=20 constitucionales que proclaman los derechos y libertades de = los=20 extranjeros en Espa=F1a, interpretados de acuerdo con el = contenido de=20 dichos tratados o convenios. En consecuencia, s=F3lo podr=E1 = declararse=20 su inconstitucionalidad si aquellas normas con rango de ley = vulneran=20 el contenido constitucionalmente declarado de tales derechos = y=20 libertades.

6. Los criterios generales expuestos en los anteriores=20 fundamentos deben utilizarse para enjuiciar los preceptos de = la Ley=20 Org=E1nica 8/2000 impugnados en este recurso y dar ya = respuesta a los=20 concretos motivos de inconstitucionalidad alegados por la = entidad=20 recurrente frente a cada uno de ellos.

Como ha quedado reflejado en los antecedentes, el primer = precepto=20 recurrido es el contenido en el punto 5 del art=EDculo = primero, que da=20 una nueva redacci=F3n al apartado 1 del art. 7 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, seg=FAn el cual:

=93Los extranjeros tendr=E1n el derecho de reuni=F3n y = manifestaci=F3n,=20 conforme a las leyes que lo regulan para los espa=F1oles y = que podr=E1n=20 ejercer cuando obtengan autorizaci=F3n de estancia o = residencia en=20 Espa=F1a=94.

El Parlamento de Navarra sostiene que el precepto es = contrario al=20 art. 21 CE en conexi=F3n con la Declaraci=F3n universal de = los derechos=20 humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y = pol=EDticos=20 (1966), y los arts. 9, 11 y 14 del Convenio europeo para la=20 protecci=F3n de los derechos humanos y libertades = fundamentales=20 (CEDH). Y ello porque siendo un derecho derivado de la = dignidad=20 humana, se establece una distinci=F3n en su ejercicio entre = espa=F1oles=20 y extranjeros que carece de cobertura constitucional, = limitando su=20 ejercicio efectivo a quienes est=E9n legalmente en = Espa=F1a.

Por su parte, el Abogado del Estado responde que el = precepto no=20 niega a los extranjeros el disfrute de los citados derechos, = sino=20 que condiciona su ejercicio a la obtenci=F3n de la = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a, que tiene un significado=20 constitutivo de un derecho de configuraci=F3n legal. Los = preceptos=20 impugnados vendr=EDan a expresar la incompatibilidad entre = la=20 situaci=F3n legal de los extranjeros no autorizados a estar = o residir,=20 y el presupuesto pr=E1ctico de estos derechos, que es la = residencia en=20 Espa=F1a.

Antes de emprender el enjuiciamiento de la = constitucionalidad del=20 citado precepto legal es preciso advertir que, seg=FAn la = dicci=F3n=20 literal del mismo, los extranjeros gozan en Espa=F1a del = derecho de=20 reuni=F3n y manifestaci=F3n del art. 21 CE, que tendr=E1n = =93conforme a las=20 leyes que lo regulan para los espa=F1oles=94, estableciendo = as=ED una=20 equiparaci=F3n en cuanto a su titularidad y ejercicio. La = nueva=20 redacci=F3n dada por la Ley impugnada al apartado 1 del art. = 7 de la=20 Ley Org=E1nica 4/2000 introduce una condici=F3n para su = ejercicio por=20 parte de los extranjeros: que =E9stos hayan obtenido la = autorizaci=F3n=20 de estancia o residencia en Espa=F1a. La Ley recurrida = establece,=20 pues, una distinci=F3n entre espa=F1oles y extranjeros = ilegales que, a=20 juicio de la entidad recurrente, ser=EDa contraria a la = Constituci=F3n=20 por ser el derecho de reuni=F3n un derecho derivado de la = dignidad=20 humana en relaci=F3n con el cual el legislador no puede = establecer=20 diferencias entre espa=F1oles y extranjeros que no se = encuentran=20 legalmente en Espa=F1a.

Debemos, por tanto, determinar en primer lugar la = conexi=F3n del=20 derecho de reuni=F3n con la garant=EDa de la dignidad = humana. Como ha=20 quedado dicho en el fundamento jur=EDdico 3, con cita de la = STC=20 91/2000, de 30 de marzo, tal determinaci=F3n requiere partir = del tipo=20 abstracto de derecho y los intereses que b=E1sicamente = protege=20 (contenido esencial) para precisar despu=E9s en qu=E9 medida = es=20 imprescindible para la dignidad de la persona, acudiendo = para ello a=20 la Declaraci=F3n universal de derechos humanos y los dem=E1s = tratados y=20 acuerdos internacionales ratificados por Espa=F1a sobre las = mismas=20 materias.

En cuanto a lo primero, el art. 21 CE en su apartado 1 = dispone:=20 =93Se reconoce el derecho de reuni=F3n pac=EDfica y sin = armas. El=20 ejercicio de este derecho no necesitar=E1 autorizaci=F3n = previa=94.=20 Mientras el apartado 2 establece que =93En los casos de = reuniones en=20 lugares de tr=E1nsito p=FAblico y manifestaciones se dar=E1 = comunicaci=F3n=20 previa a la autoridad, que s=F3lo podr=E1 prohibirlas cuando = existan=20 razones fundadas de alteraci=F3n del orden p=FAblico, con = peligro para=20 personas o bienes=94.

Nuestra STC 284/2005, de 7 de noviembre, recogiendo = anteriores=20 pronunciamientos del Tribunal (especialmente las SSTC = 195/2003, de=20 27 de octubre, FFJJ 3 y 4; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; = 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3), ha sintetizado el contenido y=20 significado del derecho fundamental de reuni=F3n (art. 21 = CE) del=20 siguiente modo:

=93el derecho de reuni=F3n, seg=FAn ha reiterado este = Tribunal, es una=20 manifestaci=F3n colectiva de la libertad de expresi=F3n = ejercitada a=20 trav=E9s de una asociaci=F3n transitoria de personas, que = opera a modo=20 de t=E9cnica instrumental puesta al servicio del intercambio = o=20 exposici=F3n de ideas, la defensa de intereses o la = publicidad de=20 problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos = configuradores son=20 el subjetivo =97agrupaci=F3n de personas=97, el temporal = =97duraci=F3n=20 transitoria=97, el finalista =97licitud de la finalidad=97 y = el real y=20 objetivo =97lugar de celebraci=F3n (por todas, STC 85/1988). = Tambi=E9n=20 hemos destacado en m=FAltiples Sentencias el relieve = fundamental que=20 este derecho =97cauce del principio democr=E1tico = participativo=97 posee,=20 tanto en su dimensi=F3n subjetiva como en la objetiva, en un = Estado=20 social y democr=E1tico de Derecho como el proclamado en la=20 Constituci=F3n. Para muchos grupos sociales este derecho es, = en la=20 pr=E1ctica, uno de los pocos medios de los que disponen para = poder=20 expresar p=FAblicamente sus ideas y reivindicaciones. La = vinculaci=F3n=20 libertad de expresi=F3n-libertad de reuni=F3n ha sido = igualmente=20 destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en = muchas de=20 sus Sentencias; se=F1alando a este respecto que =93la = protecci=F3n de las=20 opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de = los=20 objetivos de la libertad de reuni=F3n=94 (STEDH caso = Stankov, de 13 de=20 febrero de 2003, =A7 85), y afirmando que =93la libertad de = expresi=F3n=20 constituye uno de los medios principales que permite = asegurar el=20 disfrute efectivo del derecho a la libertad de reuni=F3n y = de=20 asociaci=F3n=94 (STEDH caso Rekv=E9nyi, de 20 de mayo de = 1999, =A7 58)=94 (FJ=20 3). En el mismo sentido se ha pronunciado nuestra posterior = STC=20 163/2006, de 22 de mayo, FJ 2.

De lo dicho debe destacarse la conexi=F3n entre el = derecho de=20 reuni=F3n y la libertad de expresi=F3n, reiterada por el = Tribunal=20 Europeo de Derechos Humanos (por todas, STEDH caso Partido = de la=20 Libertad y de la Democracia, de 8 de diciembre de 1999, =A7 = 37), y el=20 car=E1cter participativo de este derecho en una sociedad = democr=E1tica,=20 en tanto que instrumento para la difusi=F3n de ideas y=20 reivindicaciones por parte de grupos sociales que a menudo = no=20 disponen de otros medios para expresarse ante los poderes = p=FAblicos y=20 ante la sociedad en general.

En cuanto a lo segundo, tanto la Declaraci=F3n universal = de=20 derechos humanos como los principales tratados = internacionales=20 ratificados por Espa=F1a parecen vincular el derecho de = reuni=F3n a la=20 dignidad que =93ha permanecer inalterada cualquiera que sea = la=20 situaci=F3n en que la persona se encuentre=94 (STC 91/2000, = de 30 de=20 marzo, FJ 7). As=ED, en el primer texto se proclama que = =93Toda persona=20 tiene derecho a la libertad de reuni=F3n y asociaci=F3n = pac=EDficas=94 (art.=20 20.1). Por su parte, el Pacto internacional de derechos = civiles y=20 pol=EDticos de 1966 (PIDCP) dispone en su art. 21: =93Se = reconoce el=20 derecho de reuni=F3n pac=EDfica. El ejercicio de tal derecho = s=F3lo puede=20 estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que = sean=20 necesarias en una sociedad democr=E1tica, en inter=E9s de la = seguridad=20 nacional, de la seguridad p=FAblica o del orden p=FAblico, o = para=20 proteger la salud o la moral p=FAblicas o los derechos y = libertades de=20 los dem=E1s=94. Finalmente, el art. 11 del Convenio europeo = para la=20 protecci=F3n de los derechos humanos y las libertades = fundamentales=20 (CEDH) establece en su apartado 1: =93Toda persona tiene = derecho a la=20 libertad de reuni=F3n pac=EDfica y a la libertad de = asociaci=F3n, incluido=20 el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a = los=20 mismos en defensa de sus intereses=94. Y en el apartado 2: = =93El=20 ejercicio de estos derechos no podr=E1 ser objeto de otras=20 restricciones que aquellas que, previstas en la ley, = constituyan=20 medidas necesarias, en una sociedad democr=E1tica, para la = seguridad=20 nacional, la seguridad p=FAblica, la defensa del orden y la = prevenci=F3n=20 del delito, la protecci=F3n de la salud o de la moral, o la = protecci=F3n=20 de los derechos y libertades ajenos. El presente art=EDculo = no proh=EDbe=20 que se impongan restricciones leg=EDtimas al ejercicio de = estos=20 derechos para los miembros de las fuerzas armadas, la = polic=EDa o de=20 la Administraci=F3n del Estado=94.

Seg=FAn el Abogado del Estado, las expresiones que = figuran en los=20 textos internacionales citados (=93toda persona=94, =93se = reconoce=94), o en=20 la misma Constituci=F3n (=93Se reconoce el derecho de = reuni=F3n=94) no=20 proporcionan una interpretaci=F3n que permita dilucidar si = se puede=20 excluir del derecho de reuni=F3n a los extranjeros que no = est=E1n=20 legalmente en Espa=F1a, puesto que tales textos no contienen = un=20 pronunciamiento expreso sobre el reconocimiento del = ejercicio de ese=20 derecho a los extranjeros ilegales. Tal objeci=F3n, sin = embargo, no=20 puede compartirse. A pesar de que nuestra jurisprudencia ha=20 relativizado la dicci=F3n literal de los art=EDculos que = reconocen=20 derechos en el t=EDtulo I de nuestra Carta Magna (as=ED, por = ejemplo, en=20 la STC 94/1993, de 22 de marzo, FJ 2), ha extra=EDdo = conclusiones de=20 las expresiones utilizadas en los preceptos = constitucionales,=20 interpret=E1ndolas precisamente de conformidad con los = textos=20 internacionales llamados por el art. 10.2 CE. As=ED lo hemos = hecho en=20 relaci=F3n con el derecho a la tutela judicial efectiva = partiendo del=20 art. 24.1 CE (=93Todas las personas tienen derecho=94), que, = interpretado de conformidad con los preceptos equivalentes = de los=20 textos internaciones, seg=FAn exige el art. 10.2 CE, nos ha = conducido=20 a afirmar que se trata de un derecho de todas las personas,=20 reconocido a los extranjeros, con independencia de su = situaci=F3n=20 jur=EDdica (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2; = 95/2003, de 22 de=20 mayo, FJ 5). Y en relaci=F3n con el derecho de reuni=F3n = hemos afirmado=20 que =93El art. 21.1 de la Constituci=F3n afirma = gen=E9ricamente que =91se=20 reconoce el derecho de reuni=F3n pac=EDfica y sin armas=92, = sin ninguna=20 referencia a la nacionalidad del que ejerce este derecho, a=20 diferencia de otros art=EDculos contenidos en el t=EDtulo I, = donde se=20 menciona expresamente a los =91espa=F1oles=92, y a = diferencia tambi=E9n de=20 otras Constituciones comparadas donde este derecho = expresamente se=20 reserva a los ciudadanos=94 (STC 115/1987, de 7 de julio, FJ = 2).

Por el contrario, de las expresiones como =93toda persona = dependiente de su jurisdicci=F3n=94 (art. 1 CEDH) o =93los = individuos que=20 se encuentren en su territorio y est=E9n sujetos a su = jurisdicci=F3n=94=20 (art. 2 PIDCP) no puede deducirse que los textos = internacionales=20 excluyan a los extranjeros ilegales de todos los derechos = que los=20 Estados se comprometen a garantizar, y as=ED lo admite el = Abogado del=20 Estado.

El Abogado del Estado alega que en la STC 115/1987, de 7 = de=20 julio, el Tribunal acept=F3 restricciones al derecho de = reuni=F3n de los=20 extranjeros basadas en su situaci=F3n jur=EDdica, lo cual no = se deduce=20 de una lectura atenta de aquella resoluci=F3n. En la misma = se=20 comprueba que el primer inciso del art. 7 de la Ley = Org=E1nica 7/1985,=20 de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los = extranjeros,=20 precepto entonces enjuiciado, no fue impugnado por el = Defensor del=20 Pueblo en su recurso. El precepto dispon=EDa: =93Los = extranjeros podr=E1n=20 ejercitar el derecho de reuni=F3n, de conformidad con lo = dispuesto en=20 las normas que lo regula, siempre que se hallen legalmente = en=20 territorio espa=F1ol=94. El segundo inciso del mismo = art=EDculo, que=20 exig=EDa la condici=F3n legal de residentes y la solicitud = de la=20 correspondiente autorizaci=F3n para ejercer el derecho de = reuni=F3n, s=ED=20 fue recurrido, pero como precis=F3 el Tribunal, =93el = problema que se=20 plantea no es el de si es posible aqu=ED esta diferencia de = trato en=20 el ejercicio del derecho entre los extranjeros y los = espa=F1oles, sino=20 si el legislador ha respetado el contenido preceptivo e = imperativo=20 que establece el art. 21.1 de la Constituci=F3n, tambi=E9n = para los=20 extranjeros=94 (FJ 2), llegando a una conclusi=F3n negativa. =

Ciertamente, el precepto enjuiciado establece una=20 equiparaci=F3n entre espa=F1oles y extranjeros en cuanto a = la=20 titularidad y el ejercicio del derecho de reuni=F3n, = exigiendo sin=20 embargo un requisito para los segundos, a saber, que =E9stos = hayan=20 obtenido la autorizaci=F3n de estancia o residencia en = Espa=F1a. Podr=EDa=20 entenderse pues que se trata de uno de los = =93condicionamientos=20 adicionales=94 que, como se ha dicho, el legislador puede=20 leg=EDtimamente establecer al ejercicio de un derecho que = =93la=20 Constituci=F3n reconoce directamente a los extranjeros=94. = Pero el=20 precepto debatido no se limita a condicionar el ejercicio = del=20 derecho de reuni=F3n por parte de los extranjeros en = situaci=F3n=20 irregular sino que impide radicalmente cualquier ejercicio = del mismo=20 a las personas que se encuentren en Espa=F1a en aquella = situaci=F3n.

Por =FAltimo, el Abogado del Estado alega que de los = l=EDmites=20 establecidos por los mencionados tratados a los derechos en = ellos=20 reconocidos, tales como el =93orden p=FAblico=94, se = podr=EDa deducir una=20 justificaci=F3n para que el legislador sujetara el ejercicio = del=20 derecho de reuni=F3n a la autorizaci=F3n de estancia o = residencia de los=20 extranjeros en Espa=F1a. Sin embargo, tampoco este argumento = puede=20 acogerse. El derecho de reuni=F3n, como todo derecho = fundamental,=20 tiene sus l=EDmites, por no ser un derecho absoluto e = ilimitado de=20 acuerdo con la Constituci=F3n (STC 36/1982, de 16 de junio, = FJ 6), y=20 con los tratados internacionales. Pero dichos l=EDmites se = imponen al=20 ejercicio mismo del derecho, independientemente de quien lo = ejerza.=20 As=ED ocurre con el =93orden p=FAblico con peligro para = personas o=20 bienes=94, que figura en el art. 21.2 CE, y que se refiere a = la=20 seguridad ciudadana estrictamente (SSTC 36/1982, FJ 6), sin = que=20 quepa realizar una interpretaci=F3n extensiva de dicho = l=EDmite=20 incluyendo en el mismo la regularidad de los extranjeros en = Espa=F1a.=20 Y ello porque =93el principio de libertad del que [el = derecho de=20 reuni=F3n] es una manifestaci=F3n exige que las limitaciones = que a =E9l se=20 establezcan respondan a supuestos derivados de la = Constituci=F3n y que=20 en cada caso resulte indubitablemente probado que se ha = traspasado=20 efectivamente el =E1mbito de libertad constitucionalmente = fijado=94 (STC=20 101/1985, de 4 de octubre, FJ 3). As=ED tambi=E9n lo ha = entendido el=20 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha defendido una=20 interpretaci=F3n estricta de los l=EDmites al derecho de = reuni=F3n fijados=20 en el art. 11.2 CEDH, de manera que solamente razones = convincentes e=20 imperativas pueden justificar las restricciones a esa = libertad=20 (STEDH caso Sidiropoulos, de 10 de julio de 1998, =A7 40). = En=20 concreto, en un caso en el que aquel Tribunal admiti=F3 la = limitaci=F3n=20 del derecho de reuni=F3n con base en la defensa del orden = p=FAblico=20 (art. 11.2 CEDH), rechaz=F3 que =93la situaci=F3n irregular = de la=20 demandante fuera suficiente para justificar la vulneraci=F3n = de su=20 libertad de reuni=F3n dado =85 que el hecho de protestar = pac=EDficamente=20 contra una legislaci=F3n que se est=E1 infringiendo no = constituye un fin=20 leg=EDtimo de restricci=F3n de la libertad en el sentido del = art. 11.2=20 [CEDH]=94 (STEDH caso Ciss=E9, de 9 de abril de 2002, =A7 = 50).

En suma, la definici=F3n constitucional del derecho de = reuni=F3n=20 realizada por nuestra jurisprudencia, y su vinculaci=F3n con = la=20 dignidad de la persona, derivada de los textos = internacionales,=20 imponen al legislador el reconocimiento de un contenido = m=EDnimo de=20 aquel derecho a la persona en cuanto tal, cualquiera que sea = la=20 situaci=F3n en que se encuentre. En este sentido, ya hemos = declarado=20 que =93=91el ejercicio del derecho de reuni=F3n y de = manifestaci=F3n forma=20 parte de aquellos derechos que, seg=FAn el art. 10 de la = norma=20 fundamental, son el fundamento del orden pol=EDtico y de la = paz=20 social=92, por lo que =91el principio de libertad del que es = una=20 manifestaci=F3n exige que las limitaciones que a =E9l se = establezcan=20 respondan a supuestos derivados de la Constituci=F3n y que = en cada=20 caso resulte indubitablemente probado que se ha traspasado=20 efectivamente el =E1mbito de libertad constitucional = fijado=92 (STC=20 101/1985)=94 (STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 4). El = legislador=20 org=E1nico puede fijar condiciones espec=EDficas para el = ejercicio del=20 derecho de reuni=F3n por parte de los extranjeros que se = encuentran en=20 nuestro pa=EDs sin la correspondiente autorizaci=F3n de = estancia o=20 residencia, siempre y cuando respete un contenido del mismo = que la=20 Constituci=F3n salvaguarda por pertenecer a cualquier = persona,=20 independientemente de la situaci=F3n en que se = encuentre.

La nueva redacci=F3n dada por el precepto impugnado al = art. 7.1 de=20 la Ley Org=E1nica 4/2000 no realiza una modulaci=F3n del = derecho de=20 reuni=F3n, estableciendo condiciones a su ejercicio, sino = que niega=20 este derecho a los extranjeros que no dispongan de = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a. De acuerdo con los = criterios=20 fijados en los anteriores fundamentos jur=EDdicos esta = regulaci=F3n=20 legal vulnera el art. 21 CE en su contenido = constitucionalmente=20 declarado por los textos a los que se refiere el art. 10.2 = CE. En=20 consecuencia, debe declararse inconstitucional el art. 7.1 = de la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, en la nueva redacci=F3n = que la da el=20 art. 1, punto 5, de la Ley Org=E1nica 8/2000, de 22 de = diciembre, con=20 los efectos que se expondr=E1n en el fundamento jur=EDdico = 17.

7.=20 El Parlamento de Navarra impugna la redacci=F3n del art. 8 = de la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, dada por el punto 6 del art=EDculo = primero de la Ley=20 aqu=ED impugnada, que dispone:

=93Todos los extranjeros tendr=E1n el derecho de = asociaci=F3n, conforme=20 a las leyes, que lo regulan para los espa=F1oles y que = podr=E1n ejercer=20 cuando obtengan autorizaci=F3n de estancia o residencia en=20 Espa=F1a=94.

La inconstitucionalidad del precepto la fundamenta la = entidad=20 demandante en el mismo motivo desarrollado frente al = precepto=20 anterior, invocando nuestra STC 115/1987. La r=E9plica del = Abogado del=20 Estado tambi=E9n es id=E9ntica a la realizada en relaci=F3n = con el derecho=20 de reuni=F3n, rechazando la invocaci=F3n de la citada = Sentencia para=20 enjuiciar la Ley impugnada en este proceso.

Esta circunstancia aconseja acoger la argumentaci=F3n ya = utilizada=20 en el anterior fundamento para enjuiciar este precepto, = empezando=20 por el examen del contenido del derecho de asociaci=F3n, = para indagar=20 despu=E9s su vinculaci=F3n con la dignidad de la persona a = fin de=20 comprobar si la condici=F3n establecida por el legislador = para su=20 ejercicio, a saber, que los extranjeros hayan obtenido = autorizaci=F3n=20 de estancia o residencia en Espa=F1a, es constitucionalmente = admisible.

Por lo que hace en su contenido, en la STC 67/1985, de 24 = de=20 mayo, afirmamos que el derecho de asociaci=F3n, interpretado = de=20 conformidad con la Declaraci=F3n universal de derechos = humanos y los=20 tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas = materias=20 ratificados por Espa=F1a, comprende tanto la libertad = positiva de=20 asociaci=F3n como la negativa de no asociarse. En efecto, el = art. 20.2=20 de la mencionada Declaraci=F3n universal establece que = =93nadie podr=E1=20 ser obligado a pertenecer a una asociaci=F3n=94, mientras = que la=20 libertad positiva se encuentra reconocida, dentro de ciertos = l=EDmites, por el art. 22 del Pacto de derechos civiles y = pol=EDticos, y=20 por el art. 11 del Convenio de Roma (FJ 4). La libertad = positiva, se=20 dijo en la misma resoluci=F3n, =93supone la superaci=F3n del = recelo con=20 que el Estado liberal contempl=F3 el derecho de = asociaci=F3n=94 (FJ 4),=20 garantizando =93la posibilidad de los individuos de unirse = para el=20 logro de =91todos los fines de la vida humana=92, y de = estructurarse y=20 funcionar el grupo as=ED formado libre de toda interferencia = estatal=94=20 (STC 115/1987, de 7 de julio, FJ 3). En cambio, la libertad = negativa=20 o de no asociarse, =93es una garant=EDa frente al dominio = por el Estado=20 de las fuerzas sociales a trav=E9s de la creaci=F3n de = corporaciones o=20 asociaciones coactivas que dispusieran del monopolio de una=20 determinada actividad social=94 (STC 67/1985, de 24 de mayo, = FJ=20 3).

Posteriormente, el Tribunal ha venido destacando que el = contenido=20 fundamental de ese derecho se manifiesta en tres dimensiones = o=20 facetas complementarias: la libertad de creaci=F3n de = asociaciones y=20 de adscripci=F3n a las ya creadas; la libertad de no = asociarse y de=20 dejar de pertenecer a las mismas; y, finalmente, la libertad = de=20 organizaci=F3n y funcionamiento internos sin injerencias = p=FAblicas.=20 Junto a este triple contenido, el derecho de asociaci=F3n = tiene=20 tambi=E9n, seg=FAn dijimos en la STC 56/1995, de 6 de marzo, = una cuarta=20 dimensi=F3n, esta vez inter privatos, que garantiza un haz = de=20 facultades a los asociados, considerados individualmente, = frente a=20 las asociaciones a las que pertenezcan o en su caso a los=20 particulares respecto de las asociaciones a las cuales = pretendan=20 incorporarse (STC 104/1999, de 14 de junio, FJ 4).

El art. 22.1 de nuestra Constituci=F3n utiliza la = f=F3rmula=20 impersonal =93Se reconoce el derecho de asociaci=F3n=94, = mientras los=20 textos internacionales citados garantizan a =93toda = persona=94 la=20 =93libertad de asociaci=F3n=94 (art. 20.1 de la = Declaraci=F3n universal;=20 art. 11 CEDH) o =93el derecho a asociarse libremente con = otras=94 (art.=20 22.1 PIDCP), con los l=EDmites que se han citado ya en el = anterior=20 fundamento jur=EDdico.

La STC 115/1987, de 7 de julio, invocada por ambas partes = en este=20 proceso, afirm=F3 que =93de acuerdo con sus propios = t=E9rminos, el art. 22=20 de la Constituci=F3n, en contraste con otras Constituciones=20 comparadas, reconoce tambi=E9n directamente a los = extranjeros el=20 derecho de asociaci=F3n=94 (FJ 3), y por ello declar=F3 = inconstitucional=20 el art. 8.2 de la Ley Org=E1nica 7/1985, que establec=EDa = una=20 intervenci=F3n administrativa (la suspensi=F3n de las = actividades de las=20 asociaciones promovidas e integradas mayoritariamente por=20 extranjeros) =93totalmente incompatible con la garant=EDa al = derecho de=20 asociaci=F3n reconocida en el art. 22.4 de la Constituci=F3n = tambi=E9n=20 para los extranjeros=94.

El Tribunal lleg=F3 a esta conclusi=F3n con base en una = ratio=20 decidendi a la que hemos hecho ya referencia, pero que por = su=20 importancia convendr=E1 reproducir textualmente: =93El art. = 13.1 de la=20 Constituci=F3n reconoce al legislador la posibilidad de = establecer=20 condicionamientos adicionales al ejercicio de derechos = fundamentales=20 por parte de los extranjeros, pero para ello ha de respetar, = en todo=20 caso, las prescripciones constitucionales, pues no se puede = estimar=20 aquel precepto permitiendo que el legislador configure = libremente el=20 contenido mismo del derecho, cuando =E9ste ya haya venido = reconocido=20 por la Constituci=F3n directamente a los extranjeros, a los = que es de=20 aplicaci=F3n tambi=E9n el mandato contenido en el art. 22.4 = de la=20 Constituci=F3n. Una cosa es, en efecto, autorizar = diferencias de=20 tratamiento entre espa=F1oles y extranjeros, y otra es = entender esa=20 autorizaci=F3n como una posibilidad de legislar al respecto = sin tener=20 en cuenta los mandatos constitucionales=94 (FJ 3)

En consecuencia, aunque el derecho de asociaci=F3n est=E1 = directamente reconocido a los extranjeros por la = Constituci=F3n, el=20 legislador se encuentra habilitado ex art. 13.1 CE para = establecer=20 =93condicionamientos adicionales=94 a su ejercicio, pero = respetando=20 siempre las prescripciones constitucionales, que limitan su = poder de=20 libre configuraci=F3n de su contenido. Como hemos = se=F1alado, el=20 legislador org=E1nico podr=EDa pues, en principio, fijar = condiciones=20 espec=EDficas para el ejercicio del derecho de asociaci=F3n = por parte de=20 los extranjeros que se encuentran en nuestro pa=EDs sin la=20 correspondiente autorizaci=F3n de estancia o residencia, = siempre y=20 cuando respetara un contenido del mismo que la = Constituci=F3n=20 salvaguarda por pertenecer a cualquier persona, = independientemente=20 de la situaci=F3n en que se encuentre.

En este sentido, hemos declarado que el derecho de = asociaci=F3n=20 est=E1 configurado =93=92como una de las libertades = p=FAblicas capitales de=20 la persona, al asentarse justamente como presupuesto en la = libertad,=20 viene a garantizar un =E1mbito de autonom=EDa personal, y = por tanto=20 tambi=E9n el ejercicio con pleno poder de = autodeterminaci=F3n de las=20 facultades que componen esa espec=EDfica manifestaci=F3n de = la libertad=92=20 (STC 244/1991, de 16 de diciembre). Este lugar destacado de = la=20 libertad de asociaci=F3n es tambi=E9n un componente esencial = de las=20 democracias pluralistas, pues sin ella no parece viable en = nuestros=20 d=EDas un sistema tal, del que resulta, en definitiva, uno = de sus=20 elementos estructurales como ingrediente del Estado Social = de=20 Derecho, que configura nuestra Constituci=F3n y, por su = propia=20 naturaleza, repele cualquier =91interferencia de los poderes = p=FAblicos=92=20 (STC 56/1995)=94 (SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 8; = 104/1999, de 14=20 de junio, FJ 3).

Por otra parte, el Convenio europeo de derechos humanos = reconoce=20 conjuntamente en el art. 11 el derecho =93a la libertad de = reuni=F3n=20 pac=EDfica y a la libertad de asociaci=F3n=94, ambas = vinculadas a la=20 libertad de expresi=F3n, entendidas como instrumento para la = formaci=F3n=20 de una opini=F3n p=FAblica libre. Tambi=E9n el Tribunal = Europeo de=20 Derechos Humanos ha declarado que, a pesar de su = especificidad y de=20 su propia esfera de aplicaci=F3n, el art. 11 CEDH debe = contemplarse a=20 la luz del art. 10 CEDH, puesto que la protecci=F3n de las = opiniones=20 personales contemplada en este precepto constituye uno de = los=20 objetivos de la libertad de reuni=F3n y asociaci=F3n = consagradas en el=20 art. 11 CEDH (STEDH caso Vogt, de 26 de septiembre de 1995, = =A7 64;=20 STEDH caso Ahmed, de 2 de septiembre de 1998, =A7 70).

El derecho de asociaci=F3n se encuentra, pues, vinculado = a la=20 dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad por = cuanto=20 protege el valor de la sociabilidad como dimensi=F3n = esencial de la=20 persona y en cuanto elemento necesario para la = comunicaci=F3n p=FAblica=20 en una sociedad democr=E1tica. Dado que se trata de un = derecho cuyo=20 contenido est=E1 unido a esa dimensi=F3n esencial, la = Constituci=F3n y los=20 tratados internacionales lo =93proyectan universalmente=94 y = de ah=ED que=20 no sea constitucionalmente admisible la negaci=F3n de su = ejercicio a=20 los extranjeros que carezcan de la correspondiente = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a. Ello no significa, como = ya hemos=20 dicho respecto del derecho de reuni=F3n, que se trate de un = derecho=20 absoluto, y por ello el legislador puede establecer = l=EDmites a su=20 ejercicio por parte de cualquier persona, siempre que = respete su=20 contenido constitucionalmente declarado.

Al igual que en el anterior fundamento jur=EDdico, las=20 consideraciones realizadas hasta aqu=ED conducen a la = conclusi=F3n de=20 que la nueva redacci=F3n dada al art. 8 de la Ley Org=E1nica = 4/2000 por=20 el art. 1, punto 6, de la Ley impugnada, al excluir = cualquier=20 ejercicio de este derecho por parte de los extranjeros que = carecen=20 de autorizaci=F3n de estancia o residencia en Espa=F1a ha = vulnerado el=20 art. 22 CE en su contenido constitucionalmente declarado por = los=20 textos a los que se refiere el art. 10.2 CE. En = consecuencia, debe=20 declararse inconstitucional el art. 8 de la Ley Org=E1nica = 4/2000, de=20 11 de enero, en la redacci=F3n que le da el art. 1, punto 6, = de la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, con los efectos que = se=20 expondr=E1n en el fundamento jur=EDdico 17.

8. El Parlamento de Navarra impugna el punto 7 del = art=EDculo=20 primero de la Ley recurrida en este proceso, que da nueva = redacci=F3n=20 al apartado 3 del art. 9 de la Ley Org=E1nica 4/2000. El = precepto=20 dispone:

=93Los extranjeros residentes tendr=E1n = derecho a la=20 educaci=F3n de naturaleza no obligatoria en las mismas = condiciones que=20 los espa=F1oles. En concreto, tendr=E1n derecho a acceder a = los niveles=20 de educaci=F3n y ense=F1anza no previstos en el apartado = anterior y a la=20 obtenci=F3n de las titulaciones que correspondan al caso, y = al acceso=20 al sistema p=FAblico de becas y ayudas=94.

A juicio = de la entidad=20 recurrente, esta nueva redacci=F3n vulnerar=EDa el art. 27.1 = CE en=20 relaci=F3n con el art. 39.4 CE, el art. 28 de la = Convenci=F3n de las=20 Naciones Unidas sobre derechos del ni=F1o, y el art. 26 de = la=20 Declaraci=F3n universal de los derechos humanos al impedir = el acceso a=20 la ense=F1anza no b=E1sica a los extranjeros menores de = dieciocho a=F1os=20 que no tengan residencia legal en Espa=F1a. El derecho del = ni=F1o a ser=20 escolarizado consagrado en el art. 27.1 CE comprender=EDa = tanto la=20 ense=F1anza b=E1sica como la no b=E1sica (art. 1 de la Ley = Org=E1nica del=20 derecho a la educaci=F3n), que formar=EDa parte del = contenido esencial=20 de este derecho.

El Abogado del Estado responde que la impugnaci=F3n se = dirige=20 contra la expresi=F3n =93residentes=94, si bien parece = responder a una=20 contradicci=F3n con el apartado 1 del art=EDculo, que = garantiza el=20 derecho a la educaci=F3n a los menores de dieciocho a=F1os,=20 independientemente de su situaci=F3n legal. La supresi=F3n = de la=20 residencia para el derecho a la educaci=F3n no obligatoria = implicar=EDa=20 un r=E9gimen de absoluta indiferenciaci=F3n respecto de la = legalidad de=20 la situaci=F3n y del lugar de residencia f=EDsica, lo cual = llevar=EDa a=20 una soluci=F3n discriminatoria en perjuicio de los = extranjeros=20 respetuosos con las leyes que beneficiar=EDa s=F3lo a sus = infractores.=20 Por otra parte, los tratados internacionales se referir=EDan = s=F3lo a la=20 ense=F1anza b=E1sica, primaria o elemental y no a estudios=20 ulteriores.

El examen del apartado impugnado debe hacerse ley=E9ndolo = conjuntamente con el apartado 1 del art. 9 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, objeto tambi=E9n de una nueva redacci=F3n por el = art. 1, punto 7=20 de la Ley recurrida, cuya inconstitucionalidad no se ha = denunciado.=20 Este precepto dispone: =93Todos los extranjeros menores de = dieciocho=20 a=F1os tienen derecho y deber a la educaci=F3n en las mismas = condiciones=20 que los espa=F1oles, derecho que comprende el acceso a la = ense=F1anza=20 b=E1sica, gratuita y obligatoria, a la obtenci=F3n de la = titulaci=F3n=20 acad=E9mica correspondiente y al acceso al sistema de becas = y ayudas=94.=20 El apartado 1 del art. 9 no exige pues la condici=F3n de = =93residente=94=20 para ejercer el derecho a la educaci=F3n cuando se trate de = la=20 ense=F1anza b=E1sica, a la que pueden acceder todos los = extranjeros=20 menores de dieciocho a=F1os. Por el contrario, el apartado = impugnado=20 s=ED exige aquel requisito cuando se trate de la educaci=F3n = no=20 obligatoria, sin hacer ninguna referencia a la edad.

De acuerdo con la legislaci=F3n educativa vigente (Ley = Org=E1nica=20 2/2006, de 3 de mayo, de educaci=F3n), existe una = coincidencia entre=20 la ense=F1anza b=E1sica y la ense=F1anza obligatoria, pues = la primera, que=20 comprende la educaci=F3n primaria y la educaci=F3n = secundaria=20 obligatoria (art. 3.1), =93es obligatoria y gratuita para = todas las=20 personas=94 (art. 4.1), mientras el bachillerato, la = formaci=F3n=20 profesional de grado medio, las ense=F1anzas profesionales = de las=20 artes pl=E1sticas y dise=F1o de grado medio y las = ense=F1anzas deportivas=20 de grado medio =93constituyen la educaci=F3n secundaria = postobligatoria=94=20 (art. 3.4). Seg=FAn esta legislaci=F3n, la ense=F1anza = b=E1sica se=20 desarrolla, de forma regular, entre los seis y los = diecis=E9is a=F1os de=20 edad, si bien los alumnos tendr=E1n derecho a permanecer en = r=E9gimen=20 ordinario cursando la ense=F1anza b=E1sica hasta los = dieciocho a=F1os de=20 edad (art. 4.2). Dentro de la ense=F1anza b=E1sica, la etapa = de=20 educaci=F3n secundaria obligatoria comprende cuatro cursos = que se=20 seguir=E1n ordinariamente entre los doce y los diecis=E9is = a=F1os de edad=20 (art. 22.1). La obtenci=F3n del t=EDtulo de graduado en = educaci=F3n=20 secundaria obligatoria permitir=E1 acceder a la educaci=F3n = secundaria=20 postobligatoria (art. 31.2), en concreto, al bachillerato, a = la=20 formaci=F3n profesional de grado medio, a los ciclos de = grado medio de=20 artes pl=E1sticas y dise=F1o, a las ense=F1anzas deportivas = de grado medio=20 y al mundo laboral (art. 31.2).

Por otra parte, la expresi=F3n =93extranjeros = residentes=94 equivale a=20 la obtenci=F3n de =93la autorizaci=F3n de [estancia o] = residencia en=20 Espa=F1a=94, que figura en los anteriores preceptos = examinados. As=ED se=20 deduce de los arts. 30 bis, 31 y 32 de la Ley Org=E1nica = 4/2000,=20 modificada por la Ley Org=E1nica 8/2000, que definen = legalmente las=20 situaciones de residencia temporal y residencia permanente, = ambas=20 reservadas a quienes =93se encuentren en Espa=F1a y sean = titulares de=20 una autorizaci=F3n para residir=94.

Aclarados estos extremos, el enjuiciamiento del precepto=20 recurrido debe comenzar examinando el contenido del derecho = a la=20 educaci=F3n constitucionalmente garantizado, = espec=EDficamente en su=20 dimensi=F3n prestacional, y despu=E9s comprobar si es=20 constitucionalmente leg=EDtima la exclusi=F3n de la = educaci=F3n no=20 obligatoria de aqu=E9llos que no ostentan la condici=F3n de = residentes=20 en Espa=F1a.

El art. 27 CE dispone que =93Todos tienen derecho a la = educaci=F3n=94=20 (apartado 1), el cual =93tendr=E1 por objeto el pleno = desarrollo de la=20 personalidad humana en el respeto a los principios = democr=E1ticos de=20 convivencia y a los derechos y libertades fundamentales=94 = (apartado=20 2), correspondiendo a los poderes p=FAblicos garantizar = =93el derecho de=20 todos a la educaci=F3n mediante una programaci=F3n general = de la=20 ense=F1anza=94 (apartado 5), que cuando es =93b=E1sica es = obligatoria y=20 gratuita=94 (apartado 4).

Como ha se=F1alado este Tribunal, la estrecha conexi=F3n = de todos los=20 preceptos incluidos en el art. 27 CE =93autoriza a hablar, = sin duda,=20 en t=E9rminos gen=E9ricos, como denotaci=F3n conjunta de = todos ellos, del=20 derecho a la educaci=F3n, o incluso del derecho de todos a = la=20 educaci=F3n, utilizando como expresi=F3n omnicomprensiva la = que el=20 mencionado art=EDculo emplea como f=F3rmula liminar=94 (STC = 86/1985, de 10=20 de julio, FJ 3).

El art. 27 CE presenta una similitud significativa con el = art. 26=20 de la Declaraci=F3n universal de derechos humanos, cuyo = primer=20 apartado dispone: =93Toda persona tiene derecho a la = educaci=F3n. La=20 educaci=F3n debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a = la=20 instrucci=F3n elemental y fundamental. La instrucci=F3n = elemental ser=E1=20 obligatoria. La instrucci=F3n t=E9cnica y profesional = habr=E1 de ser=20 generalizada; el acceso a los estudios superiores ser=E1 = igual para=20 todos, en funci=F3n de los m=E9ritos respectivos=94. El = segundo apartado=20 establece que =93La educaci=F3n tendr=E1 por objeto el pleno = desarrollo de=20 la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a = los=20 derechos humanos y a las libertades fundamentales; = favorecer=E1 la=20 comprensi=F3n, la tolerancia y la amistad entre todas las = naciones=20 todos los grupos =E9tnicos o religiosos; y promover=E1 el = desarrollo de=20 actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de = la=20 paz.=94

El Pacto internacional de derechos civiles y pol=EDticos = s=F3lo se=20 refiere al compromiso de los Estados de =93respetar la = libertad de los=20 padres y, en su caso, de los tutores legales, para = garantizar que=20 los hijos reciban la educaci=F3n religiosa y moral que = est=E9 de acuerdo=20 con sus propias convicciones=94 (art. 18.4). El derecho a la = educaci=F3n, como tal, se recoge en el art. 13 del Pacto = internacional=20 de derechos econ=F3micos, sociales y culturales (PIDESC). En = su primer=20 apartado dispone que =93Los Estados Partes en el presente = Pacto=20 reconocen el derecho de toda persona a la educaci=F3n=94, = mientras en el=20 segundo establece que =93Los Estados Partes en el presente = Pacto=20 reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de = este=20 derecho: a) La ense=F1anza primaria debe ser obligatoria y = asequible a=20 todos gratuitamente; b) La ense=F1anza secundaria, en sus = diferentes=20 formas, incluso la ense=F1anza secundaria, t=E9cnica y = profesional, debe=20 ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos = medios=20 sean apropiados y, en particular, por implantaci=F3n de la = ense=F1anza=20 gratuita; c) La ense=F1anza superior debe hacerse, = igualmente,=20 accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, = por=20 cuantos medios sean apropiados, y en particular, con la = implantaci=F3n=20 progresiva de la ense=F1anza gratuita; d) Debe fomentarse e=20 intensificarse, en la medida de lo posible, la educaci=F3n = fundamental=20 para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el = ciclo=20 completo de instrucci=F3n primaria; e) Se debe proseguir = activamente=20 el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la=20 ense=F1anza, implantar un sistema adecuado de becas y = mejorar=20 continuamente las condiciones del Cuerpo docente=94.

Finalmente, el art. 2 del Protocolo adicional al Convenio = para la=20 protecci=F3n de los derechos humanos y de las libertades=20 fundamentales, de 20 de marzo de 1952 (Instrumento de = ratificaci=F3n=20 de 2 de noviembre de 1990, BOE de 12 de enero de 1991), = establece:=20 =93A nadie se le puede negar el derecho a la educaci=F3n. El = Estado, en=20 el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la = educaci=F3n=20 y de la ense=F1anza, respetar=E1 el derecho de los padres a = asegurar=20 esta educaci=F3n y esta ense=F1anza conforme a sus = convicciones=20 religiosas y filos=F3ficas=94.

De las disposiciones transcritas se deduce la = inequ=EDvoca=20 vinculaci=F3n del derecho a la educaci=F3n con la garant=EDa = de la=20 dignidad humana, dada la innegable trascendencia que = aqu=E9lla=20 adquiere para el pleno y libre desarrollo de la = personalidad, y para=20 la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada = mediante la=20 ense=F1anza de los valores democr=E1ticos y el respeto a los = derechos=20 humanos, necesarios para =93establecer una sociedad = democr=E1tica=20 avanzada=94, como reza el pre=E1mbulo de nuestra = Constituci=F3n.

En este sentido, al enjuiciar las disposiciones relativas = a las=20 =93becas y ayudas al estudio=94 contenidas en la citada Ley = Org=E1nica=20 10/2002, declaramos que =93De la legislaci=F3n org=E1nica = aludida se=20 desprende que el sistema de becas constituye un instrumento = esencial=20 para hacer realidad el modelo de =91Estado social y = democr=E1tico de=20 derecho=92 que nuestra Constituci=F3n impone (art. 1.1), = determinando en=20 consecuencia que los poderes p=FAblicos aseguren que la = igualdad de=20 los individuos sea real y efectiva (art. 9.2 CE). De este = modo se=20 garantizan tambi=E9n la dignidad de la persona y el libre = desarrollo=20 de la personalidad (art. 10.1 CE) que suponen la base de = nuestro=20 sistema de derechos fundamentales=94 (STC 212/2005, de 21 de = julio, FJ=20 4).

Ya en relaci=F3n con su contenido, en la STC 86/1985, de = 10 de=20 julio, afirmamos que: =93El derecho de todos a la = educaci=F3n, sobre el=20 que en buena parte giran las consideraciones de la = resoluci=F3n=20 judicial recurrida y las de quienes hoy la impugnan, = incorpora as=ED,=20 sin duda, junto a su contenido primario de derecho de = libertad, una=20 dimensi=F3n prestacional, en cuya virtud los poderes = p=FAblicos habr=E1n=20 de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para = los=20 niveles b=E1sicos de la ense=F1anza, en las condiciones de=20 obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 de este = art. 27=20 de la norma fundamental. Al servicio de tal acci=F3n = prestacional de=20 los poderes p=FAblicos se hallan los instrumentos de = planificaci=F3n y=20 promoci=F3n mencionados en el n=FAm. 5 del mismo precepto, = as=ED como el=20 mandato, en su apartado 9 de las correspondientes ayudas = p=FAblicas a=20 los centros docentes que re=FAnan los requisitos que la Ley=20 establezca=94 (FJ 3).

Nuestra jurisprudencia, no limita, por tanto, la = dimensi=F3n=20 prestacional del derecho consagrado en el art. 27.1 CE a la=20 educaci=F3n b=E1sica, que debe ser obligatoria y gratuita = (art. 27.4=20 CE), sino que esa dimensi=F3n prestacional deber=E1n hacerla = efectiva=20 los poderes p=FAblicos, garantizando =93el derecho de todos = a la=20 educaci=F3n mediante una programaci=F3n general de la = ense=F1anza=94 (art.=20 27.5 CE).

Por su parte, al interpretar el art. 2 del Protocolo = adicional al=20 Convenio europeo de derechos humanos, el Tribunal Europeo de = Derechos Humanos ha puesto de manifiesto que los trabajos=20 preparatorios del Convenio confirman que las partes = contratantes =93no=20 reconocen un derecho a la instrucci=F3n que les obligar=EDa = a organizar=20 a su cargo, o a subvencionar, una ense=F1anza de una forma o = a un=20 nivel determinados=94. Pero el Tribunal aclara que de ello = no se=20 deduce que en ese art=EDculo no se consagre un = =93derecho=94, y que el=20 Estado no tenga una obligaci=F3n positiva de asegurar, en = virtud del=20 art. 1 CEDH, el respeto de tal derecho =93a toda persona = dependiente=20 de la jurisdicci=F3n de un Estado contratante=94 (STEDH caso = relativo a=20 ciertos aspectos del r=E9gimen ling=FC=EDstico en B=E9lgica, = de 23 de julio=20 de 1968, =A7 3). En esa misma resoluci=F3n, el Tribunal = precisa, sin=20 embargo, que el Protocolo no obliga a los Estados a crear un = sistema=20 de ense=F1anza, sino =FAnicamente a =93garantizar a las = personas bajo la=20 jurisdicci=F3n de las Partes Contratantes el derecho a = utilizar, en=20 principio, los medios de instrucci=F3n que existan en un = momento=20 determinado=94.

Seg=FAn ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos = Humanos, el=20 art. 2 del Protocolo forma un todo ya que el primer = p=E1rrafo reconoce=20 un =93derecho fundamental=94 de todos a la educaci=F3n, = sobre el cual se=20 asienta el derecho de los padres al respeto de sus = convicciones=20 religiosas y filos=F3ficas, consagrado en el segundo = p=E1rrafo. A pesar=20 de afirmar su car=E1cter negativo, el Tribunal reconoce que = el derecho=20 a la educaci=F3n tiene dos manifestaciones prestacionales, = puesto que=20 al prohibir el Protocolo adicional =93negar el derecho a la=20 instrucci=F3n=94, los Estados contratantes garantizan a = cualquiera que=20 dependa de su jurisdicci=F3n =93un derecho de acceso a los=20 establecimientos escolares que existan en un momento dado=94 = y =93la=20 posibilidad de obtener el reconocimiento oficial de los = estudios=20 realizados=94 (STEDH caso Kjeldsen, de 7 de abril de 1976, = =A7 52).

De las disposiciones constitucionales relativas al = derecho a la=20 educaci=F3n, interpretadas de conformidad con la = Declaraci=F3n universal=20 de derechos humanos y los tratados y acuerdos = internacionales=20 referidos, se deduce que el contenido constitucionalmente=20 garantizado de ese derecho, en su dimensi=F3n prestacional, = no se=20 limita a la ense=F1anza b=E1sica, sino que se extiende = tambi=E9n a los=20 niveles superiores, aunque en ellos no se imponga=20 constitucionalmente la obligatoriedad y la gratuidad.

Por otra parte, tambi=E9n de las disposiciones examinadas = y de su=20 recta interpretaci=F3n se obtiene que el derecho a la = educaci=F3n=20 garantizado en el art. 27.1 CE corresponde a =93todos=94,=20 independientemente de su condici=F3n de nacional o = extranjero, e=20 incluso de su situaci=F3n legal en Espa=F1a. Esta = conclusi=F3n se alcanza=20 interpretando la expresi=F3n del art. 27.1 CE de acuerdo con = los=20 textos internacionales citados, donde se utilizan las = expresiones=20 =93toda persona tiene=94 o =93a nadie se le puede negar=94 = el derecho a la=20 educaci=F3n. Seg=FAn se ha visto, el acceso a los = establecimientos=20 escolares y el derecho a utilizar, en principio, los medios = de=20 instrucci=F3n que existan en un momento determinado, debe=20 garantizarse, de acuerdo con el art. 1 CEDH, =93a toda = persona=20 dependiente de la jurisdicci=F3n de un Estado = contratante=94. Esta=20 expresi=F3n contenida en el art. 1 CEDH, interpretada = conjuntamente=20 con el art. 14 CEDH (SSTEDH caso Irlanda contra Reino Unido, = de 18=20 de enero de 1978, =A7 238; caso Pr=EDncipe Hans-Adams II de=20 Lichtenstein, de 12 de julio de 2001, =A7 46), debe = entenderse que=20 incluye tambi=E9n a aquellas personas no nacionales que se = encuentren=20 en una situaci=F3n irregular o ilegal.

La supresi=F3n de la residencia para el derecho a la = educaci=F3n no=20 obligatoria no entra=F1ar=EDa, como alega el Abogado del = Estado, una=20 discriminaci=F3n en perjuicio de los extranjeros regulares, = puesto que=20 aqu=E9llos que carezcan de autorizaci=F3n para residir = pueden ser=20 expulsados siguiendo los procedimientos legalmente = establecidos,=20 pero mientras se encuentren en territorio espa=F1ol no = pueden ser=20 privados de este derecho por el legislador.

En conclusi=F3n, el contenido constitucionalmente = declarado por los=20 textos a los que se refiere el art. 10.1 CE del derecho a la = educaci=F3n garantizado en el art. 27.1 CE incluye el acceso = no s=F3lo a=20 la ense=F1anza b=E1sica, sino tambi=E9n a la ense=F1anza no = obligatoria, de=20 la que no pueden ser privados los extranjeros que se = encuentren en=20 Espa=F1a y no sean titulares de una autorizaci=F3n para = residir. El=20 precepto impugnado impide a los extranjeros menores de = dieciocho=20 a=F1os sin autorizaci=F3n de estancia o residencia acceder a = la=20 ense=F1anza secundaria postobligatoria, a la que sin embargo = pueden=20 acceder, seg=FAn la legislaci=F3n educativa vigente, = aqu=E9llos que hayan=20 obtenido el t=EDtulo de graduado en educaci=F3n secundaria = obligatoria,=20 normalmente a la edad de diecis=E9is a=F1os. Ese derecho de = acceso a la=20 educaci=F3n no obligatoria de los extranjeros menores de = edad forma=20 parte del contenido del derecho a la educaci=F3n, y su = ejercicio puede=20 someterse a los requisitos de m=E9rito y capacidad, pero no = a otra=20 circunstancia como la situaci=F3n administrativa del menor. = Por ello,=20 debemos declarar la inconstitucionalidad del inciso = =93residentes=94 del=20 art. 9.3 de la Ley Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, en la = redacci=F3n=20 dada por el art. 1, punto 7, de la Ley Org=E1nica 8/2000, de = 22 de=20 diciembre.

9. El Parlamento de Navarra impugna el punto 9 del = art=EDculo=20 primero de la Ley recurrida en este proceso, que da nueva = redacci=F3n=20 al art. 11.1 de la Ley Org=E1nica 4/2000. El precepto = dispone:

=93Los extranjeros tendr=E1n derecho a sindicarse = libremente o a=20 afiliarse a una organizaci=F3n profesional, en las mismas = condiciones=20 que los trabajadores espa=F1oles, que podr=E1n ejercer = cuando obtengan=20 autorizaci=F3n de estancia o residencia en Espa=F1a=94.

La entidad recurrente denuncia la inconstitucionalidad = del=20 precepto por vulnerar el contenido esencial del derecho = reconocido=20 en el art. 28.1 CE y ser contrario a lo establecido en el = art. 23.4=20 de la Declaraci=F3n universal de los derechos humanos, al = art. 22 del=20 Pacto internacional de derechos civiles y pol=EDticos, y al = art. 11=20 del Convenio europeo de derechos humanos. El ejercicio del = derecho a=20 la libertad sindical no requerir=EDa la condici=F3n laboral = de su=20 titular, al contrario de lo que ocurre con el derecho de = huelga, y=20 por ello no cabr=EDa argumentar que los titulares del = derecho sean=20 s=F3lo los trabajadores.

El Abogado del Estado replica que los extranjeros no = autorizados=20 para estar o residir en Espa=F1a no est=E1n autorizados = tampoco para=20 trabajar v=E1lidamente, y ser=EDa absurdo permitir que quien = no est=E1=20 autorizado a trabajar pudiera gozar de estos derechos.

Debe precisarse que el Parlamento de Navarra impugna la = nueva=20 redacci=F3n dada al apartado 1 del art. 11 de la Ley = Org=E1nica 4/2000,=20 relativo al derecho a sindicarse libremente, pero no el = apartado 2,=20 referente al ejercicio del derecho de huelga, y por ello = nuestro=20 enjuiciamiento se ce=F1ir=E1 =FAnicamente al apartado = recurrido. Asimismo,=20 el motivo de la impugnaci=F3n se basa =FAnicamente en la = pretendida=20 vulneraci=F3n de la libertad sindical (art. 28.1 CE), a la = que se=20 refiere el primer inciso del precepto (=93Los extranjeros = tendr=E1n=20 derecho a sindicarse libremente=94), pero no el segundo, que = reconoce=20 el derecho =93a afiliarse a una organizaci=F3n = profesional=94, y que debe=20 ubicarse en el art. 52 CE, donde no se configura como un = derecho=20 pues aquel precepto constitucional se limita a remitir a la = ley la=20 regulaci=F3n de las =93organizaciones profesionales=94.

Realizadas estas aclaraciones, el examen de este motivo = de=20 inconstitucionalidad debe comenzar indagando el contenido=20 constitucionalmente declarado del derecho de la libertad = sindical,=20 para a continuaci=F3n examinar si la limitaci=F3n impuesta = por el=20 legislador, reservando el ejercicio de aquel derecho a los=20 extranjeros con autorizaci=F3n de estancia o residencia, es=20 constitucionalmente l=EDcita.

El art. 28.1 CE dispone: =93Todos tienen derecho a = sindicarse=20 libremente. La ley podr=E1 limitar o exceptuar el ejercicio = de este=20 derecho a las fuerzas o institutos armados o a los dem=E1s = cuerpos=20 sometidos a disciplina militar y regular=E1 las = peculiaridades de su=20 ejercicio para los funcionarios p=FAblicos. La libertad = sindical=20 comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de = su=20 elecci=F3n, as=ED como el derecho de los sindicatos a formar = confederaciones y a fundar organizaciones sindicales = internacionales=20 o a afiliarse a las mismas. Nadie podr=E1 ser obligado a = afiliarse a=20 un sindicato=94.

Siguiendo el criterio interpretativo ex art. 10.2 CE que = hemos=20 utilizado para el enjuiciamiento de los anteriores = preceptos, ha de=20 tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 23 de la = Declaraci=F3n=20 universal de los derechos humanos, seg=FAn el cual =93toda = persona tiene=20 derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa = de sus=20 intereses=94; as=ED como el art. 22 PIDCP, que reza: =93toda = persona tiene=20 derecho a asociarse libremente con otras, incluso a fundar=20 sindicatos y a afiliarse a ellos para la protecci=F3n de sus = intereses=94, lo que en t=E9rminos similares recoge el art. = 8 PIDESC,=20 proclamando el =93derecho de toda persona a fundar = sindicatos y a=20 afiliarse al de su elecci=F3n=94. Por otra parte, como se ha = visto, el=20 art. 11.1 CEDH consagra el derecho de =93toda persona=94 a = la libertad=20 de reuni=F3n y de asociaci=F3n, =93incluido el derecho de = fundar, con=20 otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la = defensa de sus=20 intereses=94, mientras en la Carta social europea las partes = contratantes se comprometen a =93que la legislaci=F3n = nacional no=20 menoscabe esa libertad [sindical] ni se aplique de manera = que pueda=20 menoscabarla=94 (art. 5). Finalmente, deben mencionarse dos = Convenios=20 de la Organizaci=F3n Internacional del Trabajo (OIT), ambos=20 ratificados por Espa=F1a y con virtualidad hermen=E9utica ex = art. 10.2=20 CE (seg=FAn se dijo en la STC 191/1998, de 29 de septiembre, = FJ 5): el=20 Convenio n=FAm. 87, sobre libertad sindical y protecci=F3n = del derecho=20 de sindicaci=F3n, en cuyo art. 2 se garantiza aqu=ED ya =93a = los=20 trabajadores =85 sin ninguna distinci=F3n =85 el derecho de = constituir las=20 organizaciones que estimen convenientes, as=ED como el de = afiliarse a=20 estas organizaciones=94; y el Convenio n=FAm. 98, relativo a = la=20 aplicaci=F3n de los principios del derecho de sindicaci=F3n = y=20 negociaci=F3n colectiva, cuyo art. 1 proclama que =93los = trabajadores=20 deber=E1n gozar de adecuada protecci=F3n contra todo acto de = discriminaci=F3n tendente a menoscabar la libertad sindical = en=20 relaci=F3n con su empleo=94.

Es de se=F1alar que podr=EDa entenderse, ciertamente no = sin=20 dificultades, que el precepto impugnado se refiere s=F3lo a = uno de los=20 diferentes aspectos del derecho consagrado en el art. 28.1 = CE, cuyo=20 contenido ha sido definido con amplitud en una consolidada=20 jurisprudencia constitucional. En la l=EDnea de la = argumentaci=F3n=20 sostenida por el Parlamento de Navarra, la disyuntiva que el = precepto contiene podr=EDa dar lugar a interpretar que =93el = derecho a=20 sindicarse libremente=94 es coextenso con el de afiliaci=F3n = a una=20 organizaci=F3n profesional, limitando en consecuencia el = precepto=20 legal el derecho de libre sindicaci=F3n al derecho = individual de=20 afiliaci=F3n y excluyendo de su contenido tanto la faceta = fundacional=20 del derecho, dentro de la vertiente asociativa de la = libertad=20 sindical (derecho a fundar sindicatos), como su significado = o=20 vertiente funcional (derecho a la actividad sindical), = aspectos que=20 constituyen tambi=E9n el contenido esencial de aquella = libertad (STC=20 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3), por contraposici=F3n a = su=20 contenido adicional (por todas, STC 241/2005, de 10 de = octubre, FJ=20 3).

Sin embargo, esa interpretaci=F3n restrictiva del = contenido del=20 precepto impugnado no es posible, toda vez que el derecho de = libre=20 sindicaci=F3n tiene el contenido esencial que este Tribunal = ha=20 definido, siendo preciso que nos pronunciemos sobre su=20 constitucionalidad en la inteligencia de que el precepto = excluye de=20 ese contenido esencial a los extranjeros carentes de = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a y no s=F3lo del derecho de = afiliaci=F3n=20 a los sindicatos ya creados.

En nuestra jurisprudencia hemos vinculado la titularidad = del=20 derecho de libertad sindical a =93todos=94 los trabajadores = en su=20 caracterizaci=F3n material, y no jur=EDdico-formal, y a = =93todos=94 los=20 sindicatos (art. 28.1 en relaci=F3n con el art. 7 CE), = entendiendo de=20 este modo la proyecci=F3n universal subjetiva que de dicho = derecho=20 efect=FAan los tratados internacionales citados, entre los = cuales es=20 de recordar el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad = sindical=20 y a la protecci=F3n del derecho de sindicaci=F3n, cuyo art. = 2 reconoce a=20 todos los trabajadores, sin distinci=F3n alguna y sin = autorizaci=F3n=20 previa, los derechos de fundaci=F3n de sindicatos y de = afiliaci=F3n a=20 los mismos. Siendo as=ED, no resulta constitucionalmente = admisible la=20 exigencia de la situaci=F3n de legalidad en Espa=F1a para su = ejercicio=20 por parte de los trabajadores extranjeros, aunque lo sea = para la=20 celebraci=F3n v=E1lida de su contrato de trabajo y, en = consecuencia,=20 para la obtenci=F3n de la condici=F3n jur=EDdico-formal de = trabajador=20 [art. 38 de la Ley Org=E1nica 4/2000, y arts. 1.1, 7 c) y = 9.2 del=20 texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, = aprobado=20 por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo]. Por = supuesto,=20 ello no significa que el legislador org=E1nico no pueda = establecer=20 limitaciones o excepciones a su ejercicio en los t=E9rminos = a los que=20 ya se refiere el propio art. 28.1 CE. Pero no alcanzando = tales=20 limitaciones o excepciones a los trabajadores extranjeros, = la=20 exclusi=F3n total del derecho de libertad sindical de = aquellos=20 extranjeros que trabajen pese a no haber obtenido = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a, no se compadece con el=20 reconocimiento del derecho de libertad sindical que = efect=FAa el art.=20 28.1 CE interpretado conforme a la normativa internacional = sobre=20 este derecho ratificada por Espa=F1a. Tampoco se compadece = con este=20 derecho la limitaci=F3n consiguiente que deriva para el = derecho de los=20 sindicatos de defender y promover los intereses de estos=20 trabajadores.

La concepci=F3n seg=FAn la cual el derecho de libertad = sindical se=20 ejercer=EDa exclusivamente por quienes ostentan la = condici=F3n de=20 trabajador en sentido legal, es decir, por quienes =93sean = sujetos de=20 una relaci=F3n laboral=94 (en los t=E9rminos del art. 1.2 de = la Ley=20 Org=E1nica de libertad sindical: LOLS), no se corresponde = con la=20 titularidad del derecho fundamental, ejercitable, entre = otras=20 finalidades posibles en la defensa de los intereses de los=20 trabajadores, para llegar a ostentar tal condici=F3n = jur=EDdico-formal.=20 De ah=ED que no resulte absurdo, como alega el Abogado del = Estado,=20 reconocer este concreto derecho a los extranjeros no = autorizados=20 para estar o residir en Espa=F1a, quienes pueden afiliarse a = los=20 sindicatos espa=F1oles para la defensa de sus intereses, = entre los que=20 puede encontrarse la regularidad de su situaci=F3n, pese a = la=20 irregularidad de la misma. Tambi=E9n aqu=ED debemos precisar = que el=20 legislador org=E1nico puede fijar condiciones espec=EDficas = para el=20 ejercicio del derecho de sindicaci=F3n por parte de los = extranjeros=20 que se encuentran en nuestro pa=EDs sin la correspondiente=20 autorizaci=F3n de estancia o residencia, siempre y cuando = respete un=20 contenido del mismo que la Constituci=F3n salvaguarda por = pertenecer a=20 cualquier persona, independientemente de la situaci=F3n en = que se=20 encuentre.

En consecuencia, los razonamientos anteriores conducen a = la=20 inconstitucionalidad del art. 11.1 de la Ley Org=E1nica = 4/2000, de 11=20 de enero, en la redacci=F3n dada por el art. 1, punto 9, de = la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, por ser contrario al = art. 28.1=20 CE. Tal como hemos precisado, la inconstitucionalidad de ese = inciso=20 viene referida exclusivamente al derecho a sindicarse = libremente,=20 pero no al derecho a afiliarse a una organizaci=F3n = profesional, con=20 los efectos que se expondr=E1n en el fundamento jur=EDdico = 17.

10. La entidad recurrente impugna los puntos 12 y 13 del = art=EDculo=20 primero de la Ley 8/2000, que dan nueva redacci=F3n a los = arts. 16.2 y=20 17.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000, y a=F1aden un nuevo art. = 18, todos=20 relativos a la intimidad familiar y al reagrupamiento = familiar. Tal=20 como se ha reflejado en los antecedentes, el motivo de la=20 impugnaci=F3n se basa en la remisi=F3n =93en blanco=94 que = los citados=20 preceptos hacen a los reglamentos para su posterior = desarrollo, la=20 cual se reputa contraria a la reserva de Ley Org=E1nica del = art. 81.1=20 CE, o alternativamente, la reserva de ley del art. 53.1 CE = por=20 afectar al contenido y l=EDmites del derecho a la intimidad = (art. 18.1=20 CE), y por incumplir las exigencias constitucionales de = tales=20 remisiones.

El Abogado del Estado replica que la pretendida=20 inconstitucionalidad, que no podr=EDa denunciarse del art. = 16.2 por no=20 contener remisi=F3n alguna al reglamento, se basa en una = idea=20 desacertada de la reagrupaci=F3n familiar por parte del = legislador,=20 que la concibe como un desarrollo del derecho a la intimidad = familiar (art. 18.1 CE), lo cual le ha llevado a atribuir = =93rango=94 de=20 Ley Org=E1nica a los arts. 16, 17 y 18 de la Ley recurrida=20 (disposici=F3n final primera). La regulaci=F3n legal de la = reagrupaci=F3n=20 familiar contenida en los citados art=EDculos deber=EDa = concebirse como=20 una modalidad de protecci=F3n jur=EDdica de la familia = contenida en el=20 art. 39.1 CE, que se limita a establecer un mandato respecto = del=20 cual no opera ninguna reserva constitucional. Los preceptos=20 impugnados no ser=EDan por tanto inv=E1lidos, pero = carecer=EDan de la=20 fuerza pasiva de las Leyes org=E1nicas. Por otra parte, las = llamadas=20 al reglamento que contienen no ser=EDan contradictorias con = la=20 doctrina constitucional sobre la colaboraci=F3n del = reglamento con la=20 Ley, puesto que con ellas no se trata de desarrollar un = derecho=20 fundamental, sino de regular las condiciones accesorias para = su=20 ejercicio.

El examen de este motivo de inconstitucionalidad aconseja = que=20 transcribamos =EDntegramente los concretos preceptos = impugnados de la=20 Ley Org=E1nica 8/2000:

El punto 12 del art=EDculo primero de la Ley impugnada = dispone que=20 los apartados 2 y 3 del art. 16 quedan redactados como = sigue:

=93Art=EDculo 16. Derecho a la intimidad familiar

2. Los extranjeros residentes en Espa=F1a tienen derecho = a=20 reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el = art.=20 17.
3. El c=F3nyuge que hubiera adquirido la residencia = en Espa=F1a=20 por causa familiar y sus familiares con =E9l agrupados = conservar=E1n la=20 residencia aunque se rompa el v=EDnculo matrimonial que dio = lugar a la=20 adquisici=F3n.

Reglamentariamente se podr=E1 determinar el tiempo previo = de=20 convivencia en Espa=F1a que se tenga que acreditar en estos=20 supuestos=94.

El punto 13 del art=EDculo primero de la Ley impugnada = dispone que=20 se a=F1ade un segundo apartado al art. 17 y el primer = apartado del=20 art. 17 queda redactado como sigue, suprimi=E9ndose las = letras e) y f)=20 de este art=EDculo, y se a=F1aden dos nuevos art=EDculos con = los n=FAmeros=20 18 y 19:

=93Art=EDculo 17. Familiares reagrupables

1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con = =E9l en=20 Espa=F1a a los siguientes familiares:

d) Los ascendientes del reagrupante o su c=F3nyuge, = cuando est=E9n a=20 su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de = autorizar=20 su residencia en Espa=F1a.

2. Reglamentariamente, se determinar=E1n las condiciones = para el=20 ejercicio del derecho de reagrupaci=F3n y, en especial, del = que=20 corresponda a quienes hayan adquirido la residencia en = virtud de una=20 previa reagrupaci=F3n.

Art=EDculo 18. Procedimiento para la reagrupaci=F3n = familiar

1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho = deber=E1n=20 solicitar una autorizaci=F3n de residencia por = reagrupaci=F3n familiar a=20 favor de los miembros de su familia que deseen reagrupar. Al = mismo=20 tiempo, deber=E1n aportar la prueba de que disponen de un = alojamiento=20 adecuado y de los medios de subsistencia suficientes para = atender=20 las necesidades de su familia una vez reagrupada.

2. Podr=E1n ejercer el derecho a la reagrupaci=F3n con = sus familiares=20 en Espa=F1a cuando hayan residido legalmente un a=F1o y = tengan=20 autorizaci=F3n para residir al menos otro a=F1o.

3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupaci=F3n = familiar, la=20 autoridad competente expedir=E1 a favor de los miembros de = la familia=20 que vayan a reagruparse la autorizaci=F3n de residencia, = cuya duraci=F3n=20 ser=E1 igual al per=EDodo de validez de la autorizaci=F3n de = residencia de=20 la persona que solicita la reagrupaci=F3n.

4. Reglamentariamente se determinar=E1n las condiciones = para el=20 ejercicio del derecho de reagrupaci=F3n por quienes hayan = adquirido la=20 residencia en virtud de una previa reagrupaci=F3n=94.

Antes de proceder al examen de este motivo de=20 inconstitucionalidad debemos determinar los preceptos = efectivamente=20 impugnados en el recurso. El Abogado del Estado alega que la = denunciada inconstitucionalidad de las remisiones = reglamentarias=20 podr=EDa pretenderse de la nueva redacci=F3n de los arts. = 17.2 y 18.4,=20 pero no del art. 16.2, que no contiene remisi=F3n alguna, = pues =E9sta se=20 encuentra en el art. 16.3, que no ha sido recurrido. En el = escrito=20 de la demanda, este motivo se desarrolla en el apartado e), = que se=20 anuncia de la siguiente forma: =93La redacci=F3n dada a los = art=EDculos 16=20 apartado 2, 17 apartado 2 y 18 apartado 4 de la Ley = Org=E1nica 4/2000=20 por los puntos 12 y 13 de la Ley Org=E1nica 8/2000=94 = (p=E1gina 12). Y en=20 la fundamentaci=F3n de este motivo se realiza la siguiente = afirmaci=F3n:=20 =93En los art=EDculos 16, 17 y 18 de la Ley Org=E1nica = 4/2000, en=20 redacci=F3n dada por la Ley Org=E1nica 8/2000, art=EDculos = con rango de=20 Ley Org=E1nica por declaraci=F3n expresa de la disposici=F3n = final primera=20 de la =FAltima ley citada, se regula el derecho a la = intimidad=20 familiar y por consiguiente el derecho de los extranjeros a = la=20 reagrupaci=F3n familiar en Espa=F1a, sin embargo las = condiciones de=20 ejercicio de ese derecho se remiten a la v=EDa reglamentaria = de manera=20 que se vulnera la reserva de ley org=E1nica establecida en = la=20 Constituci=F3n para el desarrollo del contenido de los = derechos=20 fundamentales contenidos en la Carta Magna=94 (p=E1gina = 12).

Por otra parte, en el suplico de la demanda se solicita = la=20 declaraci=F3n de inconstitucionalidad del art=EDculo primero = de la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, y en concreto de =93los puntos 12 y 13 = por los que se=20 modifican los art=EDculos 16, apartado 2, 17, apartado 2, y = 18,=20 apartado 4, de la Ley Org=E1nica 4/2000=94 (p=E1gina 23). = Por su parte en=20 la providencia dictada por la Secci=F3n Segunda de este = Tribunal, con=20 fecha 22 de mayo de 2001, se admite a tr=E1mite el recurso = de=20 inconstitucionalidad =93contra el art=EDculo primero, = apartados 5, 6, 7,=20 9, 12, 13, 14, 16, 20, 50, 53 y 56 de la Ley Org=E1nica = 8/2000, de 22=20 de diciembre=94.

En relaci=F3n con el objeto de impugnaci=F3n de los = recursos, este=20 Tribunal afirm=F3 en la STC 233/1999, de 16 de diciembre, = que =93el=20 suplico =91es la parte decisiva para reconocer y concretar = el objeto=20 de todo recurso=92 (STC 195/1998, FJ 1), de manera que, en = principio,=20 nuestro examen debe contraerse exclusivamente a las = disposiciones=20 que en =E9l se contienen. En una interpretaci=F3n del art. = 33 LOTC=20 alejada de rigorismos formales, sin embargo, hemos = puntualizado=20 reiteradamente que la no reproducci=F3n de un precepto en el = suplico=20 no debe constituir obst=E1culo alguno para entender que ha = sido=20 recurrido si dicha omisi=F3n puede achacarse a un simple = error (SSTC=20 178/1989, FJ 9; 214/1994, FJ 3), lo que suceder=E1 cuando de = las=20 alegaciones expuestas en el cuerpo del recurso se desprenda = con toda=20 claridad la voluntad de su impugnaci=F3n (SSTC 214/1994, FJ = 3;=20 68/1996, FJ 1; 118/1996, FJ 23)=94 (FJ 2).

Pues bien, la lectura del p=E1rrafo contenido en la = p=E1gina 12 del=20 recurso, reproducido m=E1s arriba, permite constatar que en = el mismo=20 se desarrolla una argumentaci=F3n para fundamentar la = presunta=20 inconstitucionalidad de los arts. 16, 17 y 18 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, en su nueva redacci=F3n; y que dicha = argumentaci=F3n, referida a=20 los tres art=EDculos, se basa en la vulneraci=F3n de la = reserva de ley=20 org=E1nica causada por las remisiones reglamentarias = contenidas en los=20 tres preceptos citados, incluida la del art. 16.3, aunque se = cite=20 err=F3neamente el art. 16.2. En consecuencia, el cuerpo del = recurso=20 contiene razonamientos que fundamentan la presunta=20 inconstitucionalidad de la remisi=F3n reglamentaria = contenida en el=20 art. 16.3 de la Ley Org=E1nica 4/2000, en la nueva = redacci=F3n dada por=20 la Ley impugnada, y por lo cual debemos entender que el = Parlamento=20 de Navarra ha recurrido ese precepto, solicitando que se = declare su=20 inconstitucionalidad.

11. Entrando ya en el fondo de este motivo de = impugnaci=F3n, ha de=20 precisarse que la denunciada inconstitucionalidad de las = remisiones=20 reglamentarias s=F3lo puede apreciarse si previamente se = comprueba que=20 los preceptos recurridos versan sobre el derecho fundamental = a la=20 intimidad consagrado en el art. 18.1 CE, el cual es objeto = de las=20 reservas de ley establecidas en los arts. 81.1 y 53.1 CE,=20 presuntamente infringidos. Y ello porque los preceptos = recurridos=20 s=F3lo podr=EDan reputarse contrarios a la Constituci=F3n si = realizaran=20 efectivamente una remisi=F3n reglamentaria en blanco para = desarrollar=20 las condiciones de ejercicio del derecho fundamental a la = intimidad=20 familiar (art. 18.1 CE), tal como sostiene el Parlamento de = Navarra=20 en su recurso.

Como puede comprobarse en el texto trascrito, el art. 16 = de la=20 Ley Org=E1nica 4/2000 se titula =93Derecho a la intimidad = familiar=94, y=20 el apartado 1 de dicho art=EDculo, que no ha sido modificado = por la=20 Ley recurrida, dispone: =93Los extranjeros residentes tienen = derecho a=20 la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma = prevista en=20 esta Ley Org=E1nica y de acuerdo con lo dispuesto en los = tratados=20 internacionales suscritos por Espa=F1a=94. El art. 16.2 = regula el=20 supuesto del c=F3nyuge que hubiera adquirido la residencia = en Espa=F1a=20 por causa familiar y el de sus familiares con =E9l = agrupados, a los=20 que se permite conservar la residencia aunque se rompa el = v=EDnculo=20 matrimonial, remitiendo al desarrollo reglamentario la = determinaci=F3n=20 del =93tiempo previo de convivencia en Espa=F1a=94 (art. = 16.3) que se=20 deber=E1 acreditar en estos supuestos. El precepto no regula = ni=20 desarrolla aspecto alguno de la intimidad familiar, ni = siquiera de=20 la vida familiar, pues se refiere a la posibilidad de = conservar la=20 residencia por parte del c=F3nyuge que la adquiri=F3 en = virtud de=20 reagrupaci=F3n, y sus familiares, cuando desaparece el = v=EDnculo=20 matrimonial. Por otra parte, el art. 17.1, as=ED como el = nuevo art.=20 18.1, regulan el llamado derecho de reagrupaci=F3n familiar, = remitiendo al reglamento la determinaci=F3n de =93las = condiciones para=20 el ejercicio del derecho de reagrupaci=F3n=94 (arts. 17.2 y = 18.4).

Este derecho a la reagrupaci=F3n familiar, sin embargo, = no forma=20 parte del contenido del derecho consagrado en el art. 18 CE, = que=20 regula la intimidad familiar como una dimensi=F3n adicional = de la=20 intimidad personal, y as=ED lo ha reconocido nuestra = jurisprudencia.=20 Hemos entendido, en efecto, que el derecho a la intimidad = personal=20 del art. 18 CE implica =93la existencia de un =E1mbito = propio y=20 reservado frente a la acci=F3n y conocimiento de los = dem=E1s, necesario=20 =97seg=FAn las pautas de nuestra cultura=97 para mantener = una calidad=20 m=EDnima de la vida humana=94 (STC 231/1988, de 2 de = diciembre, FJ 3). Y=20 precisado que el derecho a la intimidad =93se extiende no = s=F3lo a los=20 aspectos de la vida propia personal, sino tambi=E9n a = determinados=20 aspectos de otras personas con las que se guarde una = personal y=20 estrecha vinculaci=F3n familiar, aspectos que, por esa = relaci=F3n o=20 v=EDnculo familiar, inciden en la propia esfera de la = personalidad del=20 individuo que los derechos del art=EDculo 18 CE protegen. = =91No cabe=20 duda que ciertos eventos que pueden ocurrir a padres, = c=F3nyuges o=20 hijos tienen, normalmente y dentro de las pautas culturales = de=20 nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que = su=20 indebida publicidad o difusi=F3n incide directamente en la = propia=20 esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un = derecho=20 =97propio y no ajeno=97 a la intimidad, constitucionalmente = protegido=92=20 (STC 231/1988)=94 (STC 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3). En = suma, el=20 derecho reconocido en el art. 18.1 CE atribuye a su titular = el poder=20 de resguardar ese =E1mbito reservado por el individuo para = s=ED y su=20 familia de una publicidad no querida (STC 134/1999, de 15 de = julio,=20 FJ 5; STC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 4).

El art. 8.1 CEDH establece que =93Toda persona tiene = derecho al=20 respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de = su=20 correspondencia=94. La jurisprudencia del Tribunal Europeo = de Derechos=20 Humanos, en contraste con la de este Tribunal, ha deducido = de aquel=20 precepto un =93derecho a la vida familiar=94, que = comprender=EDa como uno=20 de sus elementos fundamentales el disfrute por padres e = hijos de su=20 mutua compa=F1=EDa (STEDH caso Johansen, de 27 de junio de = 1996, =A7 52).=20 Sin embargo, no ha llegado a reconocer expl=EDcitamente un = aut=E9ntico=20 derecho a la reagrupaci=F3n familiar derivado del art. 8 = CEDH (SSTEDH=20 caso Abdulaziz, de 28 de mayo de 1985, =A7 68; caso Ahmut, = de 28 de=20 noviembre de 1996, =A7 67; caso G=FCl, de 19 de febrero de = 1996, =A7=A7=20 39-43), que s=F3lo ser=EDa eficaz en el supuesto de que la = vida familiar=20 no fuera posible en ning=FAn otro lugar, por impedimento = legal o=20 f=E1ctico (SSTEDH caso Sen, de 21 de diciembre de 2001, = =A7=A7 28-40; caso=20 Boultif, de 2 de agosto de 2001, =A7=A7 53-56). Por otra = parte, el=20 Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido que en = algunos=20 casos el art. 8.1 CEDH puede actuar como l=EDmite a la = posibilidad de=20 aplicaci=F3n de las causas legales de expulsi=F3n de los = extranjeros, si=20 bien teniendo en cuenta a su vez los l=EDmites impuestos por = el art.=20 8.2 CEDH, las circunstancias del caso y la ponderaci=F3n de = los=20 intereses en juego (entre muchas, STEDH caso Dalia, de 19 de = febrero=20 de 1988, =A7=A7 39-45, 52-54).

Inspir=E1ndose en el art. 8.1 CEDH, el ordenamiento = europeo tambi=E9n=20 ha regulado el derecho a la reagrupaci=F3n familiar en la = Directiva=20 2004/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, = mediante la=20 cual se ha armonizado el r=E9gimen de la reagrupaci=F3n = familiar de=20 nacionales no comunitarios residentes en un Estado miembro, = si bien=20 en la misma Directiva se establecen condiciones para el = ejercicio de=20 aquel derecho al tiempo que se deja un amplio margen a la = regulaci=F3n=20 de cada Estado miembro.

El art. 16.3 de la Declaraci=F3n universal de derechos = humanos y el=20 art. 23.1 PIDCP, con id=E9ntica redacci=F3n, disponen: =93La = familia es el=20 elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene = derecho a la=20 protecci=F3n de la sociedad y del Estado=94. Ahora bien, de = tales=20 preceptos no se deduce tampoco un criterio interpretativo = del art.=20 18.1 CE, que llevar=EDa a entender comprendido en el mismo = un derecho=20 a la reagrupaci=F3n familiar.

Debe coincidirse, pues, con el Abogado del Estado en que = nuestra=20 Constituci=F3n no reconoce un =93derecho a la vida = familiar=94 en los=20 mismos t=E9rminos en que la jurisprudencia del Tribunal = Europeo de=20 Derechos Humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH, y menos = a=FAn un=20 derecho fundamental a la reagrupaci=F3n familiar, pues = ninguno de=20 dichos derechos forma parte del contenido del derecho a la = intimidad=20 familiar garantizado por el art. 18.1 CE. Sostiene la = representaci=F3n=20 del Estado que la reagrupaci=F3n familiar, regulada en los = preceptos=20 impugnados, constituye una modalidad de protecci=F3n de la = familia,=20 haciendo efectivo el principio rector consagrado en el art. = 39.1 CE.=20 Sin embargo, =E9sta es una cuesti=F3n sobre la que no es = preciso que nos=20 pronunciemos, pues a los efectos de nuestra fundamentaci=F3n = lo=20 decisivo es que los =93derechos fundamentales y libertades = p=FAblicas=94=20 cuyo desarrollo exige ser regulado mediante Ley Org=E1nica, = de acuerdo=20 con el art. 81.1 CE, son exclusivamente los comprendidos en = la=20 secci=F3n primera, cap=EDtulo segundo, t=EDtulo I de la = Constituci=F3n=20 (arts. 15 a 29: SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 2; = 160/1987, de 27=20 de octubre, FJ 2).

A la vista de todo ello resulta claro que los preceptos=20 impugnados (arts. 16.2 y 17.1 de la Ley Org=E1nica 4/2000, = as=ED como el=20 nuevo art. 18, en la redacci=F3n dada por los puntos 12 y 13 = del=20 art=EDculo primero de la Ley 8/2000), al no regular ni = desarrollar el=20 derecho fundamental a la intimidad familiar (art. 18.1 CE), = no est=E1n=20 sometidos ni a la reserva de Ley Org=E1nica (art. 81.1 CE), = ni a la=20 reserva de ley establecida para los =93derechos y libertades = reconocidos en el cap=EDtulo II=94 (art. 53.1 CE), sin que = ello nos=20 obligue a llevar al fallo un pronunciamiento en tal sentido = dados=20 los t=E9rminos en los que se plantea este proceso. En = consecuencia,=20 las remisiones reglamentarias contenidas en los art=EDculos = recurridos=20 no han infringido aquellas disposiciones constitucionales, = por lo=20 que debe desestimarse este motivo de inconstitucionalidad. =

12. El Parlamento de Navarra impugna el punto 14 del = art=EDculo=20 primero de la Ley Org=E1nica 8/2000, que da nueva = redacci=F3n al inciso=20 final del apartado 2 del art. 20 (antes 18), = disponiendo:

=93Los procedimientos administrativos que se establezcan = en materia=20 de extranjer=EDa respetar=E1n en todo caso las garant=EDas = previstas en la=20 legislaci=F3n general sobre procedimiento administrativo,=20 especialmente en lo relativo a publicidad de normas, = contradicci=F3n,=20 audiencia al interesado y motivaci=F3n de las resoluciones, = salvo lo=20 dispuesto en el art. 27 de esta Ley=94.

Se recurre asimismo la nueva redacci=F3n dada por la Ley = Org=E1nica=20 8/2000 al apartado 5 del art. 27 (antes 25) de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, que establece:

=93La denegaci=F3n de visado deber=E1 ser motivada cuando = se trate de=20 visados de residencia para reagrupaci=F3n familiar o para el = trabajo=20 por cuenta ajena. Si la denegaci=F3n se debe a que el = solicitante del=20 visado est=E1 incluido en la lista de personas no admisibles = prevista=20 en el Convenio de aplicaci=F3n del Acuerdo de Schengen de 14 = de junio=20 de 1990, se le comunicar=E1 as=ED de conformidad con las = normas=20 establecidas por dicho Convenio.

La resoluci=F3n expresar=E1 los recursos que contra la = misma=20 procedan, =F3rgano ante el que hubieran de presentarse y = plazo para=20 interponerlos=94.

La entidad recurrente afirma que los preceptos = transcritos=20 permiten que no se motive el acuerdo de denegaci=F3n de = visado en=20 algunos supuestos, en concreto, cuando no se refieran a la=20 reagrupaci=F3n familiar o a la solicitud de permiso de = trabajo por=20 cuenta ajena. De ah=ED que se reputen contrarios a los arts. = 24.1 en=20 relaci=F3n con el art. 9.3 y 106.1 CE, ya que no se exige la = motivaci=F3n de una resoluci=F3n administrativa, impidiendo = su control=20 jurisdiccional, lo que supone un menoscabo del derecho de = defensa,=20 adem=E1s de alentar el car=E1cter arbitrario de las = decisiones de la=20 Administraci=F3n.

Para el Abogado del Estado de la regulaci=F3n recurrida = no se=20 desprende que el precepto imponga la ausencia de = motivaci=F3n en los=20 supuestos no se=F1alados. Por otra parte, las disposiciones=20 constitucionales invocadas no exigen en todo caso = motivaci=F3n de las=20 decisiones administrativas denegatorias de visados por = cuanto su=20 obtenci=F3n no es un derecho reglado del extranjero sino un=20 instrumento de la pol=EDtica de inmigraci=F3n que ejerce el = Estado=20 soberanamente de acuerdo con sus propios intereses y con = base en=20 compromisos internacionales.

Conviene precisar que el objeto de impugnaci=F3n se = ci=F1e al inciso=20 final del apartado 2 del nuevo art. 20, y al apartado 5 del = art. 27=20 (antes art. 25) de la Ley Org=E1nica 4/2000 por cuanto = eximen de=20 motivar la denegaci=F3n de visado, excepto en los supuestos = tasados en=20 los mismos preceptos. La lectura de =E9stos permite concluir = que,=20 efectivamente, en ellos se establece la necesidad de motivar = las=20 resoluciones denegatorias del visado s=F3lo en tres = supuestos (visados=20 de residencia para reagrupaci=F3n familiar, para la = prestaci=F3n de=20 trabajo por cuenta ajena, o cuando la denegaci=F3n se deba a = que el=20 solicitante est=E1 incluido en las lista de personas no = admisibles=20 previstas en el Convenio de aplicaci=F3n del Acuerdo de = Schengen),=20 pero no en los dem=E1s, en los que ciertamente no se impone = la no=20 motivaci=F3n, como alega el Abogado del Estado, sino que = simplemente=20 no se exige. El reproche de inconstitucionalidad aducido por = la=20 entidad recurrente se basa, pues, en esta falta de exigencia = de=20 motivaci=F3n de las resoluciones administrativas = denegatorias del=20 visado, que se reputa contraria al art. 24.1 en relaci=F3n = con los=20 arts. 9.3 y 106.1 CE.

El examen de este motivo de inconstitucionalidad debe = empezar=20 recordando que el derecho a la tutela judicial consagrado en = el art.=20 24 CE, tal como ha declarado este Tribunal, constituye uno = de los=20 derechos fundamentales =93que pertenecen a la persona en = cuanto tal y=20 no como ciudadano=94 o, dicho de otro modo, es uno de = =93aquellos que=20 son imprescindibles para la garant=EDa de la dignidad humana = que=20 conforme al art. 10.1 de nuestra Constituci=F3n constituye = fundamento=20 del orden pol=EDtico espa=F1ol=94 (STC 107/1984, de 23 de = noviembre, FJ=20 3), conclusi=F3n que se obtiene =93no s=F3lo por la = dicci=F3n literal del=20 citado art=EDculo (=91todas las personas=92), sino porque a = esa misma=20 conclusi=F3n se llega interpret=E1ndolo, seg=FAn exige el = art. 10.2 CE, de=20 conformidad con el art. 10 de la Declaraci=F3n universal de = derechos=20 humanos, con el art. 6.1 del Convenio de Roma de 4 de = noviembre de=20 1950 y con el art. 14.1 del Pacto internacional de derechos = civiles=20 y pol=EDticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, = textos en=20 todos los cuales el derecho equivalente al que nuestra = Constituci=F3n=20 denomina tutela judicial efectiva es reconocido a =91toda = persona=92 o a=20 =91todas las personas=92, sin atenci=F3n a su = nacionalidad=94 (SSTC 99/1985,=20 de 30 de septiembre, FJ 2; 95/2003, de 22 de mayo, FJ = 4).

A la anterior constataci=F3n debe seguirle una segunda, y = es que el=20 derecho a la tutela judicial efectiva, seg=FAn una reiterada = doctrina=20 de este Tribunal, =93exige siempre, desde luego, y sin = perjuicio de=20 los espec=EDficos requerimientos que imponen cada una de sus = distintas=20 facetas o vertientes, que las resoluciones judiciales sean = motivadas=20 y fundadas en Derecho, sin incurrir en irrazonabilidad,=20 arbitrariedad o error patente=94 (por todas, STC 5/2002, de = 14 de=20 enero, FJ 2).

La pretensi=F3n de inconstitucionalidad del precepto = aqu=ED examinado=20 se basa en la exoneraci=F3n del deber de motivaci=F3n = referido, no a una=20 resoluci=F3n judicial, sino a una resoluci=F3n = administrativa=20 denegatoria de un visado, con las excepciones mencionadas. = Al=20 respecto, ya se=F1alamos en su d=EDa que =93frente a la = regla general,=20 conforme a la cual el deber de motivaci=F3n de los actos=20 administrativos es un mandato derivado de normas que se = mueven en el=20 =E1mbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, = en=20 determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una=20 dimensi=F3n constitucional que lo hace fiscalizable a = trav=E9s del=20 recurso de amparo constitucional. As=ED ocurre cuando se = trate de=20 actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos=20 fundamentales (SSTC 36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre = otras).=20 Tambi=E9n en relaci=F3n con actos administrativos que = impongan=20 sanciones=94 (STC 7/1998, de 13 de febrero, FJ 6).

Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que = aqu=ED=20 examinamos no contempla propiamente la restricci=F3n de un = derecho,=20 pues la obtenci=F3n del visado no es un derecho reglado del=20 extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el = derecho a=20 entrar en Espa=F1a no es un derecho fundamental del que sean = titulares=20 los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE (STC 75/2005, de = 4 de=20 abril, FJ 8). Por otra parte, en este proceso se enjuicia la = constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley = Org=E1nica=20 8/2000, pero no se fiscaliza un acto administrativo mediante = un=20 recurso de amparo.

Por ello nuestro juicio debe centrarse en la pretendida=20 inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados, ya = identificados previamente, por estimarse contrarios al art. = 24.1 CE=20 en relaci=F3n con los arts. 9.3 y 106.1 CE. Pues bien, la = exoneraci=F3n=20 del deber de motivaci=F3n de los actos administrativos = denegatorios=20 del visado establecida en aquellos preceptos no debe = reputarse=20 contraria al art. 24.1 CE puesto que se trata de actos que = no=20 imponen sanci=F3n alguna ni limitan el ejercicio de ning=FAn = derecho=20 fundamental, como ha quedado expuesto. Por otra parte, = aquella=20 exoneraci=F3n tampoco debe considerarse incompatible con la=20 interdicci=F3n de la arbitrariedad de los poderes p=FAblicos = (art. 9.3=20 CE) y con el obligado control de la actuaci=F3n = administrativa por=20 parte de los Tribunales (art. 106.1 CE), que la Ley aqu=ED = enjuiciada=20 garantiza =93en todo caso, cuando el extranjero no se = encuentre en=20 Espa=F1a=94 (art. 65.2).

La inconstitucionalidad del precepto s=F3lo podr=EDa = sostenerse si la=20 norma impugnada hubiera impedido el control jurisdiccional = de estos=20 actos administrativos bas=E1ndose en su car=E1cter = potestativo o=20 discrecional pues =93con dicha fundamentaci=F3n se niega la = proyecci=F3n=20 que en este =E1mbito tiene la propia interdicci=F3n de la = arbitrariedad=20 de los poderes p=FAblicos que proclama el art. 9.3 CE=94 = (STC 163/2002,=20 de 16 de septiembre, FJ 5). Pero la Ley enjuiciada somete a = control=20 de los Tribunales esta actividad administrativa (art. 106.1 = CE), con=20 lo cual la Administraci=F3n deber=E1 estar en todo momento = en=20 condiciones de explicar que no ha ejercido de forma = arbitraria sus=20 facultades discrecionales.

En consecuencia, debemos declarar que no es = inconstitucional el=20 apartado 5 del art. 27 de la Ley Org=E1nica 4/2000, en la = redacci=F3n=20 que le da el art. 1, punto 20 de la Ley Org=E1nica 8/2000, = ni la=20 remisi=F3n que a tal precepto se hace en el apartado 2 del = nuevo art.=20 20 de la Ley Org=E1nica 4/2000, en la redacci=F3n que le ha = dado el art.=20 1, punto 14 de la Ley Org=E1nica 8/2000.

13. Se impugna el punto 16 del art=EDculo primero de la = Ley=20 Org=E1nica 8/2000 que da nueva redacci=F3n al apartado 2 del = art. 22=20 (antes 20) de la Ley Org=E1nica 4/2000, y dispone:

=93Los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia = de=20 recursos econ=F3micos para litigar tendr=E1n derecho a la = asistencia=20 jur=EDdica gratuita en iguales condiciones que los = espa=F1oles en los=20 procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la = jurisdicci=F3n=20 en la que se sigan=94.

El precepto se estima contrario al art. 119 CE en = relaci=F3n con el=20 art. 24.1 CE, as=ED como a los arts. 2 y 10.1 CE, al art. 10 = de la=20 Declaraci=F3n universal de los derechos humanos, al art. = 14.1 del=20 Pacto internacional de derechos civiles y pol=EDticos, y al = art. 6.1=20 del Convenio europeo de derechos humanos. Y ello porque = introduce=20 una limitaci=F3n a un derecho prestacional y de = configuraci=F3n legal=20 que forma parte del contenido esencial del derecho a la = tutela=20 judicial (art. 24 CE), y supone de facto impedir el acceso a = la=20 jurisdicci=F3n y el derecho a la tutela judicial efectiva de = aquellos=20 extranjeros no residentes que carezcan de recursos para = litigar.

El Abogado del Estado, por su parte, sostiene que la = cl=E1usula del=20 art. 1.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000 (en la nueva = redacci=F3n dada por=20 el art. 1.1 Ley Org=E1nica 8/2000) obliga a entender que el = nuevo art.=20 22.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000 deja a salvo las normas = m=E1s=20 beneficiosas que en materia de asistencia jur=EDdica = gratuita pudieran=20 contener los tratados o las leyes especiales, entre =E9stas = el art. 2=20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur=EDdica = gratuita=20 (LAJG), y por ello no debe atribuirse a aquel precepto = eficacia=20 derogatoria de las normas internas o internacionales m=E1s = favorables=20 en materia de asistencia jur=EDdica gratuita a extranjeros. = En defensa=20 de la constitucionalidad del precepto, el Abogado del Estado = se=20 remite a las alegaciones vertidas en su d=EDa en el recurso = de=20 inconstitucionalidad 1555-1996, interpuesto por el Defensor = del=20 Pueblo contra el art. 2 LAJG, en su inciso =93que residan = legalmente=20 en Espa=F1a=94.

La resoluci=F3n de aquel recurso mediante la STC 95/2003, = de 22 de=20 mayo, permite trasladar lo all=ED decidido a este motivo de=20 inconstitucionalidad. El precepto enjuiciado en dicha = Sentencia=20 (art. 2 LAJG) dispon=EDa lo siguiente: =93En los t=E9rminos = y con el=20 alcance previstos en esta Ley y en los Tratados y Convenios=20 internacionales sobre la materia en los que Espa=F1a sea = parte,=20 tendr=E1n derecho a la asistencia jur=EDdica gratuita: a) = Los ciudadanos=20 espa=F1oles, los nacionales de los dem=E1s Estados miembros = de la Uni=F3n=20 Europea y los extranjeros que residan legalmente en = Espa=F1a, cuando=20 acrediten insuficiencia de recursos para litigar=94.

La demanda del Defensor del Pueblo se dirigi=F3 contra el = inciso=20 =93que residan legalmente en Espa=F1a=94, contenido en el = citado precepto,=20 por estimar que exclu=EDa de tal derecho a los extranjeros = que se=20 encontrasen en Espa=F1a sin autorizaci=F3n de estancia o = residencia,=20 vulner=E1ndose el contenido esencial del derecho a la tutela = judicial=20 efectiva (art. 24 CE), dada la relaci=F3n existente entre el = derecho a=20 la asistencia jur=EDdica gratuita de quienes carecen de = medios=20 econ=F3micos para litigar (art. 119 CE) y aquel derecho = fundamental.=20 La inconstitucionalidad del precepto se basaba = exclusivamente en que=20 los extranjeros que se hallasen en aquella situaci=F3n de=20 irregularidad en Espa=F1a, y que carecieran de recursos = econ=F3micos, no=20 podr=EDan interponer el recurso contencioso-administrativo = contra las=20 resoluciones administrativas referentes a su status de = extranjero,=20 singularmente las que acordaran su expulsi=F3n.

Pues bien, la STC 95/2003, de 22 de mayo, partiendo de = =93la=20 conexi=F3n instrumental entre el derecho a la asistencia = jur=EDdica=20 gratuita y el derecho a la tutela judicial efectiva=94 (FJ = 3), y=20 reiterando la titularidad del derecho a la tutela judicial = efectiva=20 por parte de los extranjeros, =93con independencia de su = situaci=F3n=20 jur=EDdica=94 (FJ 5), concluye que la norma impugnada est=E1 = viciada de=20 inconstitucionalidad por entra=F1ar =93una vulneraci=F3n del = derecho a la=20 tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, del = que,=20 como se dijo, son titulares todas las personas (tambi=E9n = los=20 extranjeros no residentes legalmente en Espa=F1a)=94 (FJ 6). = Es m=E1s, al=20 precisar el alcance de la declaraci=F3n de = inconstitucionalidad del=20 art. 2 LAJG, la Sentencia puntualiza que: =93Al apreciarse=20 inconstitucionalidad en la exigencia del requisito de la = legalidad=20 de la residencia, los extranjeros que se encuentren en = Espa=F1a y=20 re=FAnan las condiciones requeridas legalmente para ello = podr=E1n=20 acceder a la asistencia jur=EDdica gratuita en relaci=F3n = con cualquier=20 tipo de proceso a efectos del cual gocen de la precisa = legitimaci=F3n=94=20 (FJ 8).

La aplicaci=F3n de esta jurisprudencia al enjuiciamiento = del art.=20 22.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000, modificado por la Ley = aqu=ED=20 impugnada, lleva directamente a apreciar su = inconstitucionalidad. En=20 efecto, el apartado 1 del art. 22 concede a =93los = extranjeros que se=20 hallen en Espa=F1a y carezcan de recursos econ=F3micos = suficientes=94 el=20 derecho a la asistencia jur=EDdica gratuita =93en los = procedimientos=20 administrativos o judiciales que puedan llevar a la = denegaci=F3n de su=20 entrada, a su devoluci=F3n o expulsi=F3n del territorio = espa=F1ol y en=20 todos los procedimientos en materia de asilo=94. Por su = parte, el=20 apartado 2 del art. 22, aqu=ED impugnado, reserva a los = =93extranjeros=20 residentes=94 el derecho a la asistencia jur=EDdica gratuita = =93en iguales=20 condiciones que los espa=F1oles en los procesos en los que = sean parte,=20 cualquiera que sea la jurisdicci=F3n en la que se sigan=94. = Ello supone=20 la exigencia del requisito de la legalidad de la residencia = para que=20 los extranjeros puedan acceder a la asistencia jur=EDdica = gratuita en=20 relaci=F3n con cualquier tipo de proceso a efectos del cual = gocen de=20 la precisa legitimaci=F3n, lo cual resulta inconstitucional = por las=20 razones expuestas.

En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionalidad = del=20 apartado 2 del art. 22 (antes 20) de la Ley Org=E1nica = 4/2000, en la=20 redacci=F3n dada por el punto 16 del art=EDculo primero de = la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, por ser contrario al art. 24 CE.

14. Se impugna el punto 50 del art=EDculo primero de la = Ley 8/2000,=20 que da nueva redacci=F3n a los apartados 2 y 8 del art. 57 = (antes 53)=20 de la Ley Org=E1nica 4/2000. El apartado 2 del art. 57 = dispone:

=93Asimismo constituir=E1 causa de expulsi=F3n, previa = tramitaci=F3n del=20 correspondiente expediente, que el extranjero haya sido = condenado,=20 dentro o fuera de Espa=F1a, por una conducta dolosa que = constituya en=20 nuestro pa=EDs delito sancionado con pena privativa de = libertad=20 superior a un a=F1o, salvo que los antecedentes penales = hubieran sido=20 cancelados=94

El apartado 8 del art. 57 dispone:

=93Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido = condenados=20 por conductas tipificadas como delitos en los arts. 312, 318 = bis,=20 515.6, 517 y 518 del C=F3digo Penal, la expulsi=F3n se = llevar=E1 a efecto=20 una vez cumplida la pena privativa de libertad=94.

Aunque se anuncia la impugnaci=F3n de los apartados 2 y 8 = del art.=20 57, el Parlamento de Navarra limita su argumentaci=F3n al = apartado 2,=20 denunciando su inconstitucionalidad por ser contrario a los=20 principios de reeducaci=F3n y reinserci=F3n social (art. = 25.2 CE); y=20 tambi=E9n por vulnerar el art. 25.1 CE puesto que supone una = infracci=F3n del principio non bis in idem, conectado con = los=20 principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y = sanciones=20 (art. 25.1 CE), al establecer que la causa de la sanci=F3n=20 administrativa es la misma que la de la sanci=F3n penal.

La impugnaci=F3n es rechazada por el Abogado del Estado, = que=20 cuestiona el car=E1cter sancionador de la expulsi=F3n; y de = ah=ED que a su=20 juicio no se produzca la denunciada vulneraci=F3n del = principio non=20 bis in idem, pues los hechos y los fundamentos de la = sanci=F3n penal y=20 los de la expulsi=F3n, que constituyen la base para = determinar la=20 existencia de aqu=E9lla, son completamente distintos.

Empezando nuestro enjuiciamiento por el reproche de=20 inconstitucionalidad relativo a la proscripci=F3n del bis in = idem=20 contenida en el principio de legalidad del art. 25.1 CE, su = examen=20 debe partir de la reiterada jurisprudencia constitucional, = iniciada=20 con la STC 2/1981, de 30 de marzo, seg=FAn la cual el = principio non=20 bis in idem tiene su anclaje constitucional en el art. 25.1 = CE, en=20 la medida en que este precepto constitucionaliza el = principio de=20 legalidad en materia sancionatoria, y =93supone, en una de = sus m=E1s=20 conocidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de = sanciones=20 =97administrativa y penal=97 en los casos en que se aprecie = la identidad=20 del sujeto, hecho y fundamento=94 (FJ 4). Hemos dicho que = tal=20 principio constituye un verdadero derecho fundamental del = ciudadano=20 en nuestro Derecho (STC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3), = que ha=20 sido reconocido expresamente tambi=E9n en los textos = internacionales=20 orientados a la protecci=F3n de los derechos humanos, y en = particular=20 en el art. 14.7 del Pacto internacional de derechos civiles = y=20 pol=EDticos de la ONU y en el art. 4 del Protocolo n=FAm. 7 = del Convenio=20 europeo para la protecci=F3n de los derechos humanos y las = libertades=20 fundamentales =97que, aunque firmado por nuestro pa=EDs, aun = no ha sido=20 objeto de ratificaci=F3n=97, protegiendo =93al ciudadano, no = s=F3lo frente a=20 la ulterior sanci=F3n =97administrativa o penal=97, sino = frente a la nueva=20 persecuci=F3n punitiva por los mismos hechos una vez que ha = reca=EDdo=20 resoluci=F3n firme en el primer procedimiento sancionador, = con=20 independencia del resultado =97absoluci=F3n o sanci=F3n=97 = del mismo=94 (STC=20 2/2003, de 16 de enero, FFJJ 2 y 8).

Seg=FAn el Parlamento navarro, el precepto impugnado = vulnerar=EDa la=20 dimensi=F3n material o sustantiva del principio (SSTC = 154/1990, de 15=20 de octubre, FJ 3; 177/1999, de 11 de octubre, FJ 3) por = cuanto=20 establece que el mismo sujeto puede ser objeto de una = sanci=F3n penal=20 y de una sanci=F3n administrativa con base en un mismo = fundamento, ya=20 que la =FAnica causa de expulsi=F3n contemplada en el mismo = es la=20 comisi=F3n del propio hecho delictivo, que ya fue sancionado = penalmente. Concurrir=EDa, pues, el presupuesto de = aplicaci=F3n de la=20 interdicci=F3n constitucional de incurrir en bis in idem, es = decir,=20 una identidad de sujeto, hecho y fundamento, tal y como = hemos venido=20 afirmando en nuestra jurisprudencia (por todas, STC 2/2003, = de 16 de=20 enero, FJ 5).

Ciertamente, este principio =93ha venido siendo aplicado=20 fundamentalmente para determinar una interdicci=F3n de = duplicidad de=20 sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos = hechos=94=20 (STC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3), presupuesto que sin = embargo=20 cuestiona el Abogado del Estado al poner en duda que la = expulsi=F3n=20 prevista en el art. 57.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000, en la = nueva=20 redacci=F3n dada por la Ley 8/2000, constituya efectivamente = una=20 sanci=F3n administrativa. Esta objeci=F3n no necesita ser = analizada aqu=ED=20 en profundidad pues debemos avanzar que, en todo caso, la = pretendida=20 vulneraci=F3n del principio non bis in idem ha de ser = rechazada por la=20 falta de identidad entre el fundamento de la sanci=F3n penal = y el de=20 la expulsi=F3n.

Al margen pues de la naturaleza de la expulsi=F3n = prevista en el=20 art. 57.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000, lo determinante para = rechazar=20 la impugnaci=F3n del precepto es la falta de identidad entre = el=20 fundamento de aquella medida y el fundamento de la sanci=F3n = penal=20 prevista en el mismo, que como se ha dicho constituye el = presupuesto=20 de aplicaci=F3n de la interdicci=F3n constitucional de = incurrir en bis=20 in idem. El precepto establece una expulsi=F3n gubernativa, = previa la=20 tramitaci=F3n del correspondiente expediente, siendo la = =93causa de=20 expulsi=F3n=94 que el extranjero haya sido condenado = penalmente dentro o=20 fuera de Espa=F1a, por una conducta dolosa que constituya en = nuestro=20 pa=EDs delito sancionado con la pena privativa de libertad = superior a=20 un a=F1o. Pues bien, debe se=F1alarse que las dos medidas no = responden a=20 un mismo fundamento porque persiguen la protecci=F3n de = bienes o=20 intereses jur=EDdicos diferentes. En este sentido, hemos = declarado que=20 la exigencia de un fundamento diferente requiere =93que cada = uno de=20 los castigos impuestos a t=EDtulo principal estuviesen = orientados a la=20 protecci=F3n de intereses o bienes jur=EDdicos diversos, = dignos de=20 protecci=F3n cada uno de ellos en el sentir del legislador o = del poder=20 reglamentario (previa cobertura legal suficiente) y = tipificados en=20 la correspondiente norma legal o reglamentaria (respetuosa = con el=20 principio de reserva de ley). O, expresado en los t=E9rminos = de la STC=20 234/1991, de 10 de diciembre, no basta =91simplemente con la = dualidad=20 de normas para entender justificada la imposici=F3n de una = doble=20 sanci=F3n al mismo sujeto por los mismos hechos, pues si = as=ED fuera, el=20 principio ne bis in idem no tendr=EDa m=E1s alcance que el = que el=20 legislador (o en su caso el Gobierno, como titular de la = potestad=20 reglamentaria) quisieran darle. Para que la dualidad de = sanciones=20 sea constitucionalmente admisible es necesario, adem=E1s, = que la=20 normativa que la impone pueda justificarse porque contempla = los=20 mismos hechos desde la perspectiva de un inter=E9s = jur=EDdicamente=20 protegido que no es el mismo que aquel que la primera = sanci=F3n=20 intenta salvaguardar o, si se quiere, desde la perspectiva = de una=20 relaci=F3n jur=EDdica diferente entre sancionador y = sancionado=92 (FJ 2)=94=20 (STC 188/2005, de 4 de julio, FJ 5).

En el precepto enjuiciado, la condena y la expulsi=F3n = est=E1n=20 orientados a la protecci=F3n de intereses o bienes = jur=EDdicos diversos=20 pues ya hemos precisado que la pena se impone en el marco de = la=20 pol=EDtica criminal del Estado, mientras la expulsi=F3n del = territorio=20 nacional ha sido acordada en el marco de la pol=EDtica de = extranjer=EDa,=20 que son dos =E1mbitos que atienden a intereses p=FAblicos = netamente=20 diferentes (ATC 331/1997, de 3 de octubre, FJ 6). Es decir, = sin=20 mayores matices, podemos convenir en que el fundamento de la = pena=20 reside en la protecci=F3n de bienes jur=EDdicos a trav=E9s = de los efectos=20 preventivos asociados a su naturaleza aflictiva. En cambio, = la=20 medida de expulsi=F3n obedece a objetivos propios de la = pol=EDtica de=20 extranjer=EDa que, en todo caso, est=E1n relacionados con el = control de=20 los flujos migratorios de cara a procurar una integraci=F3n = y=20 convivencia arm=F3nicas en el territorio del Estado.

En efecto, la expulsi=F3n contemplada en el precepto = impugnado=20 consiste en una medida que se acuerda leg=EDtimamente por = parte del=20 Estado espa=F1ol en el marco de su pol=EDtica de = extranjer=EDa, en la que=20 se incluye el establecimiento de los requisitos y = condiciones=20 exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en = Espa=F1a,=20 que no es un derecho fundamental del que aqu=E9llos sean = titulares con=20 fundamento en el art. 19 CE (STC 72/2005, de 4 de abril, FJ = 8). De=20 ah=ED que la misma Ley Org=E1nica 4/2000 establezca los = requisitos para=20 la entrada en el territorio espa=F1ol (art. 25), as=ED como = las causas=20 de prohibici=F3n de dicha entrada, que son las =93legalmente = establecida[s] o en virtud de convenios internacionales en = los que=20 sea parte Espa=F1a=94 (art. 26.1, redactado conforme a la = Ley Org=E1nica=20 8/2000). Al respecto, merece destacarse la normativa europea = relativa al estatuto de los nacionales de terceros pa=EDses = residentes=20 de larga duraci=F3n (Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de = 25 de=20 noviembre de 2003), que autoriza a los Estados miembros a = denegar=20 dicho estatuto por motivos de orden p=FAblico o de seguridad = p=FAblica=20 mediante la correspondiente resoluci=F3n, tomando en = consideraci=F3n =93la=20 gravedad o el tipo de delito contra el orden p=FAblico o la = seguridad=20 p=FAblica=94 (art. 6). Asimismo, la normativa europea = relativa al=20 reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de = expulsi=F3n de=20 nacionales de terceros pa=EDses (Directiva 2001/40/CE del = Consejo, de=20 28 de mayo de 2001), contempla la expulsi=F3n basada en una = amenaza=20 grave y actual para el orden p=FAblico o la seguridad = nacionales que=20 puede adoptarse en caso de =93condena del nacional de un = tercer pa=EDs=20 por el Estado miembro autor a causa de una infracci=F3n = sancionable=20 con una pena privativa de libertad de al menos un a=F1o=94 = (art. 3). Es,=20 por tanto, l=EDcito que la Ley de extranjer=EDa subordine el = derecho a=20 residir en Espa=F1a al cumplimiento de determinadas = condiciones, como=20 la de no haber cometido delitos de cierta gravedad. = Conclusi=F3n que=20 se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo = de=20 Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los Estados = europeos=20 deben respetar los derechos humanos plasmados en el Convenio = de=20 Roma, no ha dejado de subrayar la amplia potestad de que = disponen=20 los poderes p=FAblicos para controlar la entrada, la = residencia y la=20 expulsi=F3n de los extranjeros en su territorio (SSTEDH caso = Abdulaziz, 28 de mayo de 1985; caso Berrehab, 21 de junio de = 1988;=20 caso Moustaquim, 18 de febrero de 1991, y caso Ahmut, de 28 = de=20 noviembre de 1996: ATC 331/1997, de 3 de octubre, FJ 4).

Los anteriores razonamientos conducen a rechazar la = pretendida=20 inconstitucionalidad del art. 57.2 de la Ley Org=E1nica = 4/2000, en la=20 nueva redacci=F3n dada por el art.1, punto 50, de la Ley = 8/2000, por=20 cuanto dicho precepto no supone una infracci=F3n del = principio non bis=20 in idem contenido en el art. 25.1 CE.

Como dijimos, el Parlamento de Navarra reprocha asimismo = al=20 precepto legal analizado la supuesta conculcaci=F3n de los = principios=20 de reeducaci=F3n y reinserci=F3n social que deben orientar = las penas=20 privativas de libertad y las medidas de seguridad (art. 25.2 = CE).

Tambi=E9n este motivo de inconstitucionalidad debe ser = rechazado,=20 pues su invocaci=F3n respecto del precepto legal impugnado = resulta a=20 todas luces improcedente. Y ello no s=F3lo porque el mandato = contenido=20 en el art. 25.2 CE se refiere a penas privativas de libertad = y=20 medidas a ella asimiladas por la ley (STC 19/1988, de 16 de = febrero,=20 FJ 9), entre las que no estar=EDa en ning=FAn caso la = expulsi=F3n del=20 extranjero, si no porque aquel mandato constitucional se = dirige al=20 legislador penitenciario y a la Administraci=F3n por =E9l = creada para=20 orientar la pol=EDtica penal y penitenciaria (SSTC 28/1988, = de 23 de=20 febrero, FJ 2; 150/1991, de 4 de julio, FJ 4 b)], pero no al = legislador que establece medidas administrativas en el marco = de la=20 pol=EDtica de extranjer=EDa, tal como hemos dicho.

15. Se impugna el punto 53 del art=EDculo primero de la = Ley 8/2000,=20 que da la siguiente redacci=F3n al art. 60 (antes 56) de la = Ley=20 Org=E1nica 4/2000:

=93Art=EDculo 60. Retorno.

1. Los extranjeros a los que en frontera no se les = permita el=20 ingreso en el pa=EDs ser=E1n retornados a su punto de origen = en el plazo=20 m=E1s breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el = retorno=20 se dirigir=E1 al Juez de Instrucci=F3n si el retorno fuera a = retrasarse=20 m=E1s de setenta y dos horas para que determine el lugar = donde hayan=20 de ser internados hasta que llegue el momento del = retorno.

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no = tendr=E1n=20 car=E1cter penitenciario, y estar=E1n dotados de servicios = sociales,=20 jur=EDdicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros = internados=20 estar=E1n privados =FAnicamente del derecho ambulatorio.

3. El extranjero durante su internamiento se encontrar=E1 = en todo=20 momento a disposici=F3n de la autoridad judicial que lo = autoriz=F3,=20 debi=E9ndose comunicar a =E9sta por la autoridad gubernativa = cualquier=20 circunstancia en relaci=F3n a la situaci=F3n de los = extranjeros=20 internados.

4. La detenci=F3n de un extranjero a efectos de retorno = ser=E1=20 comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la = embajada o=20 consulado de su pa=EDs=94.

Del contenido de la demanda se deduce que el Parlamento = de=20 Navarra impugna =FAnicamente el apartado 1 del art=EDculo = por entender=20 que vulnera el art. 17.1 y 2 CE, seg=FAn la interpretaci=F3n = realizada=20 por el Tribunal Constitucional (STC 115/1987, de 7 de = julio), pues=20 no garantiza que m=E1s all=E1 de las setenta y dos horas = corresponda a=20 un =F3rgano judicial la decisi=F3n sobre el mantenimiento o = no de la=20 limitaci=F3n de libertad, ya que de su redacci=F3n se = desprende que el=20 Juez no tendr=E1 posibilidad de decidir otra cosa distinta = al=20 internamiento.

Para el Abogado del Estado la fundamentaci=F3n contenida = en la STC=20 115/1987 avalar=EDa precisamente la constitucionalidad del = precepto al=20 establecer que sea la autoridad judicial la que decida sobre = la=20 situaci=F3n personal del extranjero obligado a retornar y = determine el=20 lugar donde deba ser internado.

La doctrina de nuestra STC 115/1987, de 7 de julio, = invocada por=20 las partes de este proceso, conduce directamente a la = desestimaci=F3n=20 del motivo de inconstitucionalidad aducido por la = demandante, basado=20 en una interpretaci=F3n del apartado 1 del art. 60 de la Ley = Org=E1nica=20 4/20003 que no puede compartirse. De acuerdo con esa = interpretaci=F3n,=20 el precepto impedir=EDa al Juez decidir sobre la situaci=F3n = de los=20 extranjeros que deben retornar a su punto de origen cuando = la=20 autoridad gubernativa que acord=F3 el retorno se dirigiera a = aqu=E9l, en=20 el supuesto de que fuera a retrasarse m=E1s de setenta y dos = horas. Y=20 ello porque la decisi=F3n judicial deber=EDa ce=F1irse a = determinar =93el=20 lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el = momento del=20 retorno=94, seg=FAn la dicci=F3n del precepto, limitando = as=ED el alcance de=20 esa intervenci=F3n judicial en contra de lo exigido por el = art. 17.1 y=20 2 CE.

Sin embargo, resulta incontestable que el precepto = recurrido=20 admite otra interpretaci=F3n acorde con la Constituci=F3n, y = como se=F1ala=20 la repetida STC 115/1987, citando la anterior STC 93/1984, = de 16 de=20 octubre, =93s=F3lo cabe declarar la derogaci=F3n de los de = los preceptos=20 cuya incompatibilidad con la Constituci=F3n =91resulte = indudable por ser=20 imposible llevar a cabo dicha interpretaci=F3n=92=94 (FJ 1). = De ah=ED que en=20 aquella Sentencia, que resolvi=F3 el recurso de = inconstitucionalidad=20 dirigido contra el art. 25 de la Ley Org=E1nica 7/1985, de 1 = de julio,=20 descart=E1ramos la inconstitucionalidad de su apartado 2, = que permit=EDa=20 el internamiento de extranjeros tras =93interesarlo=94 del = Juez de=20 instrucci=F3n la autoridad gubernativa, haciendo una = interpretaci=F3n=20 del r=E9gimen legal entonces vigente en la que conclu=EDamos = que =93el=20 precepto impugnado respeta y ha de respetar el bloque de = competencia=20 judicial existente en materia de libertad individual, = incluyendo el=20 derecho de habeas corpus del art. 17.4 de la Constituci=F3n, = tanto en=20 lo que se refiere a la fase gubernativa previa, dentro de = las=20 setenta y dos horas, como tambi=E9n respecto a esa = prolongaci=F3n del=20 internamiento en caso necesario, m=E1s all=E1 de las setenta = y dos=20 horas, en virtud de una resoluci=F3n judicial=94 (FJ 1). = Esta afirmaci=F3n=20 se hizo en un contexto en el que importaba dejar claro que = =93la=20 disponibilidad sobre la p=E9rdida de libertad es judicial, = sin=20 perjuicio del car=E1cter administrativo de la decisi=F3n de = expulsi=F3n y=20 de la ejecuci=F3n de la misma=94. Por ello se subrayaba el = estricto=20 sometimiento de la autoridad gubernativa al control de los=20 Tribunales, que no derivaba de forma terminantemente clara = de la=20 literalidad del texto legal, como hemos recordado en la STC=20 303/2005, de 24 de noviembre (FJ 3).

Al igual que entonces, debemos declarar ahora que =93la = voluntad de=20 la ley, y desde luego el mandato de la Constituci=F3n, es = que, m=E1s=20 all=E1 de las setenta y dos horas, corresponda a un =F3rgano = judicial la=20 decisi=F3n sobre el mantenimiento o no de la limitaci=F3n de = la=20 libertad=94 (STC 115/1987, FJ 1). Y en consecuencia, la = expresi=F3n=20 =93para que determine el lugar donde hayan de ser internados = hasta el=20 momento del retorno=94, contenida en el precepto impugnado, = debe ser=20 entendida como equivalente a demandar o solicitar del juez = la=20 autorizaci=F3n para que pueda permanecer detenido el = extranjero=20 pendiente del tr=E1mite de expulsi=F3n m=E1s all=E1 del = plazo de setenta y=20 dos horas, siendo el =F3rgano judicial el que habr=E1 de = adoptar=20 libremente la decisi=F3n.

En consecuencia, al ser susceptible de un = interpretaci=F3n conforme=20 a la Constituci=F3n, el apartado 1 del art. 60 de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, en la redacci=F3n dada por el punto 53 del = art=EDculo primero de=20 la Ley Org=E1nica 8/2000, no es inconstitucional.

16. La =FAltima impugnaci=F3n se dirige al punto 56 del = art=EDculo=20 primero de la Ley Org=E1nica 8/2000, que a=F1ade el art. 63 = a la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, en el cual se regula el =93Procedimiento = preferente=94=20 para la tramitaci=F3n de los expedientes de expulsi=F3n en = determinados=20 supuestos previstos en el apartado 1 del precepto, en = concreto, los=20 de las letras a) y b) del apartado 1 del art. 54, as=ED como = los de=20 las letras a), d) y f) del art. 53.

El apartado 2 del art. 63 establece:

=93Cuando de las investigaciones se deduzca la = oportunidad de=20 decidir la expulsi=F3n, se dar=E1 traslado de la propuesta = motivada por=20 escrito al interesado, para que alegue lo que considere = adecuado, en=20 el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que = se haya=20 procedido a la detenci=F3n preventiva del extranjero, =E9ste = tendr=E1=20 derecho a la asistencia letrada que se le proporcionar=E1 de = oficio,=20 en su caso, y a ser asistido por int=E9rprete, y de forma = gratuita en=20 el caso de que careciese de medios = econ=F3micos.=94

El Parlamento=20 de Navarra aduce que el precepto es inconstitucional porque = el plazo=20 de cuarenta y ocho horas que se otorga al interesado para = formular=20 alegaciones en su defensa, tras la incoaci=F3n del = procedimiento=20 sancionador, vulnera el art. 24 CE en relaci=F3n con el art. = 6 CEDH al=20 producir indefensi=F3n, como se desprender=EDa de la = jurisprudencia del=20 Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se cita al = efecto.

El Abogado del Estado replica que el recurso no cuestiona = las=20 causas de expulsi=F3n que motivan el procedimiento = preferente, sino la=20 brevedad del plazo por causar indefensi=F3n. Tales = objeciones, sin=20 embargo, ser=EDan injustificadas dado que el legislador ha = instituido=20 un procedimiento administrativo m=E1s abreviado de = expulsi=F3n para=20 causas de muy sencilla apreciaci=F3n o de especial gravedad, = pero ha=20 previsto tr=E1mites suficientes y un derecho a la = resoluci=F3n motivada,=20 observando as=ED las garant=EDas esenciales de cualquier = procedimiento=20 administrativo sin limitar las formas de control y tutela = judicial=20 previstas en el ordenamiento jur=EDdico, con lo cual no se = vulnera el=20 art. 24 CE.

El examen de este motivo inconstitucionalidad debe = ce=F1irse a la=20 pretendida vulneraci=F3n del art. 24 CE basada en la = indefensi=F3n que=20 causar=EDa la brevedad del plazo para alegaciones = establecido en el=20 precepto impugnado. =C9ste regula un procedimiento = preferente de=20 expulsi=F3n de los extranjeros en determinados supuestos = previstos en=20 el art. 63.1 de la Ley, ninguno de los cuales es cuestionado = por la=20 parte recurrente, como precisa el Abogado del Estado. En = todo caso,=20 el examen de los mismos justifica la celeridad del proceso = por=20 tratarse de causas de f=E1cil apreciaci=F3n o bien de = especial gravedad:=20 participar en actividades contrarias a la seguridad exterior = del=20 Estado [art. 54.1 a)], actividades de promoci=F3n de = inmigraci=F3n=20 clandestina [art. 54.1 b)], encontrarse irregularmente en = territorio=20 espa=F1ol por no haber obtenido o tener caducadas las = pertinentes=20 autorizaciones, sin haber solicitado la renovaci=F3n [art. = 53 a)],=20 incumplir las medidas impuestas por razones de seguridad = p=FAblica=20 [art. 53 d)], o participar en actividades contrarias al = orden=20 p=FAblico de car=E1cter grave [art. 53 f)]. Todas ellas = constituyen=20 conductas tipificadas como infracciones graves (art. 53) o = muy=20 graves (art. 54), para las que la Ley prev=E9 determinadas = sanciones=20 (art. 55), o en su lugar la expulsi=F3n del territorio = espa=F1ol previa=20 tramitaci=F3n del correspondiente expediente administrativo = (art. 57).=20 En los mencionados supuestos, la tramitaci=F3n de los = expedientes de=20 expulsi=F3n tendr=E1 car=E1cter =93preferente=94 y la medida = se puede decidir=20 dando traslado de la propuesta motivada por escrito al = interesado=20 para que alegue lo que estime oportuno en el plazo de = cuarenta y=20 ocho horas.

Pues bien, la regulaci=F3n de este procedimiento no puede = reputarse=20 contraria al art. 24 CE. Ciertamente se trata de un = procedimiento=20 administrativo sancionador, ya que en estos casos la = expulsi=F3n es=20 =93consecuencia de una conducta tipificada como infracci=F3n = administrativa=94 (STC 116/1993, de 29 de marzo, FJ 3), y = por=20 consiguiente le son aplicables los principios esenciales = reflejados=20 en el art. 24 CE =93en la medida necesaria para preservar = los valores=20 esenciales que se encuentren en la base del precepto y la = seguridad=20 jur=EDdica que garantiza el art. 9 CE=94 (desde la STC = 18/1981, de 8 de=20 junio, FJ 2), entre ellos el que proscribe cualquier = indefensi=F3n=20 [SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 6; 14/1999, de 22 de = febrero, FJ 3=20 a)].

Ahora bien, la pretendida indefensi=F3n que generar=EDa = el precepto=20 no es tal, pues hemos dicho reiteradamente que la brevedad = de los=20 plazos no implica per se la vulneraci=F3n del derecho a la = tutela=20 judicial efectiva si con ello se tiende a hacer efectivo el=20 principio de celeridad en el proceso, ya que es = constitucionalmente=20 inobjetable que el legislador prevea tal reducci=F3n en los = plazos=20 cuando dicha decisi=F3n responde a una finalidad razonable y = necesaria, acorde con los principios que han de regir el=20 procedimiento correspondiente (SSTC 14/1992, de 10 de = febrero, FJ 8;=20 335/1994, de 19 de diciembre, FJ 3; 130/1998, de 16 de = junio, FJ 5;=20 85/2003, de 8 de mayo, FJ 11). Tal es el caso de los = supuestos=20 previstos en el art. 63.1 de la Ley Org=E1nica 4/2000, como = ha quedado=20 argumentado, con la consecuencia de que el plazo establecido = en el=20 art. 63.2 no pueda reputarse contrario al art. 24 CE.

Por otra parte, tal como apunta el Abogado del Estado, = los=20 extranjeros sometidos a este procedimiento preferente de = expulsi=F3n=20 disponen de las garant=EDas esenciales del procedimiento=20 administrativo, como el derecho de audiencia y el derecho a = una=20 resoluci=F3n motivada, adem=E1s del control judicial de la = decisi=F3n que=20 garantiza la misma Ley Org=E1nica al disponer que =93las = resoluciones=20 administrativas sancionadoras ser=E1n recurribles con = arreglo a lo=20 dispuesto en las leyes=94 (art. 65, redactado conforme a la = Ley=20 Org=E1nica 8/2000).

En consecuencia, debemos desestimar este motivo de=20 inconstitucionalidad y declarar que el punto 56 del = art=EDculo primero=20 de la Ley Org=E1nica 8/2000, que a=F1ade el art. 63 a la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, no es contrario al art. 24 CE.

17. No cabe concluir esta Sentencia sin precisar el = contenido y=20 alcance de nuestro fallo. Ha de declarar este fallo la=20 inconstitucionalidad de los preceptos que as=ED se han = considerado=20 despu=E9s de su enjuiciamiento en el correspondiente = fundamento=20 jur=EDdico. Sin embargo, como ya dijimos en la STC 45/1989, = de 20 de=20 febrero (FJ 11), no siempre es necesaria la vinculaci=F3n = entre=20 inconstitucionalidad y nulidad; as=ED ocurre cuando =93la = raz=F3n de la=20 inconstitucionalidad del precepto reside, no en = determinaci=F3n=20 textual alguna de =E9ste, sino en su omisi=F3n=94 (en el = mismo sentido,=20 las SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 7; 96/1996, de 30 = de mayo,=20 FJ 22; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 13; 138/2005, de 26 = de mayo,=20 FJ 6).

En el presente caso no procede declarar la nulidad de los = art=EDculos de la Ley Org=E1nica 8/2000 que garantizan los = derechos de=20 reuni=F3n, asociaci=F3n y sindicaci=F3n a los extranjeros = que hayan=20 obtenido autorizaci=F3n de estancia o residencia en Espa=F1a = porque ello=20 producir=EDa un vac=EDo legal que no ser=EDa conforme a la = Constituci=F3n,=20 pues conducir=EDa a la denegaci=F3n de tales derechos a = todos los=20 extranjeros en Espa=F1a, con independencia de su = situaci=F3n. Tampoco=20 procede declarar la nulidad solo del inciso =93y que = podr=E1n ejercer=20 cuando obtengan autorizaci=F3n de estancia o residencia en = Espa=F1a=94,=20 que figura en cada uno de aquellos art=EDculos, puesto que = ello=20 entra=F1ar=EDa una clara alteraci=F3n de la voluntad del = legislador ya que=20 de este modo se equiparar=EDa plenamente a todos los = extranjeros, con=20 independencia de su situaci=F3n administrativa, en el = ejercicio de los=20 se=F1alados derechos. Como hemos razonado anteriormente, no=20 corresponde a este Tribunal decidir una determinada opci=F3n = en=20 materia de extranjer=EDa, ya que su pronunciamiento debe = limitarse, en=20 todo caso, a declarar si tiene o no cabida en nuestra = Constituci=F3n=20 aqu=E9lla que se somete a su enjuiciamiento. De ah=ED que la = inconstitucionalidad apreciada exija que sea el legislador, = dentro=20 de la libertad de configuraci=F3n normativa (STC 96/1996, de = 30 de=20 mayo, FJ 23), derivada de su posici=F3n constitucional y, en = =FAltima=20 instancia, de su espec=EDfica libertad democr=E1tica (STC = 55/1996, de 28=20 de marzo, FJ 6), el que establezca dentro de un plazo de = tiempo=20 razonable las condiciones de ejercicio de los derechos de = reuni=F3n,=20 asociaci=F3n y sindicaci=F3n por parte de los extranjeros = que carecen de=20 la correspondiente autorizaci=F3n de estancia o residencia = en Espa=F1a.=20 Y ello sin perjuicio del eventual control de = constitucionalidad de=20 aquellas condiciones, que corresponde a este Tribunal=20 Constitucional.

Distinto debe ser el alcance del fallo en relaci=F3n con = los=20 preceptos de la Ley Org=E1nica 8/2000 relativos al derecho a = la=20 educaci=F3n de naturaleza no obligatoria y al derecho a la = asistencia=20 jur=EDdica gratuita de los extranjeros, cuya = inconstitucionalidad debe=20 conllevar la nulidad del inciso =93residentes=94, que figura = en cada uno=20 de ellos, pues como se ha expuesto en los correspondientes=20 fundamentos jur=EDdicos tales derechos se reconocen=20 constitucionalmente por igual a todos los extranjeros,=20 independientemente de su situaci=F3n administrativa.

F A L L O

En atenci=F3n a todo lo expuesto, el Tribunal = Constitucional, POR=20 LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCI=D3N DE LA = NACI=D3N ESPA=D1OLA,=20

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad = n=FAm.=20 1707-2001, interpuesto por el Parlamento de Navarra contra = la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley = Org=E1nica=20 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los=20 extranjeros en Espa=F1a y su integraci=F3n social y, en=20 consecuencia:

1=BA Declarar la inconstitucionalidad, con los efectos = que se=20 indican en el fundamento jur=EDdico 17, de los arts. 7.1, 8 = y 11.1=20 (exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente) = de la=20 Ley Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, en la redacci=F3n = dada por la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre.

2=BA Declarar inconstitucional y nula la inclusi=F3n del = t=E9rmino=20 =93residentes=94 en los arts. 9.3 y 22.2 de la Ley = Org=E1nica 4/2000, de=20 11 de enero, en la redacci=F3n dada por la Ley Org=E1nica = 8/2000, de 22=20 de diciembre.

3=BA Declarar que no es inconstitucional el art. 60.1 de = la Ley=20 Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, en la redacci=F3n dada = por la Ley=20 Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, interpretado en los = t=E9rminos=20 expresados en el fundamento jur=EDdico 15 de esta = Sentencia.

4=BA Desestimar el recurso en todo lo = dem=E1s.

Publ=EDquese esta Sentencia en el =93Bolet=EDn Oficial = del Estado=94.

Dada en Madrid, a siete de noviembre de dos mil=20 siete.

Voto particular que formula el Magistrado don = Vicente=20 Conde Mart=EDn de Hijas a la Sentencia de fecha 7 de = noviembre de=20 2007, reca=EDda en el recurso de inconstitucionalidad n=FAm. = 1707-2001,=20 al que se adhiere el Magistrado don Jorge Rodr=EDguez-Zapata = P=E9rez.

Con expresi=F3n de mi sincero respeto al parecer de los = Magistrados=20 que con su voto han constituido la mayor=EDa sobre la que se = basa la=20 Sentencia, ejercitando el derecho establecido en el art. = 90.2 LOTC,=20 manifiesto en este Voto particular mi discrepancia respecto = de las=20 declaraciones de inconstitucionalidad de los arts. 7.1, 8, = 11.1 y=20 22.2 de la Ley Org=E1nica 4/2000, de 11 de enero, en la = redacci=F3n dada=20 por la Ley Org=E1nica 8/2000, de 22 de diciembre, expresadas = en los=20 n=FAmeros 1=BA y 2=BA del fallo de la Sentencia, as=ED como = respecto de la=20 fundamentaci=F3n conducente a dicho fallo.

1. Mi discrepancia se centra esencialmente en la = construcci=F3n=20 doctrinal contenida en los fundamentos jur=EDdicos 3 y 4, = que=20 constituyen la base de sustentaci=F3n de lo que despu=E9s a = lo largo de=20 ulteriores fundamentos, razonan la inconstitucionalidad de = los=20 preceptos.

M=E1s que una tediosa r=E9plica a cada uno de los = argumentos de=20 dichos fundamentos que no comparto, me parece conveniente = oponer mi=20 concepci=F3n global distinta, empezando por una especie de=20 proclamaci=F3n sint=E9tica de partida. A mi juicio si en = nuestra=20 Constituci=F3n se establece una distinci=F3n inicial entre = espa=F1oles y=20 extranjeros y en nuestro ordenamiento infraconstitucional se = establece para las situaciones de estancia ilegal de los = ciudadanos=20 extranjeros la medida de su expulsi=F3n, el que nuestro = ordenamiento=20 legal de ciertos derechos fundamentales de los extranjeros = (en este=20 caso los de reuni=F3n, asociaci=F3n y sindicaci=F3n) se = imponga como=20 condici=F3n del disfrute y ejercicio por aqu=E9llos la de su = estancia o=20 residencia legal en Espa=F1a, resulta de pura coherencia = sistem=E1tica;=20 empero, resulta contrario a ella la simultaneidad de la = garant=EDa de=20 los derechos de que aqu=ED se trata sin exigencia de la = referida=20 condici=F3n y la previsi=F3n de su expulsi=F3n por no = cumplirla.

En mi personal interpretaci=F3n del sentido del art. 13 = CE, clave=20 en este caso de toda la Sentencia, tal precepto supone una=20 diferenciaci=F3n de partida de la posici=F3n constitucional = de los=20 espa=F1oles y de los extranjeros. Por ello no puedo = compartir la=20 construcci=F3n de la Sentencia que pretende apoyarse en una=20 interpretaci=F3n sistem=E1tica del t=EDtulo I CE, en la que = subyace un=20 criterio aprior=EDstico de equiparaci=F3n, para derivar de = =E9l una=20 limitaci=F3n al legislador a la hora de reglar los = t=E9rminos del=20 disfrute de los derechos de que se trata por los ciudadanos=20 extranjeros, l=EDmite cuyo exacto anclaje constitucional no=20 encuentro.

La Constituci=F3n, cuando establece en el art. 13 el = estatus de los=20 extranjeros, remite en primer lugar a los Tratados, y en = segundo=20 lugar a la Ley. Son as=ED los tratados el =FAnico l=EDmite = discernible que=20 la Constituci=F3n fija al legislador. Pero a su vez los = tratados, en=20 cuanto l=EDmite impuesto al legislador por la = Constituci=F3n, habr=E1n de=20 tomarse en su totalidad; de modo que cuando en ellos se = consagra un=20 derecho, pero a la vez se permite que los Estados puedan = limitarlo=20 por las razones que en ellos se indican, llegado el momento = de=20 examinar si las limitaciones establecidas en relaci=F3n con = la=20 atribuci=F3n de dicho derecho a un ciudadano extranjero, = habr=E1 de=20 analizarse si tales limitaciones pueden entrar o no entre = las=20 permitidas por los tratados, y en concreto si la = limitaci=F3n de la=20 estancia legal en Espa=F1a puede considerarse amparada en = esos=20 tratados.

Al respecto, y en cuanto se refiere a los derechos de = reuni=F3n,=20 asociaci=F3n y sindicaci=F3n es preciso observar que tanto = el Pacto=20 internacional de derechos civiles y pol=EDticos, de 16 de = diciembre de=20 1966, en sus arts. 21 y 22 como el Convenio europeo para la=20 protecci=F3n de los derechos humanos y de las libertades=20 fundamentales, de 6 de noviembre de 1950, en su art. 14, = permiten en=20 condiciones similares las restricciones de los derechos que = sus=20 citados preceptos consagran, siempre que dichas = restricciones =93est=E9n=20 previstas en la ley y sean necesarias en una sociedad = democr=E1tica en=20 inter=E9s de la seguridad nacional, de la seguridad = p=FAblica o del=20 orden p=FAblico, o para proteger la salud o la moral = p=FAblicas o los=20 derechos y libertades de los dem=E1s=94 (arts. 21 y 22 del = Pacto), o=20 =93constituyan medidas necesarias, en una sociedad = democr=E1tica, para=20 la seguridad nacional, la seguridad p=FAblica, la defensa = del orden y=20 la prevenci=F3n del delito, la protecci=F3n de la salud o de = la moral o=20 la protecci=F3n de los derechos y libertades ajenos=94 (art. = 11.2 del=20 Convenio europeo). Que ante una situaci=F3n masiva de = entradas y=20 estancias ilegales de ciudadanos extranjeros el legislador=20 establezca como condici=F3n de disfrute de los derechos de = reuni=F3n,=20 asociaci=F3n y sindicaci=F3n por parte de los extranjeros la = de la=20 estancia o residencia legal en Espa=F1a, creo que entra con = absoluta=20 naturalidad entre las restricciones que los tratados = internacionales=20 referidos admiten respecto de los derechos que consagran, en = concreto en el de la protecci=F3n de la seguridad o del = orden=20 p=FAblico.

Creo que ese deb=EDa ser el esquema conceptual de = partida, y no el=20 seguido en la Sentencia.

2. Conviene advertir que de lo que se trata en este = recurso no es=20 de si el art. 13 de la Constituci=F3n permite o =93impide = sostener que=20 los extranjeros gozar=E1n en Espa=F1a s=F3lo de los derechos = y libertades=20 que establezcan los tratados y el legislador (SSTC 107/1984, = de 23=20 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2), = dejando en=20 manos de =E9ste la potestad de decidir qu=E9 derechos del = t=EDtulo I les=20 pueden corresponder y cu=E1les no=94, como se dice en la = Sentencia (FJ=20 3), sino de si para el disfrute de los derechos = cuestionados, cuya=20 atribuci=F3n a los extranjeros no se pone en tela de juicio, = puede=20 exigir el legislador la condici=F3n jur=EDdica de la = autorizaci=F3n de=20 estancia o residencia en Espa=F1a.

La Sentencia sit=FAa la clave conceptual en =93la = dignidad de la=20 persona =91como fundamento del orden pol=EDtico y la paz = social=92 (art.=20 10.1 CE) [que] obliga a reconocer a cualquier persona,=20 independientemente de la situaci=F3n en que se encuentre, = aquellos=20 derechos o contenidos de los mismos imprescindibles para=20 garantizarla, erigi=E9ndose as=ED la dignidad en un m=EDnimo = invulnerable=20 que por imperativo constitucional se impone a todos los = poderes=20 p=FAblicos, incluido el legislador=94 (FJ 3), ligando = despu=E9s a esa=20 clave la ratio de la declaraci=F3n de = inconstitucionalidad.

Tal planteamiento en su generalidad de partida no me = parece=20 literalmente ajustado al art. 10 CE, ni aceptable, por = exagerado, en=20 cuanto a la vinculaci=F3n a la dignidad humana de los = derechos de=20 reuni=F3n, asociaci=F3n y sindicaci=F3n.

Hay que tener en cuenta que cuando el art. 10 CE se = refiere a la=20 dignidad de la persona como fundamento del orden pol=EDtico = y de la=20 paz social, no sit=FAa exclusivamente en aqu=E9lla dicho = fundamento,=20 sino que a ella a=F1ade =93los derechos inviolables que le = son=20 inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el = respeto a la=20 ley y a los derechos de los dem=E1s, todos los cuales son = fundamento=20 del orden pol=EDtico y de la paz social=94.

Por ello no me parece correcta la alusi=F3n exclusiva a = la dignidad=20 de la persona como fundamento del orden p=FAblico y de la = paz social,=20 para insertar de partida, de modo generalizado, una = exigencia=20 referida a tal orden reducida a ese solo fundamento, sin = considerar=20 todos los elementos constitucionales que lo componen.

Ante el fen=F3meno, inesquivable como realidad del = momento en que=20 se promulg=F3 la Ley recurrida, del masivo n=FAmero de = extranjeros en=20 situaci=F3n de entrada y residencia ilegal en Espa=F1a, lo = que sin duda=20 puede conectarse con otro de los elementos constitucionales = (art.=20 10.1 CE) del fundamento del orden pol=EDtico y de la paz = social, me=20 resulta forzado entender que pueda considerarse afectada la = dignidad=20 de la persona por el hecho de que el disfrute de los = derechos de=20 reuni=F3n, asociaci=F3n y sindicaci=F3n por los ciudadanos = extranjeros se=20 condicione por el legislador a la legalidad de su estancia = en=20 Espa=F1a.

En definitiva, esa condici=F3n, la estancia legal en = Espa=F1a, no es=20 sino expresi=F3n inmediata del respeto a la ley, que es, se = reitera,=20 junto con los dem=E1s elementos normativos del art. 10.1 CE, = uno de=20 los que constituyen el fundamento del orden pol=EDtico y de = la paz=20 social, respeto incompatible con una situaci=F3n social = generalizada y=20 masiva de incumplimiento. As=ED pues, a mi juicio, la = apelaci=F3n a la=20 dignidad humana como fundamento del orden pol=EDtico y de la = paz=20 social, no me resulta consistente, utilizado con la = generalidad con=20 la que se usa en el pasaje de la Sentencia aludido.

Y descendiendo ya de la generalidad del planteamiento a = la=20 consideraci=F3n de los derechos de reuni=F3n, asociaci=F3n y = sindicaci=F3n,=20 en cuando inherentes a la dignidad humana, que es = planteamiento=20 b=E1sico de la Sentencia, tal planteamiento me parece = exagerado. O=20 mejor, considero exagerado que la condici=F3n exigida a los=20 extranjeros para que puedan disfrutar en Espa=F1a de los = derechos de=20 reuni=F3n, asociaci=F3n y sindicaci=F3n pueda estimarse = lesiva de la=20 dignidad humana.

3. En cuanto a la declaraci=F3n de inconstitucionalidad = del=20 apartado 2 art. 22 de la Ley Org=E1nica 4/2000, a que se = refiere el=20 fundamento jur=EDdico 13 de la Sentencia, aunque reconozco = que nuestra=20 STC 95/2003, de 22 de mayo, citada en ese fundamento, = justifica la=20 tesis mayoritaria, en la medida en que disent=ED de dicha = Sentencia en=20 su d=EDa, formulando Voto particular, doy aqu=ED por = reproducidas por=20 remisi=F3n las razones expresadas en dicho Voto para = justificar mi=20 actual discrepancia.

Madrid, a siete de noviembre de dos mil = siete.

Voto particular que formula el Magistrado don = Roberto=20 Garc=EDa-Calvo y Montiel, respecto de la Sentencia dictada = por el=20 Pleno en el recurso de inconstitucionalidad n=FAm.=20 1707-2001.

Con respeto a la decisi=F3n mayoritaria acordada en el = recurso de=20 inconstitucionalidad 1707-2001 y ejercitando mi derecho a = discrepar=20 reconocido en el art=EDculo 90.2 LOTC mediante el presente = manifiesto=20 mi completa adhesi=F3n al Voto particular emitido por mi = compa=F1ero=20 Excmo. Sr. don Vicente Conde Mart=EDn de Hijas.

Madrid, a siete de noviembre de dos mil siete.

Advertencia | Contacto buzon@tribunalconstitucional.es | Mapa web=20

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